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La Fiscalía de Andalucía ha archivado las denuncias por los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama al no encontrar indicios de delito en la actuación de dos ex consejeros de Salud, Jesús Aguirre y Catalina García, que son aforados y, por tanto, sólo podrían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La investigación continúa ahora, sin embargo, en las fiscalías provinciales, que analizarán los 16 casos de mujeres que figuran en la denuncia interpuesta por la Asociación del Paciente. Se estudiará cada caso «de forma individual y separada», según ha señalado este martes el Ministerio Público.
No sólo denunció ante la Fiscalía de Andalucía la Asociación del Paciente. También lo hicieron los partidos Adelante Andalucía e Izquierda Unida. Las tres denuncias se dirigían contra dos aforados -Aguirre y García- y otras tres personas no aforadas: la exconsejera de Salud Rocío Hernández, que tuvo que dimitir por este escándalo; la exviceconsejera María Luisa del Moral y la gerente del Servicio Andaluz del Salud (SAS), Valle García.
La crisis del cribado del cáncer de mama estalló el pasado octubre, cuando la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) destapó los fallos y los retrasos en la información y citación a las pacientes cuyas mamografías habían arrojado resultados sospechosos de cáncer de mama. Esta asociación denunció entonces que los errores vienen de años atrás, sobre todo desde la pandemia del coronavirus. Según este colectivo, que cuenta con unas 600 asociadas, ellas mismas alertaron sobre los problemas que habían detectado en el cribado a tres consejeros andaluces de Salud distintos: a Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández. Ahora, los dos primeros han quedado excluidos de las pesquisas, al no haber encontrado indicios de delito en su actuación la Fiscalía de Andalucía.
La Fiscalía Superior andaluza, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, ha emitido un decreto de archivo sobre las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mamá contra cinco personas que ocuparon altos cargos en la Consejería de Salud. Para la Fiscalía, no hay indicios de delito en la actuación de los aforados Aguirre, actual presidente del Parlamento andaluz, y Catalina García, ahora consejera de Sostenibilidad.
Para decretar el archivo, la Fiscalía ha analizado las tres denuncias y los testimonios de las 16 mujeres afectadas, además del informe y la documentación que ha aportado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias sobre este asunto.
El decreto de archivo señala que los hechos se refieren a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como «no concluyentes o dudosos» o falta de comunicación de las pruebas realizadas.
También refiere falta de atención médica por parte de los facultativos del sistema de Atención Primaria, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.
La Fiscalía de Andalucía ha decidido remitir las diligencias de investigación a las Fiscalías de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las 16 mujeres que han denunciado con el objetivo de que continúen la práctica de las pruebas «en la forma que menos perjudique a las víctimas y en el lugar más próximo a su entorno».
Con este traslado de las diligencias se pretende aclarar los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.
Según la Fiscalía andaluza, en los hechos denunciados por las mujeres, señala el escrito, no existe un patrón que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos por lo que «han de ser investigados de manera individual y separada».
El decreto también recoge cómo algunas denuncias exponen manifestaciones «de carácter general sin precisión alguna», relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama.
«Una investigación más prospectiva sería contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración», aclara la Fiscalía de Andalucía.
Andalucía // elmundo
