EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
“No saber qué va a pasar genera estrés, incertidumbre y te revictimiza”, cuenta un afectado que envió una queja al Defensor del Pueblo quien ha recibido tres más
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
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Una de las partes del acuerdo firmado el pasado jueves entre Gobierno e Iglesia para reconocer y reparar a las víctimas de la pederastia en el clero español tiene que ver con la tributación de esas indemnizaciones. En los cuatro folios del acuerdo queda reflejado así: “El Ministerio [de Justicia] promoverá las modificaciones precisas para la aplicación de exenciones fiscales a las reparaciones que se reconozcan a todas las víctimas”. Félix Bolaños, titular de cartera, explicó que esas exenciones en las tributaciones serán retroactivas. No dio más detalles, ni siquiera al día siguiente en la reunión que mantuvo junto a Pedro Sánchez con las víctimas.
“No saber qué va a pasar, ni cuándo se va a aprobar, genera mucha incertidumbre. Esto no es un regalo, como cuando te toca la lotería, es una reparación a unos abusos graves que sufrí en la infancia. Si esa exención no se aprueba antes de la campaña de la renta, vamos a tener que pagar el dinero y después pedir una rectificación que puede tardar hasta seis meses”, relata una víctima a este periódico. Y añade: “Todo eso te crea estrés, vuelves a sentirte revictimizado porque al cobrar esa reparación piensas: ok, aunque no repare el daño terrible sufrido, al menos voy a tener una tercera edad estable, algo que nunca he tenido por las secuelas de los abusos. Aunque no repare el pasado sufrido, me permitiría llevar una vida digna en el futuro. De momento no he podido porque tengo que guardar esa parte por si me la quitan”. En junio recibió una indemnización de 91.000 euros y su asesora fiscal le ha dicho que podrían retenerle “entre un 37% y un 47%”, lo que supondría entre 33.000 y 43.000 euros. “Hasta que no haga la declaración de la renta no sabré con certeza cuánto se irá”.
Este primer escollo tras el pacto firmado por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) se antoja insalvable porque no depende del Gobierno, sino del Congreso: de un Congreso fragmentado y sin mayoría para la coalición que gobierna. Esta modificación del artículo 7 el de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), requiere ser aprobada por el poder legislativo. Preguntado sobre cómo y cuándo se hará, desde el Ministerio de Presidencia contestan así: “Vamos a intentar que se haga lo antes posible”. ¿Y si no es aprobada por el Congreso, dada la frágil mayoría de este Gobierno? “No contemplamos que no salga adelante. Es un compromiso adquirido y firmado en el acuerdo del pasado jueves”, responden desde Presidencia.
El Parlamento de Navarra ya aprobó esa modificación. El pasado 18 de diciembre votó a favor de incorporar nuevas exenciones para “realidades socialmente sensibles como las compensaciones económicas a víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica”. Lo hizo tras una propuesta de la consejería de Economía y Hacienda de Navarra que recibió una solicitud de información del Defensor del Pueblo de Navarra. Este, a su vez, recibió una queja de AVIPIREN, la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra. En mes y medio se solventó el asunto.
La inclusión en el acuerdo Estado – Iglesia del tema fiscal de las reparaciones llega después de que este periódico publicara, el pasado 20 de noviembre, que una de las víctimas indemnizadas por la Iglesia descubrió que una parte de ese dinero se evaporaría en impuestos. Nadie le había informado y cuando preguntó, en el arzobispado de Barcelona se encogieron de hombros. Ni sabían nada, ni supieron decirle nada. Esta persona lo consultó en Hacienda y con su asesor fiscal y descubrió que este resarcimiento (50.000 euros en su caso) sí debía tener una retención porque, según la ley española, para que una indemnización esté exenta de impuestos, tiene que ser judicialmente reconocida. En la gran mayoría de los abusos sexuales de la Iglesia no hay resolución porque los casos están prescritos, por lo tanto, no ha podido haber juicio. Por eso esta víctima envió una queja al Defensor del Pueblo y le pidió ayuda. Este pidió a Hacienda, el pasado 6 de noviembre, que aplique a las compensaciones de la Iglesia una exención, como ya ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo. El 4 de diciembre, además, el Senado aprobó una moción para que las indemnizaciones por pederastia del clero queden exentas de tributación por IRPF. Lo hizo con los votos favorables de todos los grupos y la abstención del PP.
En los últimos dos meses a la oficina del Defensor del Pueblo han llegado tres quejas más cuando faltan cuatro meses para que empiece la campaña de la renta. Una de esas quejas es de una víctima de Cataluña, un caso especialmente grave destapado por este periódico: una red de pederastia organizada en torno a los niños de una parroquia. El cura disponía de un piso donde llevaba a los monaguillos para agredirlos sexualmente.
Es frecuente que las víctimas de abusos sexuales en la infancia acaben desarrollando algún tipo de trastorno de conducta de alimentación o alguna adicción: a las drogas, al alcohol, a las compras. Es una válvula de escape y una forma, a veces la única, de escapar del dolor. Manuel, nombre inventado para proteger su intimidad siguiendo el consejo de su psicóloga, es uno de ellos. Sufrió abusos desde los 10 hasta los 14. “Cobré 91.000 euros tras un largo proceso, porque al principio en la diócesis se negaron a indemnizarme con el argumento de que el acusado ya estaba muerto. Y ahora descubro que pueden quitarme casi la mitad. Gasté parte de la indemnización en saldar las deudas que tenía por mis adicciones. Son frecuentes porque somos personas que hemos tenido muchas dependencias, muchas carencias y falta de autoestima. Eso me llevó a gastar, a gastar, a gastar. Y tengo congelada la parte de la indemnización que pretendía invertir en cuidarme”, explica en conversación telefónica con este periódico. Esperó durante 40 años una reparación por el daño sufrido —sigue en tratamiento psicológico— y ahora ya pensionista, con 59, ve como la pesadilla sigue sin terminar.
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