El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones escondidas por el PP en la ley de desperdicio alimentario, que permitieron sacar al lobo del listado de especies protegidas y, como consecuencia, que se le volviera a cazar. Votaron a favor PP, Junts, Vox y el PNV. La institución ha recibido 278 solicitudes instando a ello, y tras estudiarlas ha considerado que se vulneran varios artículos constitucionales.
El PP introdujo varias disposiciones en la ley de desperdicio alimentario, que no tiene nada que ver con la especie, para permitir su caza
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones escondidas por el PP en la ley de desperdicio alimentario, que permitieron sacar al lobo del listado de especies protegidas y, como consecuencia, que se le volviera a cazar. Votaron a favor PP, Junts, Vox y el PNV. La institución ha recibido 278 solicitudes instando a ello, y tras estudiarlas ha considerado que se vulneran varios artículos constitucionales.
Entre las organizaciones que han pedido la intervención del defensor se encuentra Podemos Cantabria, que ha recibido hoy la confirmación del Defensor del Pueblo de que ha estimado su petición. Tras la aprobación de la ley, Cantabria ha dado permiso para cazar 41 ejemplares, el 20% de sus lobos, de los que llevaba abatidos 16 hasta el 6 de junio. El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico también se ha sumado a la petición.
El Defensor del Pueblo, “oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior de la Institución”, indica en el escrito enviado a Podemos Cantabria que la ley 1/2025 es un ejemplo de “legislación autoaplicativa”, contraria al artículo 45 de la Constitución, que protege el derecho a un medio ambiente adecuado. También se cuestiona la disposición transitoria y otras fórmulas irregulares empleadas para evitar el debate parlamentario, sostiene Podemos.
Las disposiciones citadas, indican desde la institución, tienen que ver con una “posible desactivación de la protección de la especie”, que está protegida por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y forma parte, como animal silvestre, del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
Podemos Cantabria celebra la decisión del Defensor del Pueblo y exige “la suspensión inmediata de todas las extracciones de lobos en Cantabria y en el resto del Estado”. “La ley que las ampara está bajo sospecha constitucional y mantener esas acciones supone una grave irresponsabilidad política y legal”, concretan en un comunicado.
Lo que se ha hecho es “legislar a escondidas, colando una agresión a la biodiversidad en una ley que no tenía nada que ver”, afirma Pablo Gómez, responsable de Medio Rural de Podemos Cantabria. Recuerdan, asimismo, que el lobo “no es el enemigo, sino una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas”.
Mercedes González, coordinadora autonómica del partido, añade que el censo que se está manejando no es el correcto, porque se incluyen manadas que se comparten con Asturias y Castilla y León. “Se están matando en lugares donde no hay ataques y a hembras en la temporada en que están preñadas y con crías”, recuerda. No se cierran en banda a realizar algún tipo de extracción puntual, si un ejemplar ataca en un punto y está generando una problemática, “pero las medidas actuales son salvajes”.
Al poco tiempo de entrar en vigor la ley 1/2025 de desperdicio alimentario, el 1 de abril, Asturias anunció la autorización para cazar y matar a un máximo de 53 lobos, el 15% de su población; La Rioja y Galicia han incluido la especie en sus órdenes de veda para 2025, sin especificar cupos, mientras que Castilla y León abordará su caza una vez que esté terminado el informe sexenal que España tiene que enviar a Europa sobre esta y otras especies incluidas en la Directiva Hábitats.
El Ministerio para la Transición Ecológica hizo público el 27 de junio el último censo del lobo, con datos de las comunidades autónomas, que dan un total de 333 manadas y unos entre 1.300 y 1.600 individuos. Con estos datos, el estado de conservación de la especie “es desfavorable”, indicaron fuentes ministeriales. Esa es la información que enviarán a Europa en el informe sexenal y que impediría que se apliquen a la especie medidas de gestión que no permiten mejorar su estado como son la caza o la extracción de ejemplares.
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