La reunión de la vicepresidenta Montero con los consejeros de Hacienda autonómicos termina sin acuerdo y con la amenaza de ir a la vía judicial Leer La reunión de la vicepresidenta Montero con los consejeros de Hacienda autonómicos termina sin acuerdo y con la amenaza de ir a la vía judicial Leer
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La reunión sobre el nuevo sistema de financiacion autonómica que ha propuesto el Gobierno ha terminado tras cuatro horas de debate con el rechazo de todas las comunidades autónomas salvo Cataluña. El resto de gobiernos regionales presentes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio sistema- ha expresado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, su desacuerdo con la nueva propuesta y también su malestar por el hecho de que fuera el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.
Y en esa expresión del malestar no ha habido diferencias de siglas entre los gobiernos del PP, mayoritarios en el encuentro, y el rechazo de ejecutivos del PSOE como el de Castilla-La Mancha y el de Asturias. Precisamente uno de los más duros ha sido el consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha calificado de «chantaje» la pretensión de Montero de ofrecer a las CCAA seguir con el modelo vigente, perdiendo dinero, si no quieren la financiación pactada con Junqueras: «El modelo que se nos ha presentado es el de bilateralidad, el chantaje: o lo aceptáis o perdéis millones de euros. Y no deberíamos estar sujetos a los chantajes», ha dicho el consejero de Emiliano García-Page.
El representante castellanomanchego no ha descartado acudir «a la vía judicial» si el Gobierno central persiste en el nuevo modelo, en el que «Castilla-La Mancha seguiría con una financiación por debajo de la media».
Luis Alberto Marín, consejero de Murcia, ve «bastante improbable» que la propuesta de Montero salga adelante «si no lo apoyan los propios socios del Gobierno de coalición. Es un modelo pergeñado para satisfacer los anhelos de un señor», ha señalado al término del encuentro, a preguntas de los periodistas.
El único apoyo que ha contado la vicepresidenta primera ha sido el de Alicia Romero, la consejera catalana de Economía y Finanzas (PSC): «Hoy el Gobierno ha presentado una propuesta clara, concreta, sobre la financiación de las comunidades autonómas. Es una ventana de oportunidad» para las administraciones autonómicas», que «abre un proceso de consultas y de negociación», ha dicho, pidiendo que se apruebe la nueva formulación porque «no queremos renunciar a que Cataluña pierda 4.700 millones de euros»·.
Miguel Corgos, consejero de Galicia, ha señalado que ha salido de la reunión con Montero «con una sensación muy decepcionante»: «No nos ha dado ninguna información adicional, ninguna explicación de dónde salen las cifras de un modelo diseñado a la carta a nuestras espaldas. No ha dejado contenta a ninguna comunidad excepto a Cataluña», ha resumido.
En parecidos términos se ha expresado la representante madrileña, Rocío Albert, quien ha explicado que el sistema no va a salir adelante en el Congreso, porque la norma que lo regula no recibirá apoyos suficientes, ya que ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno, ni con el acuerdo de los socios de investidura, ni con el de ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña. «¿Cómo va a aprobar este acuerdo», se ha preguntado la consejera madrileña, que ha exigido al Gobierno central que presente una propuesta multilateral «que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras».
Al ser preguntada por si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se plantea llevar este nuevo modelo de financiación al Tribunal Constitucional en el caso de que se acabe aprobando, la consejera Albert ha dicho que utilizarán «todos los recursos legales» que tengan a su alcance.
La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo (PSOE), ha advertido antes de la reunión que no le han gustado las formas empleadas hasta ahora por el Gobierno central y ha rechazado adherirse a un acuerdo que califica de «plato precocinado», por lo que ha pedido que se abra una negociación en pie de igualdad con todas las CCAA.
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