España evidenció en 2021 su conciencia sobre el grave problema de incidencia de la pobreza al aprobar la política social más relevante de la última década. Cuatro años después, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanza 400.000 hogares. Sin embargo, una cuarta parte de la población española reside en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta brecha refleja las limitaciones estructurales del diseño de la política social y del modelo económico español.
Nos vendría bien un ‘shock’ de productividad en la parte inferior de la distribución salarial
España evidenció en 2021 su conciencia sobre el grave problema de incidencia de la pobreza al aprobar la política social más relevante de la última década. Cuatro años después, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanza 400.000 hogares. Sin embargo, una cuarta parte de la población española reside en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta brecha refleja las limitaciones estructurales del diseño de la política social y del modelo económico español.
Para comprenderla, lo primero es despiezar el indicador de riesgo de pobreza o exclusión. Una persona se encuentra en esta situación si reside en un hogar que cumple al menos una de estas tres condiciones: pobreza monetaria (ingresos inferiores al 60% de la mediana), carencia material severa (ausencia de al menos 7 de 13 elementos básicos), o baja intensidad laboral (los miembros del hogar en edad de trabajar estuvieron empleados menos del 20% del tiempo posible durante el año).
El IMV, en cambio, está diseñado como red de seguridad básica. Sus umbrales son inferiores a los que corresponden a la pobreza puramente monetaria. Así, al observar la brecha entre ambas, muchas voces defienden un IMV más generoso. A esta razonable petición hay que añadirle dos calificaciones. Primera: la AIReF documenta que la mayoría de hogares susceptibles ni lo solicita. La persistencia de este dato nos debería llevar a pensar a quienes defendemos transferencias monetarias si no valdría la pena reconsiderar la forma de la política. La segunda es que no tenemos una de las tasas de pobreza más altas de los países ricos por tener un IMV insuficiente. En una economía de mercado, el peso de reducir la pobreza proviene de los ingresos del trabajo, y España mantiene una tasa de pobreza coherente con su elevadísimo desempleo.
La reducción del desempleo ha sido palanca central para disminuir la pobreza: entre 2014 y 2024, las personas en hogares con baja intensidad laboral en riesgo de pobreza o exclusión social bajó del 13,4% al 6,3%.
Reducir el desempleo estructural constituye, por tanto, un camino central. Y aquí vuelve a ser relevante lo que nos cuenta el último informe de AIReF: percibir el IMV reduce la probabilidad de trabajar hasta alrededor de 5 puntos para quienes reciben prestación más generosa. Este efecto, y esto es fundamental, persiste incluso tras la introducción en 2022 de incentivos al empleo que evitan la reducción euro por euro entre salarios y prestación.
Esto suma a la necesidad de repensar la política, y sobre todo este componente. Repensar, no descartar, porque un sistema de transferencias unificado sigue siendo necesario a la par que útil. Por ejemplo, en contextos de alta inflación. Los datos también muestran que el porcentaje de personas que están en riesgo de pobreza por presentar carencia material ha aumentado durante los últimos años. Aquí el uso del IMV ha sido una oportunidad desaprovechada: hemos preferido subsidios específicos (transporte, alquiler, energía) o descuentos a impuestos en lugar de usar el Ingreso como canal central, algo que habría sido más eficaz, eficiente y justo.
Pero quizás el fenómeno más preocupante es el incremento de la pobreza exclusivamente monetaria hasta el 13%. Esto sugiere que, aunque hogares puedan salir de otras categorías de pobreza ―especialmente de la baja intensidad laboral―, continúan percibiendo ingresos por debajo del 60% de la mediana nacional. Y, probándolo, resulta que desde 2008 la tasa de pobreza entre ocupados se mantiene estancada en el 11%, mientras que ha mejorado mucho entre jubilados (del 20% al 13%). Así, España ocupa el tercer lugar en la Unión Europea en términos de pobreza laboral.
Probablemente influya que, pese a la reducción notable de hogares con muy baja intensidad laboral, persisten problemas de desigualdades en horas trabajadas o estabilidad en el empleo. Algo que se combina con un nivel salarial medio y en la parte baja de la distribución realmente magro.
Esta persistencia de la pobreza laboral española evidencia la necesidad de incrementar ingresos concentradamente en los deciles de menor renta hasta la mediana. Los intentos de resolución vía incremento del salario mínimo han mostrado limitaciones que van precisamente a la cuestión de las horas y la intensidad laboral. El Banco de España estimó que la subida del SMI en 2019 incrementó la probabilidad de perder el empleo en torno a 3,2 puntos porcentuales a largo plazo y, al incorporar el canal de horas trabajadas, una caída de aproximadamente 4 puntos porcentuales en la proporción de días trabajados a jornada completa. La Fundación ISEAK obtuvo resultados menos negativos, pero con indicios relevantes: a corto plazo no encuentran reducción del empleo, pero sí emerge gradualmente a medio, y la intensidad laboral se reduce en alrededor de 0,84 puntos porcentuales al cabo de un año: pequeña, pero existe.
Desembocamos así en que la solución a nuestra alta pobreza relativa trasciende el ámbito de los decretos-ley por el lado de la demanda. Si repetimos el ejercicio de correlación entre riesgo de pobreza y desempleo pero con PIB per cápita, España se sitúa 5 puntos porcentuales por encima de la tasa de pobreza que le correspondería según su PIB per cápita, sugiriendo ineficiencias distributivas en el modelo de crecimiento.
Nos vendría bien un shock de productividad en la parte inferior de la distribución salarial. Esto implica complementar las políticas de demanda con otras de oferta para comprimir por la parte de abajo la distribución de ingresos. Aquí podríamos traer la lista de sospechosos habituales, desde tamaño de empresa hasta modelo productivo. Pero me voy a centrar en uno que también nos ayudaría con el desempleo estructural: inversión en capital humano para la parte baja de la distribución.
Por centrar el tiro: solo 1 de cada 40 euros de los Fondos NextGen han ido a Formación profesional. Tenemos la FP dual que no acaba de arrancar, a pesar de evidencia que muestra que aumenta en un 25% los días de trabajo y en un 42% la renta acumulada durante los dos primeros años según el estudio de Samuel Bentolila y coautores. No se suele ver a la FP como mecanismo de lucha contra el riesgo de pobreza. Pero pocas cosas mejores para empujar a largo plazo al alza de la mitad con menos ingresos de este país.
Jorge Galindo es director adjunto de EsadeEcPol
Economía en EL PAÍS
