En los últimos días han proliferado en diferentes redes sociales publicaciones en las que se las señala directamente, se facilitan sus datos y hasta se publican fotografías de ellas, a pesar de ser menores Leer En los últimos días han proliferado en diferentes redes sociales publicaciones en las que se las señala directamente, se facilitan sus datos y hasta se publican fotografías de ellas, a pesar de ser menores Leer
El Grupo de Menores (Grume)de la Policía Nacional busca ya en el teléfono móvil de Sandra Peña el rastro del acoso al que se vio sometida, según denunció la familia, al menos desde la pasada primavera y por parte de un grupo de tres alumnas de su misma clase.
Según confirmaron a EL MUNDO fuentes cercanas a la investigación, los especialistas de la Policía han logrado ya desbloquear el teléfono y acceder a su contenido, mensajes y perfiles de redes sociales incluidos. Se trata de un paso clave en la investigación abierta para probar ese acoso escolar, que la menor aseguró que sufría sin que el colegio en el que estudiaba, las Irlandesas de Loreto, activasen los protocolos correspondientes a los que estaba obligado.
El resultado del examen del teléfono se incluirá en el atestado que prepara el Grume, en el que se identificará a las presuntas acosadoras y se determinará su edad, una cuestión que es importante a la hora de dilucidar posibles responsabilidades penales, puesto que si fueran menores de 14 años -parece que no lo son- serían inimputables jurídicamente.
El contenido del móvil de Sandra y el atestado policial deben servir de base, precisamente, al expediente de reforma juvenil que ayer acordó abrir la Fiscalía de Sevilla.
La presión sobre las menores que estarían detrás de los insultos y humillaciones a Sandra crece no solo a nivel policial y judicial.
En los últimos días han proliferado en diferentes redes sociales publicaciones en las que se las señala directamente, se facilitan sus datos y hasta se publican fotografías de ellas, a pesar de ser menores.
En estos días es frecuente, además, la presencia policial en el entorno del colegio de las Irlandesas de Loreto de Sevilla, al objeto de prevenir incidentes y garantizar la tranquilidad en el centro educativo.
Una tranquilidad que, desde la semana pasada, es más que relativa. A los efectos que sobre la comunidad escolar ha tenido el suicidio de Sandra se suma la tensión palpable provocada por increpaciones, pintadas amenazantes que han aparecido -ya han sido borradas- en el muro perimetral del colegio e, incluso, lanzamiento de objetos a los patios interiores.
Algunos padres han manifestado -pidiendo el anonimato- su temor a que sus hijos puedan sufrir las consecuencias de esta ola de ataques y de señalamientos generalizados a la comunidad de las Irlandesas de Loreto de Sevilla.
En esta línea, el director del centro, Francisco de Paula, ha hecho un llamamiento público para que «cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio». Lo ha hecho en un comunicado -el segundo que difunde tras la muerte de Sandra- en el que hace hincapié en que su obligación es proteger a todos los alumnos y profesores «de comentarios y situaciones que pueden ser altamente perjudiciales para ellos».
Sobre la investigación policial asegura que están colaborando con las autoridades en la investigación de lo sucedido y justifica su silencio en que el Grume «nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso».
Al hilo de todo esto, la familia de la menor que se suicidó el pasado martes ha condenado de forma rotunda esta forma de proceder, tanto con las presuntas acosadoras como con el colegio.
Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz familiar, insistió ayer, en declaraciones a este periódico, en que «no queremos que nadie pase por esto».
La Fiscalía de Sevilla también ha tomado medidas en relación a las posibles responsabilidades de la dirección del centro escolar con la apertura de otra investigación contra las Irlandesas de Loreto de Sevilla.
El Ministerio Público decidió ayer abrir lo que se llama un expediente de supervisión de la actuación de los responsables del colegio, indagar si cumplieron con sus obligación. Fuentes de la Fiscalía explicaron que si de ese expediente se concluyese que la dirección del colegio pudo incurrir en algún tipo de delito, se abrirían a continuación diligencias penales de investigación.
Se trata de hacer una «evaluación más completa» de lo que hicieron y, sobre todo, de lo que no hicieron los directivos de las Irlandesas de Loreto ante la situación de acoso que había sido denunciada.
La decisión de la Fiscalía se ha tomado una vez que los inspectores de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional constataron la semana pasada que el colegio incumplió su obligación de activar el protocolo contra el acoso escolar pese a los indicios existentes, incluidas dos denuncias de la familia de la menor. Además, el centro tampoco puso en marcha el protocolo de prevención de conductas autolíticas, a pesar de que Sandra ya había intentado suicidarse.
La Administración autonómica abrió un expediente administrativo y remitió las conclusiones de su investigación al Ministerio Público para que actuase si entendía que podría haber existido delito, como ha sido el caso.
La propia familia de Sandra ya anunció que tomará «todas las medidas legales» a su alcance para depurar responsabilidades, lo que podría incluir una denuncia penal sobre la que los padres de la fallecida decidirán este martes.
Pero al margen de las responsabilidades penales, el colegio perteneciente a la Fundación Mary Ward, se expone asimismo a la posibilidad de perder el concierto con la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía y quedarse sin los fondos públicos que ahora sostienen su actividad.
Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo han explicado que esa medida se podría adoptar en el supuesto de que el expediente administrativo abierto concluyese que ha existido un incumplimiento grave de las condiciones del concierto.
«Será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro la que deba actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería», añadieron las fuentes consultadas de la Junta.
La familia de la menor lleva denunciando, desde el primer momento, la inacción de la dirección del colegio en el que Sandra sufría el supuesto acoso escolar, al menos, desde la primavera pasada. «No hicieron nada», dijo a el tío de la menor. Dos veces advirtió la madre de Sandra lo que le estaba sucediendo a su hija. La primera vez fue a finales del segundo trimestre del curso pasado. La segunda vez, en septiembre, justo antes de comenzar el curso.
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