La enfermera antivacunas acusada de fingir inmunizar a 404 menores en Bizkaia se enfrenta a hasta 17 años de prisión

A finales de 2022, unas familias trasladaron a Osakidetza su descontento con el comportamiento de una enfermera de Santurtzi (Bizkaia, 45.000 habitantes) en el momento de dispensar las vacunas a sus hijos menores. Se extrañaron por su forma de actuar y por los comentarios que la profesional realizaba en contra de la administración de vacunas. Observaron en ella un “comportamiento extraño” porque, según relataron en una denuncia, “ponía la jeringuilla a los niños con rapidez, la retiraba de forma precipitada y después la arrojaba directamente a la papelera con la dosis en su interior”.

El caso ha llegado a los tribunales y la enfermera encausada, de 52 años de edad, se enfrenta a una petición de siete años y medio de prisión de la Fiscalía. La acusación particular, ejercida por medio centenar de familias afectadas, eleva la pena a entre 12 y 17 años de cárcel. La Audiencia de Bizkaia juzga a la profesional desde este pasado lunes, cuando arrancó el juicio con la declaración de familiares de los menores a los que supuestamente no se les colocó las vacunas que Osakidetza (el servicio vasco de salud) tiene establecido en el calendario médico. La acusación calcula que unos 404 menores se pudieron quedar sin recibir la dosis de inmunización.

Los hechos que se juzgan se produjeron desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2022. En la sesión judicial de este martes, los testimonios de los progenitores han coincidido en que la procesada vacunaba con “rapidez”, en la misma línea de lo que declararon el resto de afectados un día antes. “Era extraño que fuera todo tan rápido… resultaba raro porque con una hermana mayor el protocolo era más detallado”, ha manifestado un testigo. La mayoría han asegurado que los menores no presentaban febrícula, rojez o reacción adversa alguna tras ser vacunados.

“No dudé, pero me pareció curioso cómo lo hacía… lo hacía muy rápido”, ha relatado una madre ante el tribunal. Otro testimonio ha incidido en que la enfermera se preocupaba de ocultar el brazo de su hijo y “actuaba de espaldas”. La acusada registraba la vacuna en la historia clínica digital del menor en la base de datos de Osakidetza y en la tarjeta de vacunación que entregaba a los padres. Posteriormente, al trascender estos hechos, Osakidetza decidió revacunar a los menores.

La acusada ha optado por posponer su interrogatorio al último día de juicio, previsto para este viernes. La Fiscalía considera que la enfermera “conscientemente no inoculaba las vacunas que correspondían según calendario o las inoculaba de manera distinta a la indicada en la guía de enfermería pediátrica y en el procedimiento de enfermería del Manual de Vacunaciones de Osakidetza y desechaba total o parcialmente las dosis correspondientes”.

Se estima que el valor de las vacunas no suministradas y desechadas que tuvieron que ser administradas nuevamente por Osakidetza asciende a 26.763 euros. Debido a lo sucedido, el servicio vasco de Salud inició un proceso en el que inoculó vacunas no administradas con un coste de 5.382 euros en gastos de personal. Por estos hechos, el ministerio público solicita una multa de 18.000 euros para la procesada y una indemnización a Osakidetza de 32.000 euros por el coste total de las vacunas desechadas y el gasto de personal. Tanto Osakidetza como el Colegio de Enfermería se han adherido a la solicitud de penas que ha presentado la Fiscalía. Esta semana se espera que presten su testimonio responsables de la sanidad pública vasca. Tres estudios serológicos concluyeron que los menores no tenían los anticuerpos que inoculan las vacunas supuestamente recibidas.

La encausada tiene previsto ser atendida por un médico forense, a petición de la defensa. En este juicio podría alegar que se encuentra incapacitada por padecer problemas psicológicos, según han señalado a este diario fuentes presentes en el juicio.