El magistrado que investiga la trama que salpica al PP almeriense insiste en que hay pruebas de la existencia de una «dinámica» de corrupción Leer El magistrado que investiga la trama que salpica al PP almeriense insiste en que hay pruebas de la existencia de una «dinámica» de corrupción Leer
La adjudicación de contratos públicos, previo amaño, a cambio de mordidas no era una excepción en la Diputación Provincial de Almería. Más bien, según el juez que investiga el llamado caso Mascarillas, un modus operandi instalado en el seno del organismo por los cargos públicos que lo dirigían, empezando por su ex presidente, Javier Aureliano García, con el objetivo de lucrarse personalmente.
En el corazón de la Diputación almeriense, según el magistrado Manuel José Rey, estaba instalado «un presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos», una trama de corrupción que tiene como «eje» central la institución que presidía García -que también dirigía el PP de Almería hasta su imputación formal hace unos meses-, cuyo papel destaca por encima de otros cargos. Todo sucedía, afirma el juez del Tribunal de Instancia de Almería, con «pleno conocimiento, aquiescencia y participación» de javier Aureliano García.
El contrato de compra de mascarillas en abril de 2020 que dio origen al caso -por un importe de dos millones de euros y con un sobrecoste de 945.000 euros– «no fue un hecho aislado», sino una «oportunidad» generada en el seno de ese «sistema» instalado en la Diputación.
Todo lo anterior lo afirma el juez R<ey en un auto fechado el 2 de enero por el que autoriza a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a proceder al volcado de los teléfonos móviles de seis nuevos investigados en esta causa, relacionados con siete empresas que habrían formado parte de la trama y a las que se habría adjudicado hasta una treintena de contratos a cambio de mordidas.
En este auto, el magistrado avala el resultado de la investigación llevada a cabo por la UCO y constata que hay «sospechas más que fundadas» de que se han cometido, presuntamente, delitos de cohecho -castigado, recuerda el juez, con penas de hasta seis años de cárcel-, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.
Hace hincapié en que lo descubierto hasta ahora por la Guardia Civil apunta a la existencia de «una dinámica de funcionamiento» instalada «en el seno» de la Diputación Provincial de Almería que habría permitido la adjudicación «fraudulenta» de contratos públicos «en base a intereses personales y económicos» y saltándose toda la normativa que regula la contratación pública.
Y esta estructura, detalla el auto al que ha tenido acceso EL MUNDO, estaba conformada por dos planos. De un lado, los cargos públicos de la Diputación, con su ex presidente a la cabeza, que hacían posible y facilitaban las adjudicaciones a cambio de beneficios económicos y, de otro lado, una serie de sociedades y empresarios que resultaban adjudicatarios de los contratos en procesos amañados. En este sentido, el magistrado menciona a las empresas OYC Servicios Urbanos SL, Albaida Infraestructuras SA, Talleres y Grúas González SL, Construcciones Nila SL, García Construcción Sostenible SL y Pulconal SL.
El juez hace un repaso por los «hechos o datos objetivos» que sustentan las sospechas de la trama de corrupción por la que, en noviembre del año pasado, fueron detenidos, entre otros, el ex presidente de la Diputación, el ex vicepresidente, Fernando Giménez, el ex alcalde (también del PP), de Fines, Rodrigo Sánchez, o su hijo, Rodrigo Sánchez, además de otro ex vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, que ya fue arrestado en una primera fase de la investigación, en 2021.
Para empezar, el magistrado apunta al contrato de compra de mascarillas y material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica SL -del también imputado Kilian López-, respecto al cual insiste en que hay «claros indicios» de que se produjo de forma ilícita. Por ejemplo, que la empresa seleccionada no estaba especializada en el ámbito sanitario, la desproporción entre los valores contables de la sociedad y el precio del contrato o el vínculo familiar que existía entre el vicepresidente tercero de la Diputación (Liria) y el representante de Azor.
En este punto vuelve a ratificar su convencimiento de que el ex presidente del PP de Almería conocía y participó en el amaño de contrato «al ostentar la presidencia de la Diputación en el momento de la firma».
Reitera que hay indicios de que Kilian López realizó entregas de dinero a Liria, quien habría actuado como «intermediario» repartiendo las comisiones entre todos los miembros de la trama y recuerda el «lenguaje encriptado» que usaban para comunicarse, con referencias odontológicas, por medio de servicios de mensajería como WhatsApp, en el que García, Liria y Giménez tenían un grupo llamado ‘naranjito’. En ese grupo, el ex presidente de la Diputación envió un emoticono con un diente solo tres minutos después de la firma del decreto de adjudicación de la compra de material sanitario. Es un indicio «muy relevante», dice el juez, porque «refleja la importancia del papel que ejercía Javier Aureliano en el entramado delictivo».
Del ex presidente de la Diputación destaca, asimismo, su «interés desmedido» y la «inquietud y nerviosismo» por la consumación del contrato de las mascarillas y señala, igualmente, el sospechoso uso de dinero en efectivo que hacía en sus transacciones y operaciones inmobiliarias o los viajes «de coste elevado» que hizo con Óscar Liria sufragados con dinero en metálico y en fechas próximas a las adjudicaciones bajo sospecha.
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