A 12 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha aprobado de golpe en un mismo Consejo de Ministros una subida del salario mínimo interprofesional de 2027 de un 5,3% (hasta los 1.286 euros brutos en 14 pagas) y el incremento también para el año que viene del sueldo de los funcionarios de un 4,5% (al que se agregará otro medio punto durante el primer trimestre, parte de un plan plurianual ya conocido). La primera medida no exige convalidación parlamentaria, pero sí la requieren tanto la subida salarial de los empleados públicos como otras dos políticas de calado que ha discutido el Gabinete y que tendrá que refrendar la Diputación Permanente: la exención del IRPF del suelo salarial y un gran decreto ley que busca impulsar la transparencia salarial en las empresas y castigar a las incumplidoras.
El Consejo de Ministros respalda la exención en el IRPF para el suelo retributivo y un paquete de medidas laborales que persigue más trasparencia salarial en las empresas
A 12 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha aprobado de golpe en un mismo Consejo de Ministros una subida del salario mínimo interprofesional de 2027 de un 5,3% (hasta los 1.286 euros brutos en 14 pagas) y el incremento también para el año que viene del sueldo de los funcionarios de un 4,5% (parte de un plan plurianual ya conocido, al que se agregará otro medio punto durante el primer trimestre). Estas dos medidas no exigen convalidación parlamentaria, pero sí la requieren otras dos medidas de calado que ha discutido el Gabinete y que tendrá que refrendar la Diputación Permanente: la exención del IRPF del suelo salarial y un gran decreto ley que busca impulsar la transparencia salarial en las empresas.
El incremento del suelo salarial aprobado por el Gobierno supera a la inflación interanual de octubre, que se situó en un 4,9%. Pese al fuerte ascenso, está lejos del 7% que exigían los sindicatos. Sumado a los estrechos plazos para esta subida, con una única reunión con los agentes sociales, y la coincidencia con el entorno de la huelga general por la vivienda, esta vez el alza no tiene el respaldo formal de CC OO y UGT.
Es la primera vez que las centrales no apoyan una subida del SMI desde que Yolanda Díaz es ministra de Trabajo. En una nota conjunta distribuida este martes, UGT y CC OO dicen poner en valor el fuerte aumento del SMI en los últimos años, pero a la vez emplazan al Gobierno “a cumplir con el compromiso con los sindicatos en materia de registro horario y el compromiso de compensación y absorción del SMI”. El segundo proyecto no se hará en lo que queda de legislatura, según trasladan fuentes gubernamentales, mientras que Trabajo sigue insistiendo con el primero. Este lunes Díaz cargó con fuerza contra el PSOE por no tramitar el control horario.
Por su parte, la patronal ni ha apoyado esta subida ni casi ninguna de las anteriores. Solo respaldó la primera. Sobre este último aumento, CEOE y Cepyme se quejan de que se haga tan pronto, sin esperar al resultado de las elecciones. Las subidas de los últimos años se vienen aprobando en torno a febrero y con efectos retroactivos, pero Trabajo alega que no quiere dejar la subida del suelo retributivo pendiente de un gabinete en funciones.
Con esta subida, el SMI crece en 65 euros y se sitúa en 1.286. Desde 2018 (cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura) el suelo retributivo ha crecido un 74%, desde los 736 euros brutos en 14 pagas. En ese periodo los precios han aumentado en torno a un 28%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo del suelo salarial superior a los 40 puntos.
El SMI tiene especial preponderancia entre mujeres, jóvenes e inmigrantes, así como en la agricultura, el empleo doméstico o la hostelería. Según las estimaciones oficiales, en torno a 2,5 millones cobran el SMI.
Por otro lado, el Gobierno ha adecuado una vez más (y con muchas más antelación que normalmente) el impuesto sobre la renta de las personas físicas para que los perceptores del SMI sigan sin tributar. Hacienda revisa al alza la deducción que actualmente opera en el IRPF y de la que se benefician principalmente los trabajadores solteros y sin hijos, que no pueden acogerse a otros descuentos. Para ello, Hacienda aumenta la actual cuantía de la desgravación, de unos 590 euros, hasta el entorno de los 1.030 euros anuales.
Subida para los funcionarios
El aumento de los empleados públicos, en una lógica parecida a la del SMI, se adelanta a la fecha habitual en la que se venía aprobando para que no quede pendiente de un gabinete en funciones, según el Ejecutivo. El incremento es aprobado en plena campaña electoral, con una cuantía que ya era conocida porque forma parte de un plan plurianual acordado hace un año.
“Los salarios de funcionarios y personal laboral de las tres administraciones subirán hasta un 4,5% en 2027″, explica el Ministerio de Función Pública, que agrega: “Además, habrá un 0,5% adicional correspondiente a 2026 cuando se confirme formalmente que el IPC interanual ha crecido en 2026 por encima del 1,5%”. Esa confirmación sobre la inflación se dará a lo largo del primer trimestre del próximo año y superará ampliamente el 1,5%, así que la subida real para las nóminas terminará siendo de un 5%. Sin embargo, a 1 de enero aplicará el 4,5%.
El departamento de Óscar López estima que la subida beneficia a unos tres millones de trabajadores públicos y que oscilará “entre los 1.440 euros brutos al año que podrá percibir un administrativo, los más de 1.900 euros adicionales para un policía nacional, más de 2.700 euros para un maestro, 3.700 euros para un médico o más de 4.000 para jueces”.
Más transparencia salarial
El Gobierno también ha aprobado un gran decreto ley impulsado por el Ministerio de Trabajo y que eleva las sanciones a las empresas que no aporten la suficiente información contractual y salarial a los trabajadores que lo pidan. También refuerza la transparencia salarial en las empresas, intentando cumplir una directiva europea sobre igualdad retributiva que se debería haber traspuesto el 7 de junio: reconoce a cada trabajador el derecho a conocer los salarios medios de puestos equivalentes y amplía la información de los registros salariales. Además, el derecho a la información se extiende a todas las relaciones laborales, independientemente de su duración. Ya no se limita a las que duren más de cuatro semanas.
Economía en EL PAÍS
