Societat Civil Catalana (SCC) denuncia que la Generalitat hace «oídos sordos» a los requerimientos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que le remita urgentemente la información que, a instancias de la entidad constitucionalista, ha solicitado al Departamento de Educación y Formación Profesional «con la finalidad de conocer las orientaciones que haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar el aprendizaje en castellano ».«Ante la falta de respuesta, el Defensor del Pueblo se ve obligado a recordar por segunda vez a la Administración su inexcusable deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril», tal y como se notifica a SCC en un escrito recibido el 6 de febrero. La Institución que dirige Ángel Gabilondo «lamenta este involuntario retraso en el esclarecimiento de la circunstancia que planteó en su queja», apunta SCC.Según detalla la entidad presidida por Álex Ramos, en julio de 2024, el Defensor del Pueblo atendió su escrito contra el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, «ante el riesgo de que, pese a la entonces suspensión cautelar de la norma decretada por el TSJC tras el recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la Generalitat estuviera aplicando de facto criterios de discriminación del castellano». Noticia Relacionada estandar No La Generalitat se agarra a un informe del Consejo de Europa para ratificar la inmersión Esther Armora El organismo europeo apunta que las sentencias sobre el 25% entran en conflicto con la Carta Europea de Lenguas MinoritariasLa institución que dirige Ángel Gabilondo abrió una actuación de carácter informativo, y si bien en septiembre de 2025 el TSJC estimó parcialmente el recurso de la AEB y declaró nulos varios artículos del decreto, el Defensor del Pueblo mantiene su exigencia de información a la Generalitat.«Consideramos que política lingüística de la Generalitat en el ámbito educativo está concebida como una herramienta de exclusión del español que contribuye a un mayor fracaso escolar, además de vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española, especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua», apunta SCC. Societat Civil Catalana (SCC) denuncia que la Generalitat hace «oídos sordos» a los requerimientos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que le remita urgentemente la información que, a instancias de la entidad constitucionalista, ha solicitado al Departamento de Educación y Formación Profesional «con la finalidad de conocer las orientaciones que haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar el aprendizaje en castellano ».«Ante la falta de respuesta, el Defensor del Pueblo se ve obligado a recordar por segunda vez a la Administración su inexcusable deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril», tal y como se notifica a SCC en un escrito recibido el 6 de febrero. La Institución que dirige Ángel Gabilondo «lamenta este involuntario retraso en el esclarecimiento de la circunstancia que planteó en su queja», apunta SCC.Según detalla la entidad presidida por Álex Ramos, en julio de 2024, el Defensor del Pueblo atendió su escrito contra el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, «ante el riesgo de que, pese a la entonces suspensión cautelar de la norma decretada por el TSJC tras el recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la Generalitat estuviera aplicando de facto criterios de discriminación del castellano». Noticia Relacionada estandar No La Generalitat se agarra a un informe del Consejo de Europa para ratificar la inmersión Esther Armora El organismo europeo apunta que las sentencias sobre el 25% entran en conflicto con la Carta Europea de Lenguas MinoritariasLa institución que dirige Ángel Gabilondo abrió una actuación de carácter informativo, y si bien en septiembre de 2025 el TSJC estimó parcialmente el recurso de la AEB y declaró nulos varios artículos del decreto, el Defensor del Pueblo mantiene su exigencia de información a la Generalitat.«Consideramos que política lingüística de la Generalitat en el ámbito educativo está concebida como una herramienta de exclusión del español que contribuye a un mayor fracaso escolar, además de vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española, especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua», apunta SCC.
SCC presentó un escrito de queja instando a investigar la discriminación de los alumnos hispanohablantes
Gabilondo recuerda «el inexcusable deber de colaboración» del gobierno catalán
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