El 20 de enero, con motivo del primer aniversario de su mandato, la Administración de Donald Trump anunció ufana haber conseguido récords históricos en las expulsiones de extranjeros del país. “Durante el primer año del presidente Trump en el cargo, casi tres millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos debido a la represión contra la inmigración ilegal llevada a cabo por la Administración Trump, incluyendo aproximadamente 2,2 millones de deportaciones voluntarias y más de 675.000 deportaciones forzadas”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado. La opacidad de los números, que están sin explicar, ofrece dudas de que la cifra sea “histórica”, sobre todo si se compara con las registradas durante las administraciones de sus antecesores, los demócratas Barack Obama y Joe Biden.
La Administración, que afirma haber deportado a 675.000 extranjeros, prioriza las redadas en el interior del país, expulsa sin órdenes judiciales y elimina el factor humanitario en la elección de los detenidos
El 20 de enero, con motivo del primer aniversario de su mandato, la Administración de Donald Trump anunció ufana haber conseguido récords históricos en las expulsiones de extranjeros del país. “Durante el primer año del presidente Trump en el cargo, casi tres millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos debido a la represión contra la inmigración ilegal llevada a cabo por la Administración Trump, incluyendo aproximadamente 2,2 millones de deportaciones voluntarias y más de 675.000 deportaciones forzadas”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado. La opacidad de los números, que están sin explicar, ofrece dudas de que la cifra sea “histórica”, sobre todo si se compara con las registradas durante las administraciones de sus antecesores, los demócratas Barack Obama y Joe Biden.
Ambos superaron las cifras del republicano. Pero la comparación es muy difícil de realizar porque no está claro qué se ha incluido en los datos, ya que no existe una definición legal del término deportación. “Es probable que la cifra de deportaciones de la Administración [Trump] incluya a los no ciudadanos a quienes se les negó la entrada en las fronteras y aeropuertos de Estados Unidos; la limitada divulgación de datos sobre la aplicación de las leyes de inmigración impide saber con certeza a quiénes se está contabilizando y cómo”, señala el Instituto de Política Migratoria (MPI) en un informe.
Además, hay importantes diferencias en el tipo de deportaciones. Los dos presidentes demócratas se enfocaron en la expulsión de extranjeros delincuentes, mientras que el republicano, pese al discurso que repite su Gobierno, no ha aplicado ese criterio. Solo entre un 25% y un 35% de los migrantes deportados contaba con antecedentes penales.
En cuanto a la cifra total de 675.000 deportados publicada por el Gobierno, el número está muy por debajo del millón de expulsados anuales que Trump se fijó como objetivo para lograr su anhelada “mayor deportación de la historia”. Tampoco supera las 685.000 deportaciones que se estima hizo la Administración de Biden en 2024 (los datos oficiales solo incluyen hasta noviembre), el último año de su mandato.
El expresidente demócrata, que fue muy criticado por permitir la entrada masiva de migrantes indocumentados en los primeros años de su mandato, pisó el acelerador en los dos últimos ejercicios y en total deportó a unos dos millones de personas (teniendo en cuenta todas las categorías, los expulsados y los que fueron devueltos sin una orden, incluso por razones administrativas como la retirada de petición se asilo). No se incluye en esa cifra a los expulsados por el Título 42, una política iniciada en el primer mandato de Trump que se implementó durante la pandemia de coronavirus, entre marzo de 2020 y mayo de 2023, y por la que se negó la residencia a más de tres millones de personas que se declararon inadmisibles.
Si por los números la comparativa entre administraciones es confusa, la forma en la que el Gobierno de Trump ha aplicado la política migratoria no deja dudas de las diferencias. Hasta enero del año pasado, quienes residían en el país sin documentos pero no tenían cuentas con la justicia trabajaban y construían su vida sin mucha preocupación. Desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, la agresividad de los agentes, que tomaron las calles de las principales ciudades del país ocultos tras máscaras y con equipo táctico, rompiendo ventanas de los coches y allanando viviendas, propagó rápidamente el temor entre la comunidad migrante.
Además, Trump puso fin a la política de sus predecesores de impedir los arrestos en “lugares sensibles” como hospitales, escuelas e instituciones religiosas. Los tribunales, donde los migrantes acuden regularmente para cumplir con los controles obligados, también se han convertido en trampas donde pueden ser cazados.
Obama, el “deportador jefe”
Obama llegó a ser conocido como el “deportador jefe” por el alto número de expulsiones que se produjeron durante sus dos mandatos. En los ocho años que ocupó la Casa Blanca fueron deportadas más de tres millones de personas. En 2013, las expulsiones alcanzaron el récord de 433.000, que no se ha superado. Pero estas son las que se conocen como expulsiones formales, es decir, con una orden judicial de deportación, y se centraron en los delincuentes, la mayoría transferidos desde las cárceles.
En los datos que ofrece Trump no se hace distinción entre las deportaciones con una orden judicial, las devoluciones administrativas (en las que el propio interesado puede haber retirado su petición de asilo) y las devoluciones forzosas, realizadas generalmente en la frontera de forma rápida. “A menudo, un rechazo en la frontera consiste simplemente en impedir el paso. Puede que ni siquiera se registre, o podría tratarse de un retorno voluntario en la frontera o de la decisión de no permitir la entrada a una persona. Estos casos pueden contabilizarse de diferentes maneras”, explica Ingrid Eagly, profesora de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Aunque la actual Administración no haya desglosado el tipo de expulsiones, se sabe que las llamadas deportaciones formales son menores porque se ha eliminado el requisito de tener una orden judicial para deportar a alguien y se ha trasladado al interior la práctica de las deportaciones rápidas, que las otras administraciones reservaban para la frontera. “En la medida en que las personas son deportadas simplemente por decisión de un funcionario, mediante el procedimiento de deportación acelerada y sin el debido proceso completo, creo que cabe preguntarse si estas deportaciones también se considerarían formales”, apunta Eagly.
14 millones de “criminales”
Las Administraciones anteriores se enfocaron en deportar a migrantes indocumentados que fueran delincuentes, tenían en cuenta el tiempo que las personas llevaban residiendo en EE UU (muchos llevan décadas) y evitaban separar a las familias. Trump no ha tenido en cuenta nada de eso: para el DHS, todos los extranjeros que carecen de papeles en regla —unos 14 millones de personas— son criminales y, por lo tanto, objetivo de la campaña de deportación. Muchos de ellos tienen casos de asilo pendientes e incluso permiso de trabajo.
Juan, que no quiere publicar su nombre real por miedo a represalias, fue uno de ellos. “Yo les dije a los agentes que tenía permiso de trabajo, que tenía un caso de asilo pendiente, pero ellos no atendieron a razones”, declara a EL PAÍS en una entrevista telefónica desde Santo Domingo, en la República Dominicana. Llegó allí para trabajar huyendo de Venezuela, a donde fue deportado desde EE UU el 12 de octubre. Un mes y medio antes, una furgoneta llena de agentes migratorios llegó por sorpresa a las seis de la mañana a su lugar de trabajo, en Pensilvania, y le detuvo junto a otros 32 trabajadores.
Juan había cruzado la frontera con su esposa y sus dos hijos en 2024, con una cita para solicitar asilo que proporcionaba la aplicación CBP One, un programa creado por la Administración Biden para reducir la inmigración ilegal y que Trump canceló el primer día de su mandato. Vivía con su familia en Nueva York pero se había trasladado a Pensilvania para un empleo temporal como electricista. Durante la redada que dio lugar a su deportación experimentó la brutalidad de los agentes, que unos meses más tarde llegaría a su punto álgido con la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, y que ha provocado numerosas protestas por todo el país.
“A unos les dieron codazos; a otros, patadas. A una mujer la tiraron contra el suelo y le partieron la boca. A mí me tiraron también y me golpearon antes de esposarme y colocarme los grilletes”, recuerda Juan. Con el resto de los detenidos, fue trasladado a un centro de detención en Luisiana y estuvo varios días sin poder comunicarse con su esposa, que acababa de dar a luz y le esperaba con sus hijos en Nueva York.
Un juez de inmigración le denegó el asilo por haber entrado de forma ilegal en el país —un extremo que él niega, pues llegó con una cita oficial—, y fue deportado. Ni siquiera le permitieron autodeportarse, una opción que en teoría la actual Administración promueve y que le habría facilitado un hipotético regreso más adelante. Ahora, por haber sido expulsado, tendrá que esperar al menos 10 años para volver a intentarlo.
Su familia se ha quedado en Nueva York. “Ahora tengo un dilema porque mi hija es estadounidense y a mi mujer le han aceptado la solicitud de asilo”, explica. Pero su sueño no es regresar a Estados Unidos, donde no le quieren, sino a Venezuela, si es que hay un cambio de Gobierno.
De la frontera al interior
David Hausman, profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, en California, que ha creado una guía para explicar las expulsiones, estima que las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en las calles, que se han multiplicado por 11, “son un fenómeno nuevo”; y asegura que los arrestos de personas sin antecedentes penales se han multiplicado por siete.
El traslado de las detenciones de migrantes al interior del país se ha producido porque el cierre de la frontera ha rebajado a mínimos históricos los encuentros de los agentes con quienes intentaban cruzarla. El año pasado el promedio fue de 7.000 personas al mes, frente a las 88.000 de 2024. En diciembre de 2023, el momento de más entradas, llegaron a 250.000, según el Instituto de Política Migratoria. Sin migrantes que detener en la frontera, la fuerza policial que se ocupaba de ello, la Patrulla Fronteriza, se ha trasladado al interior para ayudar al ICE en las redadas.
“Las deportaciones en la frontera han disminuido considerablemente en 2025 (y ya mostraban una fuerte tendencia a la baja durante el último año de la Administración Biden), mientras que las deportaciones desde el interior del país han aumentado drásticamente. Ambas tendencias son coherentes con una mayor aplicación de las leyes migratorias. Por lo tanto, comparar sobre el número total de deportaciones a lo largo del tiempo no refleja la verdadera situación”, explica Hausman.
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