«Algunas familias, a pesar de tener recursos, abandonaban a sus hijos para que fuesen tutelados»

Tras la operación de la Policía Nacional contra el fraude en el sistema de tutela de menores extranjeros en Tarragona, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha condenado este jueves que «algunas familias, a pesar de tener recursos económicos, abandonaban a sus hijos en dependencias policiales, para entrar en el sistema de protección». Por este motivo, ha recordado que su finalidad es garantizar la atención a los que sí se encuentran en situación de vulnerabilidad, y «no puede ser pervertido por estas prácticas».Martínez Bravo ha indicado que el dispositivo para desmantelar la red, que ha contado con la colaboración de la Dirección General de Atención y la Infancia y la Adolescencia, pone de manifiesto que «el sistema funciona», y que « las reformas emprendidas en los últimos meses» para refundarla «da sus frutos» para detectar los «fraudes» y asegurar que el «sistema de protección está blindado para aquellos menores que sí lo necesitan». En la misma línea, la titular de Derechos Sociales ha subrayado que casos como este «no pueden poner en tela de juicio» las medidas para su protección. Sus declaraciones se producen después de que las pesquisas policiales se hayan saldado con una treintena de padres detenidos , por abandonar a sus hijos, tras aleccionarlos para que se hiciesen pasar por menores sin recursos y beneficiarse así de las ayudas de la administración. Según el Cuerpo, el fraude superaría el millón y medio de euros y, 22 de esos niños, que estaban bajo tutela de la Generalitat, ya han sido entregados a sus progenitores. En buena parte de los casos, las familias tenían un poder adquisitivo medio-alto , según ha detallado la Policía Nacional, y, tras dejar en España a sus hijos, regresaban a sus países de origen -ya que contaban con visados Schengen- para luego visitarlos en los centros de acogida. Al territorio nacional accedían con visados de turismo tipo C , obtenidos con los consiguientes requisitos de solvencia económica exigidos. Así, dejaban a los menores, intencionadamente, cerca de comisarías, centros de tutela u otros organismos públicos para que los pequeños, siguiendo las instrucciones de sus padres, fuesen declarados en situación de desamparo, y activar así el sistema de protección. Con motivo de este caso, Juan Fernández (PP) ha criticado la gestión que el Gobierno y la Generalitat hacen de la inmigración. «El fraude y la actuación mafiosa se utilizaba para entrar en el país, para burlar la legalidad en materia de Extranjería , y ya son muchos los casos acumulados que demuestran un mal control de nuestras fronteras en España. Este caso es el mejor ejemplo que demuestra el fracaso de las políticas buenistas de la izquierda, y de que tenemos un sistema que ha fallado», ha dicho, en rueda de prensa desde el Parlamento de Cataluña.El portavoz del PP ha incidido en que este tipo de presuntos fraudes se producen «porque el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene política migratoria» y ha concretado en que esta ausencia de política produce tres problemas: «Primero, condenar a la precariedad a las personas que vienen y que acoges. Segundo, que se acaba amenazando el Estado de bienestar con el colapso de los servicios públicos. Y tercero, se facilita el fraude». Y ha denunciado que, desde su punto de vista, en concreto, « durante muchos años no se ha ejercido la debida vigilancia ni el control debido en Cataluña ».Noticias relacionadas estandar No El Govern de Illa condona la devolución de los pagos indebidos a jóvenes extutelados ABC estandar Si La Sindicatura de Cuentas detecta más de 167 millones desviados a «pagos indebidos» de la Consejería de Derechos Sociales Daniel TerceroAsí, los populares han exigido «un control riguroso del uso y el destino de los recursos públicos y las prestaciones sociales de todo tipo que otorga la Generalitat»; y ha recordado que el Govern de Salvador Illa ha perdonado la devolución de las cantidades indebidamente otorgadas por la Generalitat, en años anteriores, alrededor de 150 millones de euros , a prestadores que no cumplían con los requisitos legales. Un dinero perdido para las arcas públicas. Fernández ha avanzado que el PP pedirá la comparecencia «inmediata» en el Parlament de la consejera de Servicios Sociales, Mònica Martínez Bravo, para que dé explicaciones y «si los hechos que se han producido en Tarragona se producen también en el resto de provincias de Cataluña». Tras la operación de la Policía Nacional contra el fraude en el sistema de tutela de menores extranjeros en Tarragona, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha condenado este jueves que «algunas familias, a pesar de tener recursos económicos, abandonaban a sus hijos en dependencias policiales, para entrar en el sistema de protección». Por este motivo, ha recordado que su finalidad es garantizar la atención a los que sí se encuentran en situación de vulnerabilidad, y «no puede ser pervertido por estas prácticas».Martínez Bravo ha indicado que el dispositivo para desmantelar la red, que ha contado con la colaboración de la Dirección General de Atención y la Infancia y la Adolescencia, pone de manifiesto que «el sistema funciona», y que « las reformas emprendidas en los últimos meses» para refundarla «da sus frutos» para detectar los «fraudes» y asegurar que el «sistema de protección está blindado para aquellos menores que sí lo necesitan». En la misma línea, la titular de Derechos Sociales ha subrayado que casos como este «no pueden poner en tela de juicio» las medidas para su protección. Sus declaraciones se producen después de que las pesquisas policiales se hayan saldado con una treintena de padres detenidos , por abandonar a sus hijos, tras aleccionarlos para que se hiciesen pasar por menores sin recursos y beneficiarse así de las ayudas de la administración. Según el Cuerpo, el fraude superaría el millón y medio de euros y, 22 de esos niños, que estaban bajo tutela de la Generalitat, ya han sido entregados a sus progenitores. En buena parte de los casos, las familias tenían un poder adquisitivo medio-alto , según ha detallado la Policía Nacional, y, tras dejar en España a sus hijos, regresaban a sus países de origen -ya que contaban con visados Schengen- para luego visitarlos en los centros de acogida. Al territorio nacional accedían con visados de turismo tipo C , obtenidos con los consiguientes requisitos de solvencia económica exigidos. Así, dejaban a los menores, intencionadamente, cerca de comisarías, centros de tutela u otros organismos públicos para que los pequeños, siguiendo las instrucciones de sus padres, fuesen declarados en situación de desamparo, y activar así el sistema de protección. Con motivo de este caso, Juan Fernández (PP) ha criticado la gestión que el Gobierno y la Generalitat hacen de la inmigración. «El fraude y la actuación mafiosa se utilizaba para entrar en el país, para burlar la legalidad en materia de Extranjería , y ya son muchos los casos acumulados que demuestran un mal control de nuestras fronteras en España. Este caso es el mejor ejemplo que demuestra el fracaso de las políticas buenistas de la izquierda, y de que tenemos un sistema que ha fallado», ha dicho, en rueda de prensa desde el Parlamento de Cataluña.El portavoz del PP ha incidido en que este tipo de presuntos fraudes se producen «porque el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene política migratoria» y ha concretado en que esta ausencia de política produce tres problemas: «Primero, condenar a la precariedad a las personas que vienen y que acoges. Segundo, que se acaba amenazando el Estado de bienestar con el colapso de los servicios públicos. Y tercero, se facilita el fraude». Y ha denunciado que, desde su punto de vista, en concreto, « durante muchos años no se ha ejercido la debida vigilancia ni el control debido en Cataluña ».Noticias relacionadas estandar No El Govern de Illa condona la devolución de los pagos indebidos a jóvenes extutelados ABC estandar Si La Sindicatura de Cuentas detecta más de 167 millones desviados a «pagos indebidos» de la Consejería de Derechos Sociales Daniel TerceroAsí, los populares han exigido «un control riguroso del uso y el destino de los recursos públicos y las prestaciones sociales de todo tipo que otorga la Generalitat»; y ha recordado que el Govern de Salvador Illa ha perdonado la devolución de las cantidades indebidamente otorgadas por la Generalitat, en años anteriores, alrededor de 150 millones de euros , a prestadores que no cumplían con los requisitos legales. Un dinero perdido para las arcas públicas. Fernández ha avanzado que el PP pedirá la comparecencia «inmediata» en el Parlament de la consejera de Servicios Sociales, Mònica Martínez Bravo, para que dé explicaciones y «si los hechos que se han producido en Tarragona se producen también en el resto de provincias de Cataluña».  

Tras la operación de la Policía Nacional contra el fraude en el sistema de tutela de menores extranjeros en Tarragona, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha condenado este jueves que «algunas familias, a pesar de tener recursos económicos, abandonaban a … sus hijos en dependencias policiales, para entrar en el sistema de protección». Por este motivo, ha recordado que su finalidad es garantizar la atención a los que sí se encuentran en situación de vulnerabilidad, y «no puede ser pervertido por estas prácticas».

Martínez Bravo ha indicado que el dispositivo para desmantelar la red, que ha contado con la colaboración de la Dirección General de Atención y la Infancia y la Adolescencia, pone de manifiesto que «el sistema funciona», y que «las reformas emprendidas en los últimos meses» para refundarla «da sus frutos» para detectar los «fraudes» y asegurar que el «sistema de protección está blindado para aquellos menores que sí lo necesitan». En la misma línea, la titular de Derechos Sociales ha subrayado que casos como este «no pueden poner en tela de juicio» las medidas para su protección.

Sus declaraciones se producen después de que las pesquisas policiales se hayan saldado con una treintena de padres detenidos, por abandonar a sus hijos, tras aleccionarlos para que se hiciesen pasar por menores sin recursos y beneficiarse así de las ayudas de la administración. Según el Cuerpo, el fraude superaría el millón y medio de euros y, 22 de esos niños, que estaban bajo tutela de la Generalitat, ya han sido entregados a sus progenitores. En buena parte de los casos, las familias tenían un poder adquisitivo medio-alto, según ha detallado la Policía Nacional, y, tras dejar en España a sus hijos, regresaban a sus países de origen -ya que contaban con visados Schengen- para luego visitarlos en los centros de acogida.

Al territorio nacional accedían con visados de turismo tipo C, obtenidos con los consiguientes requisitos de solvencia económica exigidos. Así, dejaban a los menores, intencionadamente, cerca de comisarías, centros de tutela u otros organismos públicos para que los pequeños, siguiendo las instrucciones de sus padres, fuesen declarados en situación de desamparo, y activar así el sistema de protección.

Con motivo de este caso, Juan Fernández (PP) ha criticado la gestión que el Gobierno y la Generalitat hacen de la inmigración. «El fraude y la actuación mafiosa se utilizaba para entrar en el país, para burlar la legalidad en materia de Extranjería, y ya son muchos los casos acumulados que demuestran un mal control de nuestras fronteras en España. Este caso es el mejor ejemplo que demuestra el fracaso de las políticas buenistas de la izquierda, y de que tenemos un sistema que ha fallado», ha dicho, en rueda de prensa desde el Parlamento de Cataluña.

El portavoz del PP ha incidido en que este tipo de presuntos fraudes se producen «porque el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene política migratoria» y ha concretado en que esta ausencia de política produce tres problemas: «Primero, condenar a la precariedad a las personas que vienen y que acoges. Segundo, que se acaba amenazando el Estado de bienestar con el colapso de los servicios públicos. Y tercero, se facilita el fraude». Y ha denunciado que, desde su punto de vista, en concreto, «durante muchos años no se ha ejercido la debida vigilancia ni el control debido en Cataluña».

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