“¿A cuántas personas podré ayudar después de mi muerte?; ¿crees que mis riñones valdrán?” Las preguntas las formula el británico Anthony Green, de 63 años, que ha vivido los últimos 27 en España, casi todos —menos los dos primeros— con esclerosis múltiple; es una mente lúcida en un cuerpo roto. Acaba de ratificar su decisión de acogerse a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) y, como ha expresado su deseo de donar sus órganos tras su fallecimiento, recibe en su salón a Javier Fierro, coordinador de trasplantes del Hospital Universitario del Poniente, en El Ejido (Almería), que es donde, unos meses después ―en agosto de 2025― se le prestará la ayuda para morir. Sus pulmones, riñones e hígado se trasplantarán, con éxito, a cuatro personas: un trasplante hepático, dos renales y uno bipulmonar.
Un sistema por engrasar
Cuando una persona desea acogerse a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha de acudir a un facultativo, no necesariamente de atención primaria ―puede ser su especialista, por ejemplo―, para solicitarla. Si el médico en cuestión se ha registrado como objetor de conciencia ―ha debido hacerlo antes, no sobre la marcha, cuando le llega un caso―, la dirección del centro o área sanitaria ha de dar cobertura al derecho que ampara al paciente. Se le asigna un equipo asistencial y un médico responsable, y se inicia un proceso deliberativo de 10 días para valorar el contexto eutanásico. Al cabo de ese tiempo, acepta o deniega la solicitud. Si es aceptada, y la persona quiere seguir adelante, firma una segunda solicitud, y ratifica su decisión.
El expediente pasa entonces a un médico consultor externo, de la especialidad sobre la que recaiga la patología del solicitante, pero sin contacto previo con él. Es una segunda opinión, que corrobora, o no, la decisión del médico responsable. “En Andalucía se ha creado el perfil de consultores en cada distrito sanitario”, informa Álvaro Tortosa, director del curso de experto en Bioética para Enfermería de la UNIR y miembro del grupo de trabajo de calidad de la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía. Dicha Comisión, de ámbito autonómico, es el paso final del procedimiento. Para cada caso, nombra un grupo de verificación compuesto por un médico y un jurista, que emite el dictamen definitivo. Tortosa destaca que, en cualquier momento, la persona puede reclamar, si una decisión no le ha parecido correcta, así como aplazar o anular su solicitud.
Si hay luz verde de la Comisión, se acuerda día y lugar para realizar la prestación de ayuda a morir. El fallecimiento se certifica como muerte natural. En teoría, todo el proceso debería durar unos dos meses. En la práctica surgen dificultades y obstáculos que pueden alargarlo. “Estamos trabajando mucho para que mejore, pero en un tema de avance de derechos como este, cuesta años que la sociedad lo asuma y normalice”, incide Tortosa. A veces, las familias no entienden la decisión de su ser querido, y se oponen. En otras ocasiones cuesta encontrar facultativos que se pongan al frente de un caso, o ejerzan de médicos consultores. Uno de los principales escollos, en su opinión, es la falta de formación en la materia de los sanitarios y cargos intermedios. “Queda mucho por hacer”, reconoce el experto.
Anthony Green decidió cuándo y cómo morir. Es una de las 227 personas que han donado sus órganos en España tras recibir la prestación. Esta es su historia
“¿A cuántas personas podré ayudar después de mi muerte?; ¿crees que mis riñones valdrán?” Las preguntas las formula el británico Anthony Green, de 63 años, que ha vivido los últimos 27 en España, casi todos —menos los dos primeros— con esclerosis múltiple; es una mente lúcida en un cuerpo roto. Acaba de ratificar su decisión de acogerse a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) y, como ha expresado su deseo de donar sus órganos tras su fallecimiento, recibe en su salón a Javier Fierro, coordinador de trasplantes del Hospital Universitario del Poniente, en El Ejido (Almería), que es donde, unos meses después ―en agosto de 2025― se le prestará la ayuda para morir. Sus pulmones, riñones e hígado se trasplantarán, con éxito, a cuatro personas: un trasplante hepático, dos renales y uno bipulmonar.
“En las reuniones de coordinadores ya se había comentado algún caso previo de entrevista con un donante vivo, pero, para mí, era la primera vez”, comenta Fierro. “El abordaje fue muy diferente”, confiesa. Primero, porque le supuso salir de su entorno habitual, el hospital, y desplazarse a casa de Anthony. Pero, sobre todo, porque le habló cara a cara, contestó sus dudas y pudo atisbar parte de su vida cotidiana, también de su sufrimiento. Establecieron un vínculo poco habitual. “Fue una entrevista encantadora; estaba sereno, probablemente porque tenía la decisión muy madurada”, recuerda y describe: “Me pareció muy generoso, decidido y valiente”.
Hasta hace unos años, el principal escenario de fallecimiento con donación era la muerte cerebral. El ejemplo clásico es el accidente de tráfico. La mejora de las carreteras, la Ley de Seguridad Vial y el carné por puntos han logrado que este perfil vaya a menos. En paralelo, se les ha abierto la posibilidad a pacientes terminales que así lo deseen; en estos casos, se anticipa todo para que el final de su vida enlace con la extracción de sus órganos. Es la donación en asistolia o a corazón parado, contemplada en el marco regulatorio español desde 2012, como recuerda Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Quienes piden la eutanasia entran en este supuesto.
La LORE se aprobó en 2021; desde entonces, y hasta 2025, 227 personas han donado sus órganos acogidas a ella, según datos de la ONT. Su número ha ido creciendo ―fueron siete en 2021, 42 en 2022 y 2023, 63 en 2024 y 73 personas en 2025― porque también ha aumentado el de las eutanasias. Pero su proporción se mantiene estable: de cada 100 personas que han recibido ayuda para morir dignamente, 14 ceden sus órganos para ayudar a otros. Detrás de estos números hay dolor, angustia y mucha generosidad.
“Están pasando por un momento terrible, hasta el punto de expresar su decisión de rechazar tratamiento y solicitar la eutanasia. Y, en medio de todo su sufrimiento, deciden donar sus órganos. Eso, lo que nos dice, es que tenemos una sociedad chapeau”, valora Domínguez-Gil.
A pesar de los bulos que circulan de vez en cuando en redes sociales, especialmente tras casos tan mediáticos y traumáticos como la reciente eutanasia de Noelia Castillo, la prestación de ayuda para morir y la donación de órganos son procesos independientes.
Anthony quería terminar cuando ya no tuviera calidad de vida. Hasta 2021, estuvo dispuesto a viajar a Suiza para conseguirlo. Con la LORE, podía quedarse en España. Su familia le dio largas durante años, tratando de retrasar el momento, hasta que, a principios de 2025, el enfermo se plantó. “No duermo ni descanso, no quiero ponerme pañal, ni pasar los días de la cama al sillón, ni sufrir más dolores. Se acabó”, recuerda sus palabras Samantha, su hija. Presentaron la solicitud a su doctor de atención primaria, se le asignó un médico responsable y un equipo asistencial ―facultativo, enfermera y trabajadora social―, y comenzó un periodo deliberativo de alrededor de 10 días, en los que el equipo visitó y habló con Anthony para comprobar que cumplía los requisitos, estaba capacitado, informado, y su voluntad de morir no se debía a la ausencia de recursos económicos o asistenciales, como cuidados paliativos, que pudieran aliviar su situación.
“Nuestro problema no era de falta de recursos. Él quería irse”, manifiesta Samantha, que reconoce que el procedimiento no fue sencillo, aunque prefiere no entrar en detalles. Lleva un rato relatando el periplo de su padre en una sala del hospital. A su lado, el doctor Fierro permanece callado. No tiene nada que decir. A estas alturas del proceso, él no conocía a la familia. El equipo asistencial sí había preguntado a Anthony por la posibilidad de convertirse en donante de órganos, si había pensado en ello, y si le gustaría conocer más al respecto. Y él, sorprendido porque pensaba que nada en su cuerpo podría servirle a nadie, había llorado de alegría, y dicho que sí. “Cuando se fueron, mi padre me preguntó: ‘¿Tú estás segura de que quieren mis órganos?“, recuerda la hija, que bromeó: ”Papá, tus músculos seguro que no, pero ¿por qué no el resto?»
Donación y eutanasia: caminos independientes
Anthony ratificó su deseo de morir en una segunda solicitud formal, ante su médico responsable. Es en ese momento, no antes, cuando el equipo de trasplantes entra a escena, en una primera visita meramente informativa. Fierro le explicó que, si quería donar, debía someterse a algunas pruebas para evaluar la salud de sus órganos y garantizar su funcionamiento en otro cuerpo; también tendría que acabar en el hospital ―la donación requiere que el fallecimiento ocurra en un entorno hospitalario―. Más allá de esos peajes imprescindibles, Fierro apunta: “Le dejamos claro que nuestra prioridad era él, y que haríamos compatible su deseo de donar con la manera en la que decidiera irse”. Se marchó, dejándole tiempo para que reflexionara, no sin antes recordarle que en cualquier momento podía desistir de su decisión, sin tener que dar explicaciones.
Los caminos de la eutanasia y de la donación de órganos son independientes y no interfieren entre sí. La Comisión de Garantía y Evaluación, órgano multidisciplinar encargado de tomar la decisión final sobre una prestación de ayuda a morir, no sabe, ni le importa, si el expediente sobre el que resuelve corresponde o no al de un donante de órganos. Solo cuando la comisión aprobó el de Anthony se concertó la segunda visita del equipo de trasplantes. En ella, el paciente les cuenta su plan: quiere que su último recuerdo consciente sea de él yaciendo en su cama, con música de David Bowie y su mujer cogiéndole la mano. Ni sus hijas ni nadie más, solo “el amor de su vida”, refrenda Samantha. Una vez sedado, una ambulancia lo trasladará al Hospital del Poniente. Ya con un plan concreto y cerrado, firma el consentimiento para la donación, y quedan fijados día y hora para culminar el proceso.
Cuando la LORE entró en vigor, un mes de junio, la ONT estableció una serie de pautas internas para actuar si se producía una eutanasia con donación de órganos. El primer caso se presentó en septiembre. Viendo el goteo de peticiones, puso en marcha un grupo de trabajo, de ámbito nacional, del que salió el protocolo actual, que fija cuándo y cómo interviene el equipo de trasplantes. La figura del coordinador de trasplantes cobra aún más relevancia en este nuevo escenario, en el que hay que hablar, cara a cara, con la persona que va a fallecer. En enero de 2026, había en España 748 coordinadores, un 62% médicos (la mayoría intensivistas) y un 38%, enfermeras. “Están formados y preparados para afrontar situaciones de duelo, de manera que su intervención no suponga un dolor adicional”, se enorgullece Domínguez-Gil.
Unas semanas antes del día fijado para su prestación de la ayuda a morir, el estado de salud de Anthony empeoró significativamente por una infección de orina. Fierro y el médico responsable de su proceso de eutanasia se desplazaron a su domicilio. El segundo habló con el enfermo, mientras el coordinador de trasplantes se retiraba a un discreto segundo plano. “Podemos trasladarte al hospital para procurar mejorar tu situación; en ese caso, no te garantizamos que puedas volver a casa. O todo acaba aquí. Es tu decisión”, le planteó. Anthony preguntó a Samantha: “Si me sedan ahora, ¿podríamos seguir adelante con la donación?“, a lo que su hija respondió que no, que no sería posible. ”Pues, vámonos al hospital», zanjó el padre.
“Fueron unos días muy difíciles”, se emociona Samantha. La situación clínica de Anthony remontó, pero arreciaron los espasmos musculares, que le causaban un gran dolor, muy complicado de manejar; no pudo regresar a su hogar y mantener el plan inicial. Su fiesta de despedida quedó cancelada, y se fijó una nueva fecha para su eutanasia. Su otra hija, que vive en Inglaterra, se unió a la familia para pasar con él sus últimos días, en una habitación de la UCI, con la playlist que había preparado. “Procuramos que fuera lo más parecido posible a lo que él deseaba, pese a las circunstancias”, atestigua Fierro.
La mañana de su sedación final se interesó por el estado de sus riñones; la infección de orina había afectado su función renal, y le preocupaba que no fueran aptos para la donación.
– Están bien, hemos conseguido recuperarlos.
– ¡Me alegro!
Un sistema por engrasar
Cuando una persona desea acogerse a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha de acudir a un facultativo, no necesariamente de atención primaria ―puede ser su especialista, por ejemplo―, para solicitarla. Si el médico en cuestión se ha registrado como objetor de conciencia ―ha debido hacerlo antes, no sobre la marcha, cuando le llega un caso―, la dirección del centro o área sanitaria ha de dar cobertura al derecho que ampara al paciente. Se le asigna un equipo asistencial y un médico responsable, y se inicia un proceso deliberativo de 10 días para valorar el contexto eutanásico. Al cabo de ese tiempo, acepta o deniega la solicitud. Si es aceptada, y la persona quiere seguir adelante, firma una segunda solicitud, y ratifica su decisión.
El expediente pasa entonces a un médico consultor externo, de la especialidad sobre la que recaiga la patología del solicitante, pero sin contacto previo con él. Es una segunda opinión, que corrobora, o no, la decisión del médico responsable. “En Andalucía se ha creado el perfil de consultores en cada distrito sanitario”, informa Álvaro Tortosa, director del curso de experto en Bioética para Enfermería de la UNIR y miembro del grupo de trabajo de calidad de la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía. Dicha Comisión, de ámbito autonómico, es el paso final del procedimiento. Para cada caso, nombra un grupo de verificación compuesto por un médico y un jurista, que emite el dictamen definitivo. Tortosa destaca que, en cualquier momento, la persona puede reclamar, si una decisión no le ha parecido correcta, así como aplazar o anular su solicitud.
Si hay luz verde de la Comisión, se acuerda día y lugar para realizar la prestación de ayuda a morir. El fallecimiento se certifica como muerte natural. En teoría, todo el proceso debería durar unos dos meses. En la práctica surgen dificultades y obstáculos que pueden alargarlo. “Estamos trabajando mucho para que mejore, pero en un tema de avance de derechos como este, cuesta años que la sociedad lo asuma y normalice”, incide Tortosa. A veces, las familias no entienden la decisión de su ser querido, y se oponen. En otras ocasiones cuesta encontrar facultativos que se pongan al frente de un caso, o ejerzan de médicos consultores. Uno de los principales escollos, en su opinión, es la falta de formación en la materia de los sanitarios y cargos intermedios. “Queda mucho por hacer”, reconoce el experto.
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