Bruselas avanza para excluir a proveedores chinos como Huawei y ZTE de las redes europeas

La Comisión Europea da una nueva vuelta de tuerca para excluir a los proveedores de redes chinos como Huawei y ZTE del mercado europeo. El Ejecutivo comunitario ha planteado reformar el reglamento de seguridad digital con el argumento de “reducir los riesgos en la cadena de suministro de tecnologías de información y comunicación procedentes de proveedores de terceros países con problemas de ciberseguridad”. La norma no pone nombres directamente, pero ahonda en el camino ya emprendido en 2020 cuando la Comisión planteó una guía con indicaciones para los Estados miembros que ya perseguía ese objetivo de sacar del mercado de la UE a los proveedores del gigante asiático y que ha provocado fricciones con los países que más se han resistido a hacerlo, como España. Ahora lo que se plantea es que, una vez se apruebe la reforma, la elaboración de una lista de entidades de alto riesgo que dará pie a su exclusión del mercado interior en el plazo de tres años.

”Las amenazas a la ciberseguridad no son solo desafíos técnicos. Son riesgos estratégicos para nuestra democracia, nuestra economía y nuestro estilo de vida. Con el nuevo paquete de ciberseguridad, contaremos con los medios necesarios para proteger mejor la cadena de suministro de nuestras tecnologías de la información», explica la vicepresidenta de la Comisión responsable de la seguridad digital, Henna Virkkunen. Como traducción de estas palabras, el Ejecutivo de la UE da datos. Por ejemplo, cifra en 307.000 millones de euros el coste de los cuatro mayores ciberataques sufridos en la UE entre 2020 y 2025; calcula que solo entre el pasado 10 de enero y el 16 de este mes ha habido unos 150 acciones de este tipo en países de la UE (100 en Polonia, 15 en Francia, nueve en España y siete en Alemania, entre otros); señala que el 28% de actos de este tipo tienen su origen en brechas de seguridad procedentes de la cadena de suministro; o que en 77 de los incidentes detectados en 2025 estaba detrás un tercer país de una forma o de otra.

Lo que hace la Comisión en su propuesta, que ahora debe negociarse en el Consejo de la UE y en el Parlamento Europeo, es señalar 18 sectores críticos en los que es necesario reducir los riesgos. Entre ellos están las redes de 5G y de 6G, pero hay otros como los equipamientos médicos, el equipamiento de vigilancia, los drones y sus sistemas de control, la programación en la nube, el material eléctrico y el almacenamiento de este tipo de energía, los semiconductores o los servicios espaciales.

Ya en 2019 la UE aprobó un reglamento sobre ciberseguridad y un año después nació la guía que ha dado pie a sacar del mercado interior a los proveedores procedentes de países como China, una medida que siempre ha reclamado Estados Unidos, tanto con la primera Administración de Donald Trump como con la de Joe Biden. Desde entonces, defiende la Comisión, los ciberataques han crecido y se han sofisticado. Y para hacer frente a esto, la Unión tiene varios problemas: la falta de una política común en este campo, los pocos avances de las certificaciones de ciberseguridad o el crecimiento del riesgo en las cadenas de suministro.

Para encarar estos problemas, lo que plantea la Comisión es un sistema para evaluar los riesgos y elaborar así una lista de proveedores de alto riesgo a los que fijarles restricciones. Esa evaluación puede partir del propio Ejecutivo de la UE o puede nacer de la iniciativa de tres Estados miembros que lo pidan. Desde que se cree la lista, habrá un margen de tres años para expulsar del mercado a estas entidades. Como apuntan fuentes del Ejecutivo, esto no puede sorprender porque forma parte de un camino emprendido ya en 2020 cuando se creó la guía que servía para recomendar la exclusión del mercado de proveedores de redes como las chinas Huawei y ZTE.

España, uno de los países de la UE que mejor relación tiene con China, ha sido uno de los que más se ha resistido a prescindir de estas empresas. A pesar de que el Gobierno ha recibido presiones de Washington y Bruselas, el pasado verano, por ejemplo, hubo una polémica por la adjudicación a Huawei de un contrato de 12,3 millones por parte del Ministerio de Interior para almacenar escuchas. Otro caso fue a finales de agosto pasado, cuando Telefónica acabó cancelando otro contrato con Huawei, este de 10 millones, al que previamente había dado su visto bueno el Ministerio de Transformación Digital. El objetivo de esta última adjudicación era la instalación de equipos que potenciaran las prestaciones de la red de fibra óptica de la empresa y que prestaran servicio a entidades públicas, entre ellas, el Ministerio de Defensa.