«No vamos a permitir más chulerías al ministro Puente; el pueblo andaluz y los servicios jurídicos le estarán esperando», afirma la portavoz del ejecutivo de Juanma Moreno Leer «No vamos a permitir más chulerías al ministro Puente; el pueblo andaluz y los servicios jurídicos le estarán esperando», afirma la portavoz del ejecutivo de Juanma Moreno Leer
«No vamos a permitir más chulerías del ministro Puente». El Gobierno andaluz ha vuelto a responder con contundencia a la decisión del Ejecutivo central de retirarle a Andalucía los fondos para la bonificación del transporte público para menores de 14 años. Su portavoz, la consejera de Hacienda, Carolina España, ha explicado que la Junta estudiará todas las acciones legales posibles para reclamar en los tribunales lo que el Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a negarle a los jóvenes. «Nuestros servicios jurídicos y nueve millones de andaluces les están esperando», ha afirmado la consejera en una referencia implícita al coste en las urnas de un «nuevo ataque a Andalucía», que, en este caso, afectaría a 1,2 millones de posibles beneficiarios.
Como viene informando EL MUNDO, este nuevo choque entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se produce después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acusara a la Junta de ocultar en una información pública que las ayudas puestas en marcha para el transporte público de los jóvenes se financiarían con fondos procedentes del Estado.
El decreto ley que regula esas ayudas obliga a las comunidades a informar a los usuarios de esa financiación estatal. «Todas las actividades de comunicación o difusión sobre las implantación de los descuentos a que se hace referencia en esta norma deberán incluir de manera expresa que reciben financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible», dice literalmente la norma.
La consejera de Fomento, Rocío Ruiz, sin embargo, no aludió a esa financiación en unas declaraciones realizadas durante un acto en Granada ni en la nota difundida por su departamento en referencia a esas ayudas para los jóvenes, aunque sí lo hacía, unos párrafos más adelante, en relación a otras bonificaciones al transportes que ya operan en Andalucía y que el Ministerio financia al 20%.
El propio Óscar Puente, titular del Ministerio, afeó a la consejera de Fomento ese ‘olvido’ en un mensaje en las redes sociales. Posteriormente, la Junta recibía una carta, firmada por el director general de Estrategias de Movilidad, Miguel Álvarez Martínez, en la que anunciaba la retirada de las ayudas por la «deslealtad institucional» mostrada por la Junta: «Esta obligación de comunicación y visibilidad no se ha incorporado en la información facilitada en tu comparecencia, lo que supone una falta a la deseable lealtad institucional entre las administraciones prevista en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al que expresamente hace referencia el artículo 16.2 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero». Para el Ministerio, la «vulneración de los requisitos exigidos» «aboca, lamentablemente, a la imposibilidad de conceder las ayudas solicitadas por esa administración».
La propia Rocío Díaz respondía ayer al Ministerio anunciando que la Junta emprendería «acciones penales contra el ministro», al que acusaba de tomar una decisión «injusta, caprichosa y arbitraria».
Este mismo miércoles, el ministro Puente volvía a cargar contra la Junta: «Tenían una consejera de emergencias en Valencia que dice no saber nada de emergencias. Y tienen una consejera de Transportes en Andalucía que no sabe nada sobre el régimen regulador de las ayudas al transporte».
La portavoz de la Junta ha descartado, por otro lado, que el Gobierno andaluz vaya a hacerse cargo con fondos propios de la financiación, ya que supondría asumir «un nuevo atraco» a Andalucía. «Nos están asfixiando. Ya dejamos de recibir cada año 1.500 millones de euros por un modelo de financiación autonómica injusto. No podemos seguir pagando los agravios a Andalucía», ha añadido.
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