La batalla por reabrir la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, no es una excepción. Cerrada desde 1998, cuando la rotura de su balsa de residuos vertió toneladas de lodos tóxicos en los ríos Agrio y Guadiamar, la explotación volvió al centro del debate el verano pasado, con el inicio de una fase de preapertura que se prolongará durante tres años. El caso andaluz forma parte de una tendencia global: la expansión o reapertura de minas ya existentes para responder a la creciente demanda de minerales. Así lo señala un estudio publicado este jueves en la revista One Earth. La investigación identifica 366 minas en todo el mundo que están siendo ampliadas o reactivadas, principalmente de cobre, oro y mineral de hierro. Según la investigación, el 78% supera varios umbrales de alto riesgo social y ambiental.
Un estudio identifica la expansión y reapertura de 366 minas y advierte de los impactos sociales y ambientales en la mayoría de los casos
La batalla por reabrir la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, no es una excepción. Cerrada desde 1998, cuando la rotura de su balsa de residuos vertió toneladas de lodos tóxicos en los ríos Agrio y Guadiamar, la explotación volvió al centro del debate el verano pasado, con el inicio de una fase de preapertura que se prolongará durante tres años. El caso andaluz forma parte de una tendencia global: la expansión o reapertura de minas ya existentes para responder a la creciente demanda de minerales. Así lo señala un estudio publicado este jueves en la revista One Earth. La investigación identifica 366 minas en todo el mundo que están siendo ampliadas o reactivadas, principalmente de cobre, oro y mineral de hierro. Según la investigación, el 78% supera varios umbrales de alto riesgo social y ambiental.
El auge de las energías renovables, el transporte, la infraestructura digital y la industria de defensa ha disparado la demanda mundial de minerales, que crece más rápido que la oferta. Sin embargo, la apertura de nuevas minas avanza muy lentamente. El resultado es un modelo basado, cada vez más, en intensificar la extracción en yacimientos ya conocidos o en reabrir explotaciones clausuradas, lo que se llama brownfield (campo arado). El estudio considera como tales aquellas que comenzaron a operar antes de 2005 y que han recibido inversión de capital en la categoría de expansión física, extensión de la vida útil de la mina, reapertura tras una suspensión, desarrollo de una nueva zona u optimización.
Aunque esta práctica es habitual en la industria, su escala global ha pasado casi desapercibida en el debate público. Deanna Kemp, autora principal del estudio y directora del Sustainable Minerals Institute, de la Universidad de Queensland, apunta a que “la minería en yacimientos existentes siempre ha existido, lo nuevo es que ahora el capital fluye hacia ella más que nunca”.
Para llegar a esa conclusión, el estudio analizó datos globales de producción, exploración y gasto de capital entre 1998 y 2024, además de imágenes satelitales que muestran cambios en el uso del suelo. Aun así, advierte Kemp, buena parte de la expansión queda fuera del radar. “Las imágenes solo captan lo que ocurre en la superficie. No muestran lo que se desarrolla bajo tierra ni el crecimiento en profundidad o altura de las instalaciones de residuos. Las 366 minas son solo una instantánea”. La actividad se concentra sobre todo en Chile, Estados Unidos y Australia.
España no es ajena a este patrón. Según Isidoro Albarreal, responsable del área de minas de Ecologistas en Acción, el Grupo México lleva cinco años intentando reactivar Aznalcóllar, esta vez mediante minería subterránea. Una estrategia similar, señala, se aplica en la mina Cobre Las Cruces, también en la provincia de Sevilla. Desde el punto de vista del impacto sobre el terreno, matiza, la afección inicial ya existe. “La corta [para la explotación a cielo abierto] está hecha y no se crea una nueva alteración superficial”, explica. En la práctica, se trata de antiguas minas a cielo abierto que se pretenden reabrir bajo otro modelo extractivo.
Ester Boixereu, del Instituto Geológico Minero, confirma que en España está creciendo la investigación minera en yacimientos ya existentes, especialmente en la faja pirítica de Huelva, donde se exploran minas de cobre y se buscan nuevos depósitos en minas abandonadas. La experta recuerda que la práctica de reutilizar escombreras —pasivos mineros— no es nueva, pero aclara que la Administración y la legislación son garantistas. “Antes de abrir una nueva mina, los requisitos para que no afecte al medio ambiente son muy altos. Lo mismo aplica para la expansión de minas existentes: se necesita un nuevo permiso y se cumplen los mismos controles”, explica.
La investigación encabezada por el Sustainable Minerals Institute, en la que participaron universidades de Indonesia, Estados Unidos y Sudáfrica, concluye que esta dinámica está retrasando sistemáticamente el cierre de minas. A medida que los yacimientos se agotan, las ampliaciones requieren fosas mayores o explotaciones más profundas, lo que multiplica los residuos y amplía los impactos ambientales más allá del perímetro original. “El crecimiento de las balsas de residuos, sumado al cambio climático, eleva el riesgo de contaminación de suelos, ríos y acuíferos, así como de accidentes industriales. Para las comunidades cercanas, la expansión suele traducirse en desplazamientos progresivos y conflictos sociales duraderos”, señala el estudio.
Para Kemp, el trabajo también busca plantear una pregunta abierta sobre los límites de la expansión minera: hasta qué punto se puede avanzar antes de que sea demasiado para un determinado entorno. “La clausura real de las minas se está desplazando cada vez más hacia el futuro”, resume Kemp. Recuerda que muchos planes de cierre elaborados hace dos décadas preveían el fin de explotaciones que hoy siguen activas tras el hallazgo de nuevos recursos. “Hace 20 años hice estudios de clausura de minas que hoy siguen abiertas”, cuenta.
La realidad, admite, tiene muchas caras. Para muchas comunidades y autoridades, la minería supone empleo, ingresos fiscales y una identidad ligada a décadas de actividad extractiva. Una vez que una mina entra en producción, subraya, se convierte en un pilar económico complicado de cuestionar, lo que hace aún más difícil imponer nuevas condiciones cuando se expande. Por eso, Kemp defiende una planificación más ambiciosa. “No estamos enfrentando minería nueva con minas en expansión, sino analizando qué ocurre para entender los impactos sociales y ambientales y adaptar la regulación a la realidad de cada caso”.
En Aznalcóllar, Albarreal recuerda que, tras el desastre de 1998, la Administración asumió la gestión del recinto y mantuvo su conservación hasta 2015, cuando los derechos mineros pasaron al Grupo México. La empresa pública EGMASA de la Junta de Andalucía alegó entonces que el mantenimiento, de dos millones de euros anuales, resultaba demasiado costoso. Desde Ecologistas en Acción discrepan. “No es una cifra significativa si se entiende como un servicio ambiental”, sostiene Albarreal. A su juicio, mantener la mina cerrada “compensa sobradamente frente a los riesgos y costes de reactivarla”.
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