El máximo tribunal de la ONU concluye que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás

El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la ONU ha concluido este jueves que Myanmar (antes Birmania) ha cometido un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, al considerar por nueve votos a favor frente a seis en contra que el país violó la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948) al no impedir que sus Fuerzas Armadas masacraran al menos a 10.000 personas, violaran y ejercieran diversos “actos de violencia extrema” sobre adultos y niños rohinyás en 2017. Esta es la primera vez en su historia que el máximo órgano judicial de Naciones Unidas considera responsable de un genocidio a un Estado.

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 Esta es la primera vez en su historia que el Tribunal Internacional de Justicia considera a un Estado responsable de ese gravísimo delito. La decisión puede repercutir en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel  

Musulmanes rohinyás, después de atravesar la frontera entre Myanmar y Bangladés el 1 de noviembre de 2017. Bernat Armangue (AP Photo/Bernat Armangue)

El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la ONU ha concluido este jueves que Myanmar (antes Birmania) ha cometido un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, al considerar por nueve votos a favor frente a seis en contra que el país violó la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948) al no impedir que sus Fuerzas Armadas masacraran al menos a 10.000 personas, violaran y ejercieran diversos “actos de violencia extrema” sobre adultos y niños rohinyás en 2017. Esta es la primera vez en su historia que el máximo órgano judicial de Naciones Unidas considera responsable de un genocidio a un Estado.

Durante la lectura del fallo del caso iniciado por Gambia en el TIJ contra Myanmar por presunto genocidio contra los rohinyás, el ponente de la sentencia, el presidente del TIJ, Yuji Iwasawa, ha expresado la “plena convicción” del tribunal de que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de rohinyás, quemaron sistemáticamente sus casas, destruyeron sus pueblos y perpetraron diversas atrocidades. Esas operaciones militares, ejecutadas desde octubre de 2016, han obligado a casi un millón de rohinyás a huir al vecino Banglades.

Iwasawa ha subrayado que las autoridades de Myanmar actuaron con “la intención de destruir a una parte sustancial” de esa minoría en el norte del estado de Rakáin, en el oeste del país, un elemento fundamental para determinar si se cometió genocidio, según el derecho internacional. Los jueces del tribunal han considerado, por 11 votos a favor y cuatro en contra, que Myanmar no solo no evitó el genocidio de los rohinyás, sino que tampoco ha cumplido con su obligación de castigar a quienes lo cometieron.

“El Tribunal considera que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyás, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, incluidas violaciones, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a los rohinyás que huían mientras intentaban escapar en gran número hacia Bangladés”, ha afirmado el ponente. Luego ha indicado que las aldeas donde vivían los miembros de esa minoría fueron destruidas en 2017, antes de que personas ajenas al grupo se instalaran en esas localidades.

Además de los daños físicos causados por toda esta violencia, estos actos tuvieron un “grave impacto en la salud física y mental” de un “número muy significativo” de rohinyás. Myanmar adoptó asimismo medidas destinadas a “impedir” que los miembros de esta comunidad tuvieran descendencia y “ralentizar su tasa de nacimientos”, otra de las condiciones que incluye la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio para considerar que se cometió ese delito, el más grave que recoge el derecho internacional.

El caso de Israel

La decisión puede tener implicaciones para la interpretación y aplicación de la Convención sobre el genocidio y la lucha contra la impunidad, ahora que el propio TIJ tramita la demanda presentada en 2023 por Sudáfrica contra Israel, en virtud del mismo tratado, por su “conducta genocida” contra la población palestina de Gaza.

“Esta es una victoria histórica para los rohinyás y un hito para la justicia internacional”, declara el abogado estadounidense Reed Brody. Para los rohinyás, que han sufrido décadas de persecución, masacres, violaciones masivas y desplazamientos forzados, “esta sentencia supone una profunda reivindicación”. “Su sufrimiento ha sido finalmente reconocido por el tribunal más alto del mundo”, concluye.

El juez japonés Iwasawa, el presidente del TIJ, ha advertido de que 1,2% de los cerca de un millón de rohinyá han perecido a causa de la violencia padecida a manos del ejército de Myanmar. La versión oficial del Estado birmano era que se trataba de combatir la insurgencia presente en el seno de las aldeas de esta minoría étnica. Sin embargo, “ello creó una atmósfera de la que se deduce que las fuerzas de seguridad tenían la intención de atacar y matar a la población”, ha afirmado. “Myanmar sabía, o debió saber y prevenir los actos de violencia genocida cometidos contra los rohinyá por las fuerzas armadas”, ha añadido.

El abogado Brody subraya que “al rechazar los argumentos de Myanmar”, en particular “su justificación de las atrocidades como parte de unas ‘supuestas operaciones anterroristas’, el tribunal también abre la puerta a que se rechacen argumentos similares por parte de Israel, que sostiene que sus operaciones militares en Gaza están dirigidas contra Hamás”, destaca este jurista especializado en derechos humanos y justicia universal. “La existencia de un conflicto armado o de un objetivo de seguridad”, continúa Brody, “no excluye la intención genocida”.

Para concluir que se ha perpetrado un genocidio hay que demostrar la intención genocida. Que se ha querido destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto a tal.

Iwasawa ha desgranado los factores que marcan esa intención en este caso de manera ordenada. Ha subrayado que se ha impedido la cohesión de los rohinya como grupo a base de evitar que formasen familias o de separar a los menores de su comunidad. Ha recordado que el Ejército de Myanmar “ha deshumanizado” a esta minoría en sus actos y declaraciones, difundidas incluso a través de redes sociales —ha citado expresamente Facebook—. Ha indicado que han sido señalados de manera concreta en las zonas donde vivían, que acabaron siendo destruidas siendo la población desplazada a la fuerza por las operaciones militares sin que hayan podido regresar a su tierra.

En cuanto a la violencia sexual, ha subrayado: “Las Fuerzas Armadas de Myanmar la han perpetrado de manera sistemática, con violaciones en masa en algunos lugares”, ha dicho Iwasawa. “Es difícil, por otro lado, explicar por qué se mata a niños para llevar a cabo estas operaciones militares contra elementos insurgentes”, ha indicado.

El caso llegó en 2019 al TIJ a instancias de Gambia, un país africano situado a miles de kilómetros de Myanmar y que no está implicado. De mayoría musulmana, Gambia demandó a Myanmar cumpliendo con el mandato de la Convención sobre el genocidio que obliga a los Estados firmantes a prevenir, perseguir y castigar a los culpables de violarla, ya sea en tiempos de paz o de guerra.

Brody recuerda que Gambia también merece un reconocimiento especial. Dice: “En un momento en que algunas de las mayores potencias del mundo, incluidos Estados Unidos y Rusia, desafían abiertamente el derecho internacional, Gambia, un pequeño país de África occidental sin ningún interés directo en el conflicto, recurrió a la justicia para defender a un pueblo al otro lado del mundo”.

Los rohinyá son una minoría étnica musulmana que han sufrido marginación en un país de mayoría budista, y llevan generaciones viviendo en el Estado de Rakáin (situado en la costa oeste de la antigua Birmania, en la frontera con Bangladés).

En 1982, Myanmar aprobó una ley que los excluía de la ciudadanía, perdiendo con ello sus derechos y libertades. Entre 2016 y 2017, las fuerzas armadas de Myanmar sometieron a la comunidad a actos de una violencia extrema que obligaron a huir a unos 700.000 de sus miembros. En estos momentos, cerca de un millón está refugiado en Bangladés. En 2019, un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar, concluyó que la violencia desatada constituía “los crímenes más graves del derecho internacional”.

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