Adeslas dice no. La mayor aseguradora de salud de España, y la que atendía hasta ahora al mayor número de funcionarios adscritos a Muface, ha comunicado que no va a presentarse al nuevo convenio 2025-2027, al considerar insuficiente la propuesta económica del Gobierno, que contemplaba una subida de las primas que cobrarían las compañías del 33,5% respecto al concierto vigente. Esta negativa vuelve a dejar en el aire la atención médica de 1,5 millones de empleados públicos y familiares, que hasta ahora han podido elegir cada año entre sanidad pública o concertada. La compañía calcula que si se presentara con las condiciones actuales acumularía unas pérdidas de 250 millones en los tres próximos ejercicios.
La sanidad de 1,5 millones de funcionarios vuelve a quedar en el aire, aunque Asisa reconoce que estudia la propuesta “incluso yendo sola”
Adeslas dice no. La mayor aseguradora de salud de España, y la que atendía hasta ahora al mayor número de funcionarios adscritos a Muface, ha comunicado que no va a presentarse al nuevo convenio 2025-2027, al considerar insuficiente la propuesta económica del Gobierno, que contemplaba una subida de las primas que cobrarían las compañías del 33,5% respecto al concierto vigente. Esta negativa vuelve a dejar en el aire la atención médica de 1,5 millones de empleados públicos y familiares, que hasta ahora han podido elegir cada año entre sanidad pública o concertada. La compañía calcula que si se presentara con las condiciones actuales acumularía unas pérdidas de 250 millones en los tres próximos ejercicios.
SegurCaixa Adeslas —controlada en un 50,1% por el grupo Mutua Madrileña y en un 49,9% por CaixaBank— explica que con el convenio actual ya ha perdido 256 millones de euros en los tres últimos años. Estos números rojos son “difícilmente asumibles” y “de seguir así, comprometerían la solvencia y el futuro de la entidad”. Estas cifras han sido verificadas por una firma auditora de primera línea, según detalla la aseguradora.
Adeslas reclamaba al Gobierno un concierto solo por dos años y con una subida acumulada de las primas del 47%, para recoger no solo el aumento de la inflación y la siniestralidad, sino las nuevas coberturas. El incremento queda lejos de lo propuesto por parte del Ejecutivo para eso dos primeros ejercicios, que es del 28%.
En el vigente convenio 2021-2024, que vence el 31 de diciembre, además de Adeslas también prestaban asistencia sanitaria a los funcionarios las compañías Asisa y DKV. El Ministerio de Función Pública ya sacó una primera licitación para este convenio en noviembre, pero quedó desierta. Ahora ha dado de plazo hasta el 15 de enero para que las aseguradoras interesadas se presenten. De acuerdo con fuentes del mercado, DKV tampoco tiene intención de acudir y Asisa tendría difícil asumir el concierto en solitario, por lo que la situación de Muface vuelve a estar en un punto crítico. Con todo, fuentes de esta última compañía explican que “con la subida del 33,5% ha cambiado la situación”. “Vamos a analizar hasta el último momento si nos podríamos presentar, incluso yendo solos”, agregan.
Para tratar de ganar tiempo, Función Pública ya ha comunicado a las entidades que participan en el convenio actual que va a forzar una prórroga al menos hasta el 1 de abril de 2025. En caso de que la licitación quedara desierta, podría extender esa prórroga hasta finales de septiembre, valiéndose de la ley de Contratos del Sector Público. Desde el ministerio explican que con esta medida “se garantiza su cobertura con las condiciones actuales hasta que el convenio actual se sustituya por el nuevo”.
El sindicato mayoritario dentro de los funcionarios, Cesif, ha pedido al Gobierno “una reunión al más alto nivel” para aclarar la situación. También piden a las aseguradoras “la máxima responsabilidad ante la gravedad de la situación” y recuerdan que durante años han colaborado sin problemas con el modelo de Muface: “Les pedimos que no abusen de su situación”, indican.
El llamado modelo Muface, basado en el mutualismo administrativo, vive sus horas más bajas. Este tipo de conciertos para ofrecer sanidad privada a ciertos grupos de funcionarios empezó durante el franquismo y se consolidó hace 50 años, en los albores de la democracia. Durante mucho tiempo, había decenas de compañías aseguradoras que participaban en los convenios, pero la cicatería de los sucesivos Gobiernos en las primas que pagan para compensar la prestación de estos servicios sanitarios ha provocado que, poco a poco, todas fueran huyendo. Sanitas, Mapfre, Caser o Axa son algunas de las entidades que en su día participaron en conciertos de Muface y que ya no están.
En la actualidad, dos tercios de los mutualistas de Muface son profesores de primaria, secundaria y universidades. También hay policías nacionales, funcionarios de prisiones, inspectores de Educación y Hacienda o agentes de Aduanas. La preocupación dentro del colectivo es máxima y desde hace dos meses han realizado diversas movilizaciones para reclamar al Gobierno y a las aseguradoras que se pongan de acuerdo para garantizar la viabilidad del modelo. Los mutualistas de Muface tienen derecho a asistencia sanitaria para ellos y para sus familiares directos (hijos y padres o hermanos a su cargo). También están cubiertos los funcionarios jubilados.
Las aseguradoras siempre se han quejado de que las primas que recibían eran escasas. En 2022 la situación se exacerbó debido a una inflación galopante, que llegó a superar el 10%. El incremento de los costes para los proveedores de servicios sanitarios hizo que las pérdidas históricas que generaba el concierto de Muface se agravaran. De acuerdo con los datos sectoriales, Adeslas, Asisa y DKV han perdido en los tres últimos años 600 millones de euros por la prestación de esta asistencia médica a empleados públicos.
En esta coyuntura, el Ministerio de Sanidad —controlado por Sumar— ha aprovechado para publicar un informe en el que se asegura que es perfectamente “viable y razonable” que los funcionarios cubiertos por Muface pasen a la Sistema Nacional de Salud. La formación política ya llevaba en su programa una propuesta para ir acabando con este modelo de colaboración público-privada y la espantada de las aseguradoras ha resultado un momento propicio para impulsarla. En cambio, las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia sanitaria, han advertido que la llegada de cientos de miles de funcionarios y familiares supondría estresar en exceso la atención ambulatoria y hospitalaria.
Muface no es la única mutualidad de funcionarios que opera en España. Los empleados públicos de la Administración de Justicia están adscritos a Mugeju (con 91.000 beneficiarios) y los guardias civiles y militares a Isfas (otras 550.000 personas). A diferencia de lo ocurrido con Muface, en estos dos casos sí que se habían presentado varias aseguradoras para ofrecer esta cobertura. Asisa y Muface para Isfas y Mugeju, y la Nueva Mutua Sanitaria solo para esta última. Otras compañías, como Sanitas y Mapfre, decidieron no acudir a este convenio. Sin embargo, el proceso de licitación está parado por una medida cautelar adoptada por un tribunal administrativo.
En estos dos casos, los conciertos están avanzando porque la composición de la cartera de beneficiarios es muy distinta. Particularmente, en el caso de Isfas, el colectivo está mucho menos envejecido. En el caso de Muface, cada vez la edad media es mayor. Primero, porque cada vez menos funcionarios tienen este beneficio. Y, además, porque los nuevos mutualistas optan mayoritariamente por la sanidad pública. Esto provoca que la cartera tenga cada vez más enfermedades y requiera de mayores atenciones médicas, con lo que se aumenta la siniestralidad y se estrechan los márgenes, según las aseguradoras.
Economía en EL PAÍS
