El juez instructor procesa otra vez al ex director general Daniel Alberto Rivera por las ayudas de 1,2 millones a Minas de Riotinto Leer El juez instructor procesa otra vez al ex director general Daniel Alberto Rivera por las ayudas de 1,2 millones a Minas de Riotinto Leer
La macrocausa de los ERE encierra un sinfín de detalles sobre el gran fraude que se orquestó en la Junta de Andalucía a lo largo de una década con los gobiernos socialistas para repartir sin control, de forma opaca y clientelar ayudas sociolaborales para mantener la paz social. A partir de 2000, se distribuyeron exactamente 679.432.179,09 euros.
Los controles internos no detectaron semejante volumen de fraude porque el dinero fluía por canales ajenos a la Intervención de la Junta de Andalucía, pero sí hubo trabajadores de la Administración andaluza que descubrieron irregularidades, pero callaron. Es la omertá de los ERE.
Uno de ellos fue un técnico de la Agencia Idea, la conocida como caja pagadora porque se encargaba de abonar las ayudas irregulares que previamente había autorizado la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en la Consejería de Empleo. Todo ello sin expediente alguno que las sustentara.
El juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, detalla en un auto conocido este miércoles que un técnico de la Agencia Idea se «sorprendió» de que se acataran las órdenes de pago emitidas por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera. El asombro se produjo porque en la documentación que recibían de la Dirección General «solo aparecía la resolución y la orden de pago y no se adjuntaban los datos de cada trabajador, con sus requisitos y con lo que iban a cobrar cada uno, ya que eso eran ayudas sociolaborales», según declaró en la fase de instrucción.
A pesar de notar estas «irregularidades» en las órdenes que recibían sobre las ayudas de los ERE, el técnico nunca las denunció «por miedo a perder su puesto de trabajo», según explica el prolijo auto de Vilaplana.
Este técnico intervino en las ayudas por valor de 1,2 millones de euros concedidas por la Junta a la empresa Nature Pack Minas de Riotinto. Estas excedieron «notablemente» del ámbito del programa presupuestario 31-L, pues no estaban destinadas a favorecer un «real» plan de viabilidad para la empresa ni estaba «justificada ni acreditada» su situación de «insolvencia», dice el auto.
Los fondos públicos iban destinados a cubrir las deudas salariales que la empresa mantenía con sus trabajadores. «¿Esta empresa sí y otras no?», se pregunta el juez, ante la arbitraria intervención de la Junta. Para colmo, no eran ayudas sociolaborales para los empleados porque éstos no estaban inmersos en un expediente de regulación de empleo. «Simplemente», éstos estarían sufriendo, «supuestamente, pues tampoco consta, retrasos en el cobro de sus nóminas», precisa el auto.
El único procesado por la ayuda de 1,2 millones de euros a Nature Pack Minas de Riotinto es Daniel Alberto Rivera, el ex alto cargo que quedó excluido del juicio principal de los ERE, en el que están los ex presidentes Chaves, Griñán y el resto de ex altos cargos, pero que va a terminar cargando con el resto de causas. Todo ello a pesar de que su implicación en la trama es menor, ya que, durante su etapa, intentó desmontar el sistema irregular de ayudas, si bien continuó pagando las que habían autorizados sus antecesores (Javier Guerrero y Juan Márquez).
El juez indica que Márquez cesó en su cargo el 6 de abril de 2010 y fue sustituido por Daniel Alberto Rivera quien, «con conocimiento de la omisión de procedimiento seguido para el otorgamiento de la subvención por su antecesor, sin justificar o realizar informe o memoria acreditativa de la finalidad pública o razones de interés social o económico, ni informe preceptivo del Gabinete Jurídico de la Junta, y sin someter el pago a la previa fiscalización de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo, procedió al pago de la referida ayuda con los fondos públicos confiados a su cargo y en su poder de disposición».
Todo ello se hizo a través de un procedimiento «absolutamente viciado» y privando a las empresas del sector «no ya de poder percibir estas cantidades de fondos públicos, sino de poder solicitarlas y concurrir a su concesión, acreditando la necesidad socioeconómica habilitante de su percepción», apostilla el auto.
Ante las «notables irregularidades» producidas en el otorgamiento y pago de estas subvenciones excepcionales, la propia Consejería de Empleo declaró la nulidad de las mismas e intentó recuperarlas, pero la empresa no reintegró los fondos públicos.
«No figura en el expediente de concesión de estas ayudas trámite alguno dirigido al otorgamiento de las mismas, absolutamente ninguno. Como es de conocimiento común, incluso para los profanos en Derecho, todo acto administrativo debe dictarse tras la tramitación de un procedimiento concreto, esté o no específicamente ideado para ello, o el que resulta de la aplicación de los principios generales del procedimiento administrativo», recoge el auto.
En esta causa de los ERE, Daniel Alberto Rivera ha sido procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, mientras que cuatro investigados, entre ellos un ex directivo de la Agencia Idea y tres representantes de la empresa, han quedado exonerados. Rivera está involucrado en medio centenar de piezas desgajadas de la macrocausa de corrupción. Ha sido condenado en varias y también ha quedado absuelto en otras.
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