Son las diez de la mañana y los ciervos pastan entre los árboles que se encuentran dentro del perímetro de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). De fondo, las llamadas por altavoz a distintos trabajadores indican que estas instalaciones están en un momento de ebullición. La planta acomete en estos días el conocido como proceso de recarga, en el que uno de sus dos reactores está detenido para retirar el combustible usado y ponerlo en piscinas con agua y boro. Un tercio no volverá a utilizarse —ya que ha alcanzado el máximo de su vida útil—, pasará a ser un residuo nuclear y será sustituido por combustible nuevo. Este movimiento que dura poco más de 30 días y que se hace cada 18 meses, conlleva una contratación extra de personal de unas 1.000 personas, lo que eleva la plantilla actual de la central a unos 2.000 trabajadores.
Las energéticas dueñas de la planta aseguran que podría funcionar hasta la década de 2060; los vecinos temen la pérdida de empleos
Son las diez de la mañana y los ciervos pastan entre los árboles que se encuentran dentro del perímetro de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). De fondo, las llamadas por altavoz a distintos trabajadores indican que estas instalaciones están en un momento de ebullición. La planta acomete en estos días el conocido como proceso de recarga, en el que uno de sus dos reactores está detenido para retirar el combustible usado y ponerlo en piscinas con agua y boro. Un tercio no volverá a utilizarse —ya que ha alcanzado el máximo de su vida útil—, pasará a ser un residuo nuclear y será sustituido por combustible nuevo. Este movimiento que dura poco más de 30 días y que se hace cada 18 meses, conlleva una contratación extra de personal de unas 1.000 personas, lo que eleva la plantilla actual de la central a unos 2.000 trabajadores.
Si se cumple el calendario de cierre establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), esta será una de las últimas recargas de una planta para la que está fijado el cierre del reactor I en noviembre de 2027, y del II, en octubre de 2028. “Esta central no se parece en nada a la que era cuando yo entré en ella en los noventa, porque se ha ido invirtiendo en ella y actualizándola cada año. Puede seguir funcionando perfectamente”, defiende Jesús Camacho, jefe de turno de operación de la central, en el simulador de la sala de control. Rodeado de multitud de botones y pantallas explica que esta instalación vale unos 15.000 millones de euros y considera que podría alargar su vida útil hasta los 80 años, lo que supondría llegar hasta la década de 2060, al igual que hará su central nuclear gemela, que se encuentra en Virginia (Estados Unidos).
Patricia Rubio Oviedo también trabaja en la central, como jefa de la oficina técnica de operación, y al igual que Camacho defiende alargar la vida útil de la instalación. No solo alega motivos de empleo; alerta que el cese puede elevar el coste del recibo de la luz para los ciudadanos. “Se encarecería un 32% la factura porque habría que sustituir la nuclear con gas, el cual hay que comprar fuera”, dice Rubio, que incide en la seguridad de una planta en la que están de forma permanente tres inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear: “Tienen acceso a toda la documentación y las reuniones que se producen. Hay total transparencia”. Rubio también subraya que la planta ha vuelto a ser reconocida como WANO I, una denominación que otorga la Asociación Mundial de Operadores Nucleares y que la sitúa como una de las mejores centrales del mundo.
Lo cierto es que más allá del ruido mediático en torno a la continuidad o no de la planta en los últimos años, las energéticas dueñas de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) no han pedido aún de forma oficial una prórroga para estas instalaciones, que en caso de producirse sería en principio por unos tres años más. Este periódico adelantó el miércoles que estas compañías ya ultiman la petición de ampliación de la vida de Almaraz más allá de 2027, algo que se resistían a hacer sin una rebaja fiscal —el sector en su conjunto denuncia que la carga impositiva que soporta hace que el negocio no sea rentable—. Finalmente, parece ser que las empresas lo solicitarán aún sin un descuento tributario, algo que sí han logrado de la Junta de Extremadura. Allí, el gobierno de María Guardiola (PP) cedió ante Vox para rebajar la ecotasa (un impuesto por el impacto ambiental producido por la central) de forma gradual hasta 2029, cuando la rebaja alcanzaría los 45 millones. El objetivo del Ejecutivo autonómico es aprobar unos presupuestos con la organización de ultraderecha.
“Hemos hecho nuestra parte, pero es cierto que en esa asfixia fiscal que tiene la energía nuclear, esta decisión por sí solo no basta. El Gobierno mantiene una carga fiscal muy alta y pedimos que deje de mirar para otro lado”, indica en una llamada telefónica a este medio la consejera extremeña de Agricultura, ganadería y desarrollo sostenible, Mercedes Morán, quien destaca que en la última reunión sectorial de energía celebrada en febrero tuvo el apoyo de otras 11 autonomías para pedir por la continuidad de las nucleares.
Desde Transición Ecológica recuerdan que todavía no ha habido ninguna petición formal por parte de las eléctricas y se recuerdan las líneas rojas del Ejecutivo: que no represente un riesgo para la población de la zona, que sea segura para el sistema eléctrico y que no suponga un gasto extra para los usuarios. “Estamos trabajando en crear alternativas socioeconómicas en la zona afectada por el cierre de la central de Almaraz, como la gigafactoría de Envisión, que tiene asignada una ayuda de 300 millones de euros dentro de las políticas de transición justa. No queremos que se repita la situación de Garoña, donde el abrupto cierre de la central y los años de incertidumbre que le sucedieron impidieron materializar alternativas para el territorio”, indican fuentes del ministerio.
Morán responde al Ejecutivo asegurando que en Extremadura quieren la inversión de Envision, pero también a la central y no que la una sustituya a la otra. “Tenemos otros importantes proyectos como el del centro de datos de Navalmoral de la Mata [que levantarán Merlin Properties y Edged Energy], que necesitan de un gran volumen de energía. Sin Almaraz, se limitaría la llegada de empresas a la región”, explica la consejera, que añade que la nuclear puede convivir con las renovables.
En cuanto a la supuesta asfixia fiscal de la que acusa la Junta al Ejecutivo central, se debe a la actualización, en julio de 2024, de la tasa Enresa, que es la empresa pública que se encarga de la gestión de los residuos radiactivos del país, un gravamen que sigue el principio de que quien contamina, paga. Gestionar este tipo de residuos es algo que todos los países con energía nuclear hacen con plazos muy largos. Según información publicada por el Ministerio de Transición Ecológica, la actualización de esta prestación permitirá cubrir los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares, una vez que se produzca su cese definitivo de actividad, además de atender la gestión de sus residuos y del combustible nuclear gastado, incluyendo su depósito definitivo en un Almacén Geológico Profundo. Las actividades de desmantelamiento y almacenamiento seguro de los residuos se desarrollarán hasta el año 2100.
Una comarca que vive de la central
Saliendo de la central en dirección al pueblo de Almaraz, se pueden ver en diferentes sitios varios carteles en apoyo a la continuidad de la planta, algunos de ellos colgados en la propia fachada del ayuntamiento. “Eso de allí [señala con el dedo, desde el balcón del consistorio] es el matadero, otra gran fuente de empleo, con unas 260 personas trabajando, pero no es comparable. No hay ninguna industria aquí que pueda sustituir a la central”, explica el alcalde del pueblo, el socialista Juan Antonio Díaz. “Si la cierran sería una pena. Hoy, los bares, por ejemplo, están haciendo su agosto, están a tope por la recarga”, añade este político que teme por los 4.000 empleos entre directos e indirectos que genera la instalación en la región.
En uno de esos bares, el Nuevo Hogar, que está a unos pocos metros del consistorio, están terminando de comer algunos de los trabajadores de la planta y vecinos de la zona. Es el caso de Carlos González, un joven que está empleado ahora mismo por la recarga. “Simplemente con esto [de la recarga] tenemos trabajo mínimo una o dos veces al año. La gran mayoría de gente joven que estamos aquí, aunque no estemos en la central todo el año, siempre entramos a las paradas y recargas”, comenta González rodeado de varios de sus compañeros. “La central significa trabajo, no solo para el pueblo, sino para la comarca”, añade otro vecino, José Luis Rodríguez, que se muestra pesimista en torno a la continuidad de la planta.
Por su parte, el alcalde del pueblo asegura estar “enfadado” con su propio partido a nivel nacional, al que acusa de no recibirle: “En mayo le pedimos al secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres que convocara una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para que los alcaldes de la zona del PSOE pudiésemos explicar cómo se iba a ver afectada la comarca. Hasta ahora no hemos recibido noticia alguna”.
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