Las declaraciones de los funcionarios y trabajadores públicos son una de las piezas sobre las que se sustenta la investigación del caso de corrupción medioambiental de Forestalia, por el que esta empresa de renovables logró que el Gobierno central y el aragonés le concedieran el visto bueno a sus proyectos a cambio presuntamente de mordidas. Estos trabajadores públicos relataron a los agentes de la Guardia Civil una serie de irregularidades en las tramitaciones que incluyeron presiones, ceses y cambios de sentido de informes que solo tenían un propósito: beneficiar supuestamente a los proyectos de la compañía de Fernando Samper, al que el juez de Teruel encargado del caso, Juan José Cortés Hidalgo, considera el “tronco central” de esta trama.
Seis trabajadores detallan a la Guardia Civil las supuestas maniobras de dos ex altos cargos del ministerio y el Gobierno aragonés para beneficiar los proyectos renovables de la empresa
Las declaraciones de los funcionarios y trabajadores públicos son una de las piezas sobre las que se sustenta la investigación del caso de corrupción medioambiental de Forestalia, por el que esta empresa de renovables logró que el Gobierno central y el aragonés le concedieran el visto bueno a sus proyectos a cambio presuntamente de mordidas. Estos trabajadores públicos relataron a los agentes de la Guardia Civil una serie de irregularidades en las tramitaciones que incluyeron presiones, ceses y cambios de sentido de informes que solo tenían un propósito: beneficiar supuestamente a los proyectos de la compañía de Fernando Samper, al que el juez de Teruel encargado del caso, Juan José Cortés Hidalgo, considera el “tronco central” de esta trama.
Así lo reflejan las declaraciones que seis de estos trabajadores prestaron en diciembre y enero pasados ante los agentes de la de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y a las que ha accedido EL PAÍS. Los delitos que se investigan en esta causa, iniciada tras una denuncia de Teruel Existe, son prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las irregularidades se centran en el último boom de las renovables en España entre 2022 y 2023, cuando decenas de empresas competían por lograr los permisos ambientales para instalar sus plantas solares y eólicas. Forestalia centró su expansión en Aragón, aunque para lograr sus permisos necesitaba del visto bueno en muchos casos de la administración central y de la autonómica. Y aquí es donde emergen dos figuras clave, dos altos cargos que se encargaron de tramitar personalmente los proyectos de Forestalia para que supuestamente salieran adelante aunque fueran de dudosa viabilidad y de ejercer las presiones a los trabajadores públicos, siempre según el relato de los testigos.
Por un lado, en el Ministerio para la Transición Ecológica la investigación sitúa como personaje clave a Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental entre 2017 y junio de 2023, y luego unos meses más asesor del mismo departamento. Cuatro trabajadores y extrabajadores de esa subdirección, que era la que debía conceder o rechazar el aval ambiental a los proyectos renovables, relataron a los agentes cómo Domínguez, que figura como investigado en la causa, se “asignaba” los proyectos de Forestalia “sin pasar por el cauce de registro” y que incluso llegó a retirar a funcionarios de la tramitación de algún parque de esta compañía, como el Clúster del Maestrazgo, el mayor parque eólico del país. Según la investigación de la Guardia Civil, Domínguez habría recibido una supuesta contraprestación de 5,2 millones de euros de Forestalia a través de un entramado de sociedades y préstamos.
En el lado del Gobierno aragonés de esta trama figura presuntamente como pieza clave Jesús Lobera, director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) entre 2016 y 2023 ―cuando gobernaba el PSOE―, el órgano que se encargaba de emitir los permisos de los parques que tenían una potencia inferior a 50 megavatios. No obstante, en el caso de los más grandes, el papel del INAGA también era relevante porque debía pronunciarse obligatoriamente sobre las afecciones ambientales en esta comunidad, aunque el permiso último dependiera del ministerio.
Dos trabajadores del INAGA relataron en enero a los agentes las supuestas presiones e irregulares relacionadas con Forestalia, una empresa que cuenta con vínculos políticos a izquierda y derecha en Aragón. Si los últimos registros en este caso realizados a principios de este mes apuntaban a las conexiones de la trama corrupta con ex altos cargos del PAR (Partido Aragonés) que ahora trabajan para Forestalia, la declaración de estos trabajadores del INAGA señala al socialista Lobera, que, entre otras cosas, fue concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Barbastro.
Los trabajadores del INAGA contaron en su declaración como testigos que Lobera “desarrolló su trabajo con normalidad hasta la llegada del boom de las renovables». A partir de ese momento, mostró una actitud “proactiva” para que los proyectos salieran adelante. Uno de estos testigos relata que “las presiones ejercidas” por Lobera “eran tan elevadas” que solo logró que “le firmara tres informes desfavorables” durante esos años.
Estos dos trabajadores del INAGA fueron finalmente apartados y cesados en sus funciones de la gestión de los proyectos de renovables. Se les recolocó en otras áreas del INAGA, no sin antes llegar a amenazar supuestamente a uno de ellos con abrirle un expediente, según el relato ante la Guardia Civil.
Tras apartarlos, Lobera envió un correo electrónico en el que ordenó que “todos los expedientes relacionados con las renovables” pasasen a “ser gestionados personalmente por él”, igual que hizo Domínguez con los expedientes de Forestalia en el ministerio. “Una vez asumida la gestión de estos expedientes por Jesús Lobera, todas las resoluciones pasaron a ser positivas”, indicó este testigo, que citó explícitamente también los vínculos de este ex alto cargo con los expolíticos del PAR que trabajaban para Forestalia. También con Fernando Samper, con el que “se reunía semanalmente para comer”, según las mismas declaraciones. Una de las funcionarias llega a afirmar que recibió una llamada de Lobera cuando este estaba comiendo “con los de Forestalia” para hacerle “de manera abierta preguntas sobre un expediente relacionado con estos a fin de darles directamente una respuesta sobre los proyectos que se estaban tramitando”.
El gran proyecto
En el centro de la trama está el mayor proyecto eólico del país, el Clúster del Maestrazgo que Forestalia tramitó en la provincia de Teruel y que prevé la construcción de 125 gigantescos aerogeneradores. Tras lograr los permisos, Forestalia vendió el proyecto a un fondo danés, aunque su ejecución pende ahora de un hilo después de que la Fiscalía y la Guardia Civil hayan propuesto al juez que paralice cautelarmente el complejo.
Forestalia dividió este macroproyecto en 22 parques, algo que solía hacer con frecuencia para que su tramitación recayera solo en el Gobierno aragonés. Uno de los testigos del INAGA declaró que el promotor también lo intentó con el Clúster del Maestrazgo, pero al afectar también a la provincia de Castellón finalmente fue asumido por el ministerio, aunque el INAGA debía pronunciarse también sobre sus afecciones medioambientales.
Los dos trabajadores del INAGA testigos de este caso elaboraron un informe “que contenía reparos para que el proyecto saliera adelante”. Y lo elevaron para que fuera firmado por Lobera. Pero el responsable del INAGA se negó a firmarlo porque el “informe estaba contaminado”, siempre según la declaración a la que ha accedido este diario. A partir de ese momento, Lobera los aparta del expediente. “Tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo”, aseguró un testigo que le dijo Lobera.
Finalmente, el informe ambiental del proyecto del Maestrazgo que sale del INAGA rumbo al ministerio es positivo, en contra del criterio de los técnicos. Al otro lado, están analizando la viabilidad del macroparque eólico los trabajadores de la subdirección general de Evaluación Ambiental del ministerio. Uno de los responsables de ese análisis y testigo de la causa explicó a los agentes que era “un proyecto de complicada aprobación en su totalidad”. Este también contó a la Guardia Civil que “tras estar un tiempo trabajando sobre el mismo, un día se percata de que dicho proyecto le fue retirado de su competencia” y que se lo autoasigna Eugenio Domínguez, que a partir de ese momento se apoyó en varios trabajadores de Tragsatec, la empresa pública en la que contaba con una “guardia pretoriana”, según otro de los informes de la UCOMA incorporados al sumario.
El alto funcionario Domínguez era quien presuntamente maniobraba en el ministerio para que los proyectos de Forestalia lograran las declaraciones de impacto ambiental favorables. Pero quien las acaba firmando para su publicación en el Boletín Oficial del Estado era Marta Gómez Palenque, la actual directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, que llegó en 2022 al ministerio de la mano de la exministra y actual comisaria Teresa Ribera. Uno de los testigos declaró ante la Guardia Civil que elaboró un documento en el que se detallaban todos los proyectos de Forestalia que fueron asumidos por Eugenio Domínguez. Lo compartió con un superior que, según su versión, a su vez se lo trasladó a Palenque “para que tuviera conocimiento de lo referido”. En cualquier caso, la UCOMA relata en varios informes incorporados al sumario que hasta ahora no han localizado indicios de que Palenque formara parte de este entramado corrupto.
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