El pasado viernes asistimos al primer debate de las elecciones en el que se trataron con detalle las cuestiones económicas que los representantes de cada partido tuvieron a bien debatir. Visto y analizado, lo que difícilmente podremos achacar a los que participaron en él es que mintieran sobre aquello de lo que hablaban. No lo hicieron. Sin embargo, el problema estuvo más en las promesas. Como suele ser habitual en estos casos, es fácil prometer sin la restricción del gestor. En general, no existieron restricciones de trabajadores, de productividad, de presupuesto ni de competencias.
Los partidos políticos no detallan cómo financiarán o aplicarán la mayoría de sus propuestas electorales, como la construcción de un millón de viviendas o la subida del salario medio a 50.000 euros al año
El pasado viernes asistimos al primer debate de las elecciones en el que se trataron con detalle las cuestiones económicas que los representantes de cada partido tuvieron a bien debatir. Visto y analizado, lo que difícilmente podremos achacar a los que participaron en él es que mintieran sobre aquello de lo que hablaban. No lo hicieron. Sin embargo, el problema estuvo más en las promesas. Como suele ser habitual en estos casos, es fácil prometer sin la restricción del gestor. En general, no existieron restricciones de trabajadores, de productividad, de presupuesto ni de competencias.
El debate a cuatro, con Carlos Cuerpo, Juan Bravo, José María Figaredo y Pablo Bustinduy, fue prolijo en datos. En algo menos de dos horas se citaron 136 cifras. Ante tal cantidad, la verificación ha comprobado que buena parte de las afirmaciones hechas con estas cifras eran correctas, aunque muchas necesitaban contexto. Solo hubo una que supuso un error, aquella que afirmaba que España era el país de la UE donde más había subido la presión fiscal.
Pero no está en el ánimo de esta columna entrar a debatir si lo que se dijo estuvo bien, mal o fue impreciso. Ya hay análisis sobre ello. Creo, sin embargo, más interesante discutir si las 28 medidas que se pusieron sobre la mesa tienen visos de ser factibles.
Según mis cuentas, al menos tres de cada cuatro de esas medidas (22 de 28) fueron enunciadas sin ninguna indicación sobre el origen de su financiación o su instrumentalización. Cinco de las siete del PSOE, tres de las seis del Frente Amplio, cinco de las seis de Vox y las nueve del PP. Así, por ejemplo, la propuesta de un millón de viviendas, los 300.000 millones en infraestructuras o el salario medio de 50.000 euros quedan como brindis al sol si no se explica el modo de lograrlas.

Pensemos en este último caso, quizás el más llamativo, aunque no el único. La frase de la propuesta fue “si hoy el salario medio está en unos 30.000 euros, dentro de dos legislaturas estemos en 50.000 euros”. Desde luego, el punto de partida es acertado, ya que el salario medio actual ronda esa cifra según la Encuesta Anual de Estructura Salarial. Pero pasar de 30.000 a 50.000 en ocho años exige subir un 6,6% cada año. Con una inflación del 2% (esperemos, porque si no, la noticia no sería buena), necesitaríamos un crecimiento del 4,5% anual en términos reales.
Pero con el ritmo de la productividad histórica y una inflación del 2% (un 2,8% nominal al año), en ocho años se llegaría a unos 37.400 euros. Los 50.000 tardarían, al menos, unos 18 años. Obviamente, podríamos argumentar que elevaremos la productividad a ritmos nunca vistos desde los años del desarrollismo, pero me temo que, por mucho que lo hagamos bien, esto es harto difícil.
Podríamos decir que se hará lo posible por elevar la productividad, explicando el cómo, lo que sería lo único que garantizaría el aumento a largo plazo a ritmos mayores, aunque difícilmente lo prometido. Sin embargo, y justamente, “productividad” se pronunció solo siete veces (seis veces Juan Bravo por una de Carlos Cuerpo), sin que se llegara a asociar a ninguna medida concreta. La inteligencia artificial, que planteó la moderadora, mereció una mención de Figaredo y otra de Bustinduy. Y poco más.
Vayamos a la vivienda. Se prometió la construcción de un millón de viviendas, lo que en una legislatura son unas 250.000 al año. Pero pensemos que en 2025 se terminaron unas 92.000, frente a unos 240.000 hogares nuevos (Banco de España). Mientras, la patronal CNC estima que faltan unos 700.000 trabajadores en la construcción, y de los que ya trabajan en el sector, los extranjeros son el 23,2% de los afiliados (Seguridad Social). Sumemos un plan de infraestructuras que el PP cifra en 300.000 millones en 15 años, lo que equivale a 20.000 millones al año. Toda la obra civil licitada en 2025 sumó 19.017 millones (SEOPAN). Esta fue la única restricción que asomó en el plató. Concretamente, Cuerpo preguntó cómo se cubriría la mano de obra y Figaredo respondió que en España ya hay trabajadores suficientes, aunque aboga por limitar no solo la inmigración, que es la que alimenta de brazos el sector, sino expulsar, lo que dejaría seguramente sin parte de los ya trabajadores del sector. Pero nadie dio un planteamiento serio sobre el cómo.
En cuanto a otras medidas, como las ayudas a la compra (préstamo ICO del PSOE, rebaja del ITP del PP), son propuestas que difícilmente lograrían su objetivo, ya que sabemos que elevarían los precios donde la oferta sea rígida. Tampoco funcionaría la prórroga forzosa de los alquileres que defendieron Cuerpo y Bustinduy. Los trabajos de Diamond, McQuade y Qian para San Francisco y de Monràs y García Montalvo para Cataluña encuentran que este tipo de medidas protege al inquilino que ya tiene contrato, pero reduce la oferta de alquiler para quien busca piso.
Y hablemos también de la restricción presupuestaria. La AIReF prevé un déficit del 2,6% del PIB en 2026 y avisa de que harán falta medidas de ajuste ya desde el mismo 2027. Sin embargo, la palabra “déficit” se oyó solo dos veces en todo el debate, y lo que se propuso no iba en ese camino. Por ejemplo, el PP habló de deflactar el IRPF, lo que costaría del orden de 9.500 millones al año (la progresividad en frío aportó 9.532 millones en 2025). Nunca llegamos a saber cómo se compensaría. Para el Frente Amplio, la opción era un impuesto del 10% desde la cuarta vivienda para movilizar 1,3 millones de pisos. Pero un impuesto disuasorio recauda menos cuanto mejor funciona, así que no podría sostener un gasto permanente y, desde luego, no es una solución global. Tampoco dijo cuánto recaudaría su impuesto a los patrimonios de más de 50 millones. Al ser estatal evitaría parte de la fuga entre comunidades que estiman Agrawal, Foremny y Martínez-Toledano (en torno a un 5% de la recaudación del impuesto sobre el patrimonio), pero ya les avanzo que no bastaría, ni de lejos, para que ninguna pensión quede por debajo del SMI, un gasto permanente que el Frente Amplio se olvidó de cuantificar.
El PSOE, por su parte, fiaba la financiación a que el 90% del aumento de recaudación viene de “la buena marcha de la economía”. Sin embargo, ese aumento bebe en buena parte de la inflación y de la propia progresividad en frío. Por ejemplo, Balladares y García-Miralles (del Banco de España) estiman que la mitad del aumento del IRPF entre 2019 y 2023 se debió a la inflación. Y Vox se sacudía cualquier presión diciendo que bajaría el IRPF con una mano mientras con la otra prometía la inversión que hiciera falta, pero sin cuantía ni plazo. Fue, de hecho, el partido que menos concretó sus propuestas.
Hubo, eso sí, una cosa en la que los cuatro coincidieron, que es revalorizar las pensiones con el IPC, con lo que será la partida que más crecerá en los próximos años. Pero nadie dijo cómo se pagaría. Quizás sea pedir demasiado a un debate de campaña. Pero las promesas que se hacen sin mirar las restricciones no desaparecen, simplemente se trasladan a quien tenga que gobernar después. ¿Veremos algo distinto en los próximos debates? Me temo que no.
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