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Once años y cuatro meses después de que EL MUNDO publicara la primera exclusiva sobre el fraude cometido por la federación andaluza de UGT con las subvenciones de la Junta de Andalucía para formar parados, la Audiencia de Sevilla ha hecho pública este miércoles una sentencia que condena a los máximos responsables del sindicato por el desvío de ayudas. El fallo es un aval a las informaciones que este diario publicó a lo largo de varios años.
La Audiencia ha condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 50 millones de euros al que fuera secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, por delitos de falsedad y fraude en la gestión de las subvenciones que el sindicato recibió de la Junta por valor de 40,6 millones de euros para impartir formación. El tribunal considera probado que esos fondos se destinaron a fines distintos a los legales, principalmente actividades propias del sindicato.
La sentencia detalla los «mecanismos defraudatorios» utilizados por UGT-A para cometer el fraude, como el «bote» de facturas falsas que iba engordando con el amaño de los recibos, el «rapel» o los descuentos aplicados por los proveedores al sindicato que se ocultaban a la Junta o los alquileres ficticios de aulas donde se impartían los cursos. Todo ello fue destapado por este diario.
Este diario contó en exclusiva la existencia del «bote» el 27 de septiembre de 2013, cuando publicó una información con este título: «UGT estafaba por sistema a la Junta de Andalucía con facturas falsas». El subtítulo era el siguiente: «Acumuló un ‘bote’ de 124.000 euros tras inflar recibos con un proveedor habitual». Esa información reproducía diversos correos electrónicos, que confirmaban la emisión de facturas falsas e infladas a favor de la federación andaluza de UGT por sus proveedores habituales.
Unos días después, este diario publicó nuevas pruebas sobre este mecanismo para desviar subvenciones. Fue el 1 de octubre de 2013, cuando EL MUNDO publicó en portada (ver la fotografía que encabeza esta información) que «el manual de contabilidad de UGT incluye la gestión de botes» que el sindicato iba acumulando con sus proveedores de confianza, con la técnica de inflar decenas de facturas que luego endosaba a la Junta de Andalucía para justificar subvenciones públicas.
Aquella información desvelaba que los desmanes contables de UGT en Andalucía no eran casos aislados ni errores puntuales, como entonces pretendía hacer ver la dirección andaluza del sindicato. El aluvión de pruebas publicado por este diario incluyó facturas, albaranes y correos electrónicos sobre el «bote». Y la puntilla: el «Manual de Procedimientos» del programa informático que instaló el sindicato en 2010 para gestionar su contabilidad –Spyro– también hacía referencia a la «gestión de botes», detallado en el «proceso número nueve».
La sentencia de la Audiencia conocida este miércoles declara que «resulta probada la existencia» del programa informático Spyro para gestionar la contabilidad de UGT-A en el que figuraba el «bote». En ningún caso se puede «cuestionar su realidad», dice el fallo. Queda avalada su existencia a partir del «examen del software» empleado por el sindicato en su contabilidad, así como los «archivos» incautados en los que figura el «bote» con el «membrete de UGT-A» y la «Comisión Ejecutiva Regional».
De Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de UGT-A condenado, la sentencia dice que formaba parte de la dirección del sindicato que «autorizó la implantación del programa informático Spyro» y era informado de la gestión del «bote y rappel».
Otra manera de desviar subvenciones fueron los alquileres ficticios, como recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia. Este diario dio cuenta de ello el 11 de octubre de 2016, cuando publicó una información con este título: «UGT-A inventó alquileres para cobrar ayudas a la formación de la Junta«. Pero desde mucho antes, EL MUNDO viene publicando informaciones sobre este asunto. El 5 de febrero de 2014 detalló los vínculos entre el PSOE, su sindicato ‘hermano’ y las ayudas para la formación en la información titulada: «La Junta costea por sistema el alquiler de sedes del PSOE y UGT».
La sentencia de la Audiencia habla de la «maniobra fraudulenta» impulsada por los responsables del sindicato para «beneficiarse de fondos públicos», a través de los alquileres de aulas e instalaciones por parte de sus entes instrumentales Soralpe e IFES. A través de este «mecanismo artificioso», como lo definen los interventores que analizaron el fraude, se generaba «gasto elegible» que era «inexistente», ya que los locales e instalaciones alquiladas a IFES por Soralpe eran propiedad de UGT-A. Es decir, que el sindicato colaba como gastos de alquiler para justificar las subvenciones ante la Junta un arrendamiento ficticio, porque los locales eran propiedad del sindicato.
«Se estableció un modelo de gestión de los locales de UGT-A, mediante el cual el sindicato justificaba» ante la Junta unos «gastos que realmente no tenía» hasta que implantó este mecanismo fraudulento, dice la sentencia. Los gastos ficticios eran los «relativos al alquiler para aulas y oficinas para la impartición de acciones formativas, obteniendo con ello financiación para fines propios«, añade el fallo. Ese alquiler se realiza mediante la «interposición» entre UGT-A y su fundación vinculada IFES, de la sociedad Soralpe, que era propiedad del sindicato.
El alquiler de aulas es un «gasto subvencionable, siempre y cuando este sea necesario para la ejecución de la actividad por parte del beneficiario de la subvención, y no suponga, como se produjo en este caso, la creación de un gasto ficticio con la intervención de entidades vinculadas«, resumen los magistrados de la Sección Tercera.
Una de las primeras exclusivas de EL MUNDO sobre el caso UGT está fechada el 30 de julio de 2013, cuando comienza a destaparse el caso de las facturas falsas endosadas a la Junta. «UGT-A se gastó en publicidad de la huelga general una ayuda para formar a parados», reza la primera información ofrecida por este diario.
El 19 de agosto de 2013, el escándalo va creciendo. «UGT costeaba su revista con fondos para cursos a parados». Endosó al Fondo Social Europeo un anuncio por casi 30.000 euros para pagar su publicación.
La siguiente es del 25 de agosto de 2013. En los peores años de la crisis económica (entre 2008 a 2011), UGT Andalucía pagó con cargo a subvenciones de la Consejería de Empleo las cenas con barra libre a las que invitaba a sus empleados en vísperas de la Feria de Abril de Sevilla. Una factura desvelaba que los 12.716 euros se colaron como «reuniones sobre la negociación colectiva».
Andalucía // elmundo
