Las bajas laborales vuelven a crecer en España, según indican los datos hasta junio de la Seguridad Social, pero lo hacen con menos fuerza que en los últimos años. La prevalencia media de la incapacidad temporal por contingencias comunes, las que no tienen un origen profesional, ya es de 55,18 procesos por cada 1.000 asalariados. Aunque se trata de un récord en la serie histórica, una vez más, esta vez la subida es más débil que en años previos: en el mismo periodo de 2025 esta variable marcó 54,13 y en 2024, 50,46. Es más, en el colectivo de autónomos se registra una caída. En el primer semestre de 2025 la prevalencia de este grupo fue de 37,87, frente a los 36,56 de los seis primeros meses de este año.
La incapacidad temporal de los asalariados aumenta con menos fuerza que en años anteriores, con caídas entre los autónomos. La Seguridad Social no avanza en la prometida reforma
Las bajas laborales vuelven a crecer en España, según indican los datos hasta junio de la Seguridad Social, pero lo hacen con menos fuerza que en los últimos años. La prevalencia media de la incapacidad temporal por contingencias comunes, las que no tienen un origen profesional, ya es de 55,18 procesos por cada 1.000 asalariados. Aunque se trata de un récord en la serie histórica, una vez más, esta vez la subida es más débil que en años previos: en el mismo periodo de 2025 esta variable marcó 54,13 y en 2024, 50,46. Es más, en el colectivo de autónomos se registra una caída. En el primer semestre de 2025 la prevalencia de este grupo fue de 37,87, frente a los 36,56 de los seis primeros meses de este año.
Esta evolución se produce sin que el Gobierno haya logrado acordar la prometida reforma que lleva casi dos años discutiendo con los agentes sociales, y sin que apenas se haya implementado en las autonomías la única política consensuada hasta ahora: dar un mayor protagonismo a las mutuas en el tratamiento de las bajas musculoesqueléticas.
La prevalencia media de la incapacidad temporal por cada 1.000 asalariados marcó su nivel más bajo en 2012, con 19,1 procesos. Entonces, en plena Gran Recesión y con el paro en niveles que duplicaban los actuales, el volumen de trabajadores de baja era menos de la mitad que actualmente. Según vienen insistiendo los expertos en salud laboral de los sindicatos, los trabajadores tienden a trabajar más a menudo enfermos cuando temen perder su puesto de trabajo. Así, consideran que en las épocas de crisis la incapacidad temporal cae no porque haya menos empleados enfermos, sino porque más trabajadores que deberían estar de baja renuncian a ese derecho.
Esta variable fue creciendo poco a poco desde entonces, hasta marcar 35,74 procesos por cada 1.000 asalariados al cierre de 2019. La pandemia del coronavirus disparó esta variable en los años posteriores, con saltos de unos cuatro guarismos hasta 2023, el primer año para el que la Seguridad Social detalla los datos mes a mes, de manera que se puede extraer desde entonces la evolución semestral. La subida de 2025 a 2026 (de 54,13 a 55,18) es menor que la notificada de 2024 a 2025 (de 50,46 a 54,13).
Otra variable que profundiza en esta lectura de los datos y que también aporta la Seguridad Social es la incidencia media, que mide la frecuencia con la que se originan nuevos procesos de baja médica. En el primer semestre de 2025 tocó techo, con 39,47 procesos por cada 1.000 asalariados, y en los primeros seis meses de 2026 cae a 36,58, de vuelta al nivel de 2023 (36,34). Los expertos en salud laboral toman menos en cuenta la incidencia que la prevalencia, que mide el conjunto de procesos en vigor (tanto los nuevos como los que ya venían arrastrándose).
Entre los autónomos, no solo cae la incidencia, también lo hace la prevalencia por segundo año consecutivo. Pasa de 37,87 por cada 1.000 autónomos en 2025 a 36,56 en 2026, un poco más lejos del récord que esta variable cosechó en 2024 (38,84). Es habitual que la prevalencia de la incapacidad temporal sea muy inferior entre autónomos que entre asalariados, dada la mayor pérdida económica, en términos proporcionales, que suele implicar a los empleados por cuenta propia.
Con la misma lógica, las bajas de los autónomos son más largas: 110 días en promedio en el primer semestre de 2026, frente a los 43 de los asalariados. Según explican los especialistas, esto vuelve a conectar con el hecho de que los autónomos solo se acojan a la incapacidad temporal por enfermedades muy graves. Así, es más común que trabajen enfermos.
Maria del Mar Crespí, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de les Illes Balears y autora de la tesis doctoral Incapacidad temporal y absentismo laboral: prevención, control y retorno al trabajo, subraya que estos datos del ministerio son coherentes con otras estadísticas recientes, como las de la mutua Fremap. Hasta agosto, registró una caída de la incidencia de la incapacidad temporal respecto al año anterior.
Crespí cree que es pronto para señalar qué motivos pueden explicar este cambio de tendencia en las bajas, pero destaca una hipótesis con mucha cautela. “Creo que lo más probable es que estemos en un periodo de estabilización tras unos años de crecimiento tan importante, ya que no ha habido cambios normativos o de contexto que puedan explicar el cambio”, opina esta especialista.
¿Por qué han crecido las bajas estos años?
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó en febrero un estudio extenso sobre la incapacidad temporal, en el que señalaba los que a su juicio eran los factores más determinantes en el incremento de los últimos años —con datos de 2017 a 2024—. En opinión de la AIReF, son la “falta de supervisión y seguimiento de los procesos” (la comunidad autónoma da la baja mediante el sistema de salud, pero el coste recae en la Seguridad Social); la evolución normativa “más garantista” (de manera que tiene un menor impacto en el sueldo para el asalariado estar de baja); el “ciclo económico expansivo”; el “aumento de la demanda de atención primaria”; y el “incremento de las listas de espera”. Crespí considera posible que todos estos elementos “ya hayan tenido todo el efecto al alza que se podía esperar”, y que en futuras revisiones se tienda a incrementos débiles o a una moderación.
El último factor, el empeoramiento de la sanidad pública, es el que más subrayan los sindicatos (junto al envejecimiento de la población trabajadora) y que, con menor intensidad, también apuntan en los últimos meses desde la patronal. “Que contraten más médicos. Necesitamos una sanidad pública mejor. Demos espacios a las mutuas para que colaboren. Pongamos más psicólogos en la sanidad pública. Hagamos lo que tengamos que hacer”, dijo en julio Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Con todo, la patronal es más insistente en otra línea argumental: cree que el fraude en las bajas, los empleados que no acuden a sus puestos pese a estar sanos, es relevante. El vicepresidente de CEOE y líder de la asociación de autónomos ATA llegó a hablar de “bajaciones” para referirse a este fenómeno.
Los sindicatos detestan esta posición patronal, ya que consideran mucho más extendido el volumen de empleados que trabajan enfermos que los que cometen fraudes. Ninguno de los dos fenómenos está cuantificado. Esta discusión tocó techo en verano tras las polémicas declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que cargó contra el fraude en las bajas. También criticó los convenios que complementan el recorte salarial durante la incapacidad temporal, pese a que estas cláusulas, cuando existen, derivan del consenso entre empresarios y sindicatos.
Crespí cree que la intensificación de la conversación pública en torno a las bajas laborales también podría jugar un papel en el cambio de tendencia de las estadísticas, que el empeño patronal y político en este asunto podría estar afectando al comportamiento de empleados, empresarios y médicos. Pero, a la vez, esta experta subraya que aún es pronto para dar por buena esa relación.
Reforma pendiente
En este contexto y con la legislatura en su tramo final, cada vez parece más difícil que el Gobierno cumpla su promesa de reformar la incapacidad temporal. Según fuentes de la negociación, no ha habido avances en los últimos meses en un diálogo que empezó con el pie torcido. Los sindicatos se enfadaron muchísimo después de que Elma Saiz plantease la posibilidad de las bajas “flexibles”, que permitirían a los trabajadores una reincorporación flexible, y el ministerio enmendó rápidamente esa línea. Hay algunas medidas de mínimos que los sindicatos esperaban que el Gobierno hubiera aprobado ya, pero las patronales querrían ir más allá. Entre las medidas con más opciones de prosperar están la creación de una “prestación singular” para los pacientes oncológicos o permitir a los médicos de atención primaria que, en los casos de pluriactividad o pluriempleo, puedan dar la baja para una actividad pero no para otra.
Pese a que patronales y sindicatos pactaron una posición común sobre incapacidad temporal en el último acuerdo nacional de convenios (el AENC de 2023), se prevé muy difícil un consenso para alcanzar reformas de calado. La patronal no suscribe un acuerdo con el Ejecutivo desde hace más de dos años, mientras que el AENC está caducado desde enero.
En el último, CEOE, Cepyme, UGT y CC OO acordaron proponer que se dé un mayor protagonismo a las mutuas en el tratamiento de las bajas musculoesqueléticas, siempre que acceda el paciente. Esto cristalizó en un acuerdo con la Seguridad Social que buscaba impulsar convenios entre las mutuas y los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Pese a que hace dos años que pueden hacerlo, solo cinco de las 17 autonomías han llegado a estos entendimientos: Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Asturias y Cantabria, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La Seguridad Social viene subrayando que el aumento de las bajas laborales no solo afecta a España, sino que también hay un incremento sustancial en otras economías envejecidas. Los datos de Eurostat sitúan a España a la cabeza de este problema en el continente. El gasto público por la incapacidad temporal supone la segunda mayor partida de la Seguridad Social, 18.400 millones de euros en 2025, solo por detrás de las pensiones.
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