El secuestro, violación y asesinato de una niña de ocho años en la ciudad boliviana de Santa Cruz ha vuelto a escandalizar a una sociedad que percibe la agresión sexual infantil como un problema estructural. La niña, Yuvinka, fue reportada como desaparecida el 6 de enero y su cuerpo fue encontrado cuatro días después a unos 500 metros de su casa en el municipio de La Guardia, a unos 20 kilómetros de la Santa Cruz, la urbe más poblada del país. Según las autoridades, el agresor abusó sexualmente de la menor y posteriormente la golpeó y asfixió con un cinturón hasta matarla. Un cuñado de la menor de edad, que tiene 24 años, ha sido detenido y la fiscalía local ha lamentado que el silencio de la familia está frenando los avances del caso, investigado como un infanticidio.
Las autoridades lamentan que el silencio de la familia frene la investigación en un país que registró más de 2.000 denuncias de agresión sexual contra niñas en 2025
El secuestro, violación y asesinato de una niña de ocho años en la ciudad boliviana de Santa Cruz ha vuelto a escandalizar a una sociedad que percibe la agresión sexual infantil como un problema estructural. La niña, Yuvinka, fue reportada como desaparecida el 6 de enero y su cuerpo fue encontrado cuatro días después a unos 500 metros de su casa en el municipio de La Guardia, a unos 20 kilómetros de la Santa Cruz, la urbe más poblada del país. Según las autoridades, el agresor abusó sexualmente de la menor y posteriormente la golpeó y asfixió con un cinturón hasta matarla. Un cuñado de la menor de edad, que tiene 24 años, ha sido detenido y la fiscalía local ha lamentado que el silencio de la familia está frenando los avances del caso, investigado como un infanticidio.
Dos meses antes, en noviembre, un caso similar había conmocionado al país: una adolescente de 13 años desapareció en el departamento de La Paz y posteriormente fue hallada sin vida y con signos de abuso. Bolivia cuenta con una amplia normativa que vela por los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero parece incidir poco en la práctica. Autoridades competentes y fundaciones coinciden en que la defensa se queda en el plano normativo y se descuida el trabajo de prevención y concienciación sobre lo que significa ser niño en barrios y escuelas.
Bolivia (con 11,3 millones de habitantes, según el censo de 2024, último disponible) registró 2.300 denuncias de agresión sexual contra niñas en 2025, según la recientemente designada viceministra de Igualdad de Oportunidades y exfiscal, Jessica Echeverría. En 2024, los casos sumados de abuso sexual en general, violación de infantes y estupro alcanzaron cerca de 11.500 y es muy probable que esta cifra se quede corta, ya que muchos casos no se denuncian.
Echeverría cree que el verdadero problema es que el asunto no se ha abordado de manera integral ni desde la prevención y advierte que en el 85% de los casos registrados el año pasado el agresor fue un familiar. “Son víctimas en su propio hogar. Existe mucho silencio, los niños callan. Se tiene que trabajar con el Ministerio de Educación para que, a través del colegio y los servicios infantiles, las niñas sepan que pueden hablar si saben de algo”, aseguró por teléfono.
La capacitación en escuelas y centros educativos, desde el nivel preescolar hasta secundaria, son los objetivos a los que apuntan fundaciones y ONG. La abogada de la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE) Leonor Oviedo explica que el objetivo es instalar una conciencia de “tolerancia cero” frente al abuso: “En Bolivia, el tema de la niñez y la adolescencia se ha visto como un objeto de derecho, incluso político. Recién lo estamos sacando de ese ámbito para compartir con los niños lo que realmente significa la normativa”, cuenta a EL PAÍS.
El país andino cuenta con el Código Niña, Niño y Adolescente, además del Código de las Familias y del Proceso Familiar. En septiembre pasado fue condenado a 30 años de prisión el primer criminal juzgado bajo la ley de protección de la integridad sexual de niñas y niños en entornos digitales. Además, la Constitución establece que el Estado debe “priorizar el interés superior de la niña, niño y adolescente, garantizando protección, atención y justicia”.
Una de las legislaciones más recientes en esta materia es la ley 1639, que prohíbe la excepción que durante años permitió el matrimonio de adolescentes de 16 años con autorización de los padres o aval judicial. La principal promotora de la norma fue la exsenadora y exministra de Justicia Virginia Velasco.
Avances normativos
Velasco reconoce el avance normativo, pero lamenta que no se trabaje en el terreno: “Hay que bajar a socializar las leyes que se han sancionado. Hace falta un trabajo coordinado entre el Estado central, los municipios, las comunidades, las organizaciones sociales y la sociedad civil organizada”. La activista y exparlamentaria asegura que la capacitación sobre “qué es ser niño” es fundamental para los profesionales del área, especialmente para quienes integran los juzgados públicos de niñez y adolescencia, llamados a garantizar derechos como salud, educación, participación y restitución familiar.
Además de la inclinación hacia políticas de protección que descuidan la prevención, las especialistas señalan una visión cultural sobre la niñez que obvia sus particularidades como etapa vital. Así ocurría con los matrimonios a edades tempranas, principalmente en zonas rurales, donde muchas niñas abandonaban la escuela para ser sometidas a jornadas de trabajo doméstico. También pierden derechos cuando se ven obligadas a insertarse en la vida laboral a temprana edad, empujadas por la situación económica familiar: la pobreza moderada afecta al 36,5% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística.
Oviedo asegura que estos contextos empujan a convertir a los menores en objetos funcionales y a ignorar una etapa de derechos irrenunciables. “Esto es histórico: el niño ha sido invisibilizado en muchos ámbitos. Se lo considera un estorbo en las familias o mano de obra, u objeto de placer en casos de violencia sexual. Sus derechos son muchas veces desconocidos”, afirma.
Velasco, con su experiencia en la cartera de Justicia, señala la “retardación de la justicia” cuando los autores son aprehendidos e incluso denuncia “corrupción en algunos jueces y fiscales”. La violación a menores de edad se sanciona en Bolivia con penas de entre 20 y 25 años de cárcel, sin derecho a indulto, y puede incluir agravantes. Es la pena que solicita la Fiscalía para el presunto autor del asesinato de la niña de ocho años en el municipio de La Guardia.
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