El reparto de los ingresos por el gravamen provocará nuevos agravios entre comunidades, en beneficio de las más ricas: Cataluña, Madrid y País Vasco Leer El reparto de los ingresos por el gravamen provocará nuevos agravios entre comunidades, en beneficio de las más ricas: Cataluña, Madrid y País Vasco Leer
Andalucía podría perder algo más de 76 millones de euros si los ingresos derivados del impuesto a la banca se reparten en función del PIB de cada comunidad, según lo pactado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios.
El Gobierno andaluz ha hecho cálculos a partir de los datos publicados por el Instituto de Estadística y cuantifica en 303,48 millones los que le corresponderían a Andalucía si la distribución se realizara en función del peso poblacional de cada comunidad. Pero ésa no es la intención del Ministerio de Hacienda. Lo pactado con sus socios de PNV y Junts es repartir los ingresos en función de la riqueza que aporta cada territorio en términos de PIB, siendo 227,10 millones los que corresponderían en ese caso a Andalucía.
Se trata por tanto de un criterio que beneficia a las comunidades más ricas como Cataluña, País Vasco y Madrid, en detrimento de las comunidades con las rentas más bajas, lo que ahondará en la brecha que actualmente existe con la aplicación del actual modelo de financiación autonómica.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, denunció este martes lo que considera «un nuevo castigo» y «un nuevo agravio» a Andalucía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez: «No puede ser que se vuelva a dar más recursos a las más ricas», se lamentó.
En el reparto por PIB propuesto, Andalucía recibiría 26,72 euros por habitante, 9 euros menos que la media, 14,5 euros menos que Cataluña, 16,15 euros menos que Navarra, 18,56 euros menos que el País Vasco o 22,14 euros menos que Madrid. En resumen, Andalucía sería la comunidad que menos recibiría por habitante en toda España, con la única excepción de Melilla, a la que corresponderían 25,99 euros por habitante.
La brecha de la financiación crecería en la medida en que las cuatro comunidades más perjudicadas por el actual modelo de reparto (Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha) serían a su vez las que menos financiación media por habitante recibirían de los ingresos por el impuesto prorrogado a la banca.
También se pronunció la consejera con respecto al impuesto a las energéticas, porque el Gobierno andaluz considera que puede frenar inversiones por valor de 5.000 millones de euros por parte de empresas que buscarán para su dinero destinos menos gravosos para sus intereses. Es el caso de la apuesta que la empresa Moeve (antigua Cepsa) tiene previsto hacer en el conocido como Valle del Hidrógeno Verde, con inversiones previstas principalmente en las provincias de Cádiz y Huelva. De esas inversiones del sector energético depende la creación en los próximos años de unos 10.000 puestos de trabajo, recordó la consejera.
«Si se van a poner en riesgo inversiones fundamentales, haremos todo lo que esté en nuestra mano para intentar frenarlo desde el punto de vista político, jurídico y social«, anunció Carolina España, que es también portavoz del Gobierno andaluz.
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