El Gobierno explica que «es un expediente complejo que requiere rigor» y reconoce que tendrá que iniciar una negociación con la empresa propietaria del edificio Leer El Gobierno explica que «es un expediente complejo que requiere rigor» y reconoce que tendrá que iniciar una negociación con la empresa propietaria del edificio Leer
Han pasado cinco meses y el hotel ilegal de la playa del Algarrobico (Carboneras, Almería) sigue en pie, a pesar del compromiso de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que, el 10 de febrero de 2025, prometió que el edificio estaría demolido este verano. La realidad se ha demostrado tozuda y a prueba de demagogias, pues el expediente judicial y administrativo del Algarrobico tiene recovecos y aristas para desesperar a jueces, políticos y ciudadanos.
La promesa de Montero, realizada a pie de playa ante la mole silente del Algarrobico, pasaba por la expropiación de una parte de los suelos, justamente los que dependen de la administración central por formar parte del dominio marítimo-terrestre, que está protegido. El resto del terreno tendría que rescatarlo la Junta de Andalucía. Es decir, que la fórmula propuesta por la vicepresidenta en febrero tampoco solucionaba el problema. Y el tiempo ha demostrado que ni siquiera era más efectiva que la que meses antes habían pactado ambas administraciones, consistente en presionar al Ayuntamiento de Carboneras para que anulara la licencia concedida, tal y como le viene exigiendo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en cumplimiento de las sentencias judiciales.
El anuncio de la ministra de Hacienda se produjo sólo unas semanas después de ser elegida secretaria general del PSOE-A y virtual candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Montero buscaba un golpe de efecto que demostrara no sólo su compromiso con los problemas de Andalucía sino su capacidad para resolverlos desde el Gobierno central, frente a una Junta de Andalucía supuestamente inoperante.
Tan sólo unos meses antes, la comisión mixta formada entre el Gobierno y la Junta, reunida el 11 de marzo de 2024, había tomado conocimiento de los pasos dados por la Junta: por un lado se había iniciado un incidente de ejecución contra el Ayuntamiento por sus maniobras dilatorias para no acatar el dictamen del TSJA. Y, por otro, se había interpuesto un contencioso administrativo que el TSJA resolvió dando la razón a la Junta e instando al Ayuntamiento a cumplir con rigor lo dispuesto en las sentencias judiciales.
María Jesús Montero abogó, sin embargo, sin comunicarlo previamente con la Junta, por la expropiación de los terrenos para acelerar el proceso e hizo la promesa (ahora incumplida) de que, por esta vía, la demolición podría producirse en tan sólo cinco meses.
Este jueves, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que se trata de «un expediente complejo que requiere de la máxima seriedad y rigor». «Hasta el momento se están cumpliendo todos los plazos. El pasado 2 de julio se publicó en el BOE y se notificó a la promotora el acuerdo de necesidad de ocupación. Si este acuerdo deviene firme, a partir del 2 de agosto se intentará llegar a mutuo acuerdo», ha añadido.
«Por lo tanto, el procedimiento avanza con el compromiso firme del Gobierno para eliminar este desmán urbanístico. Al contrario de lo que está haciendo Moreno Bonilla, que se posiciona como un mero espectador, sin hacer absolutamente nada y sin mover un papel desde que llegó a la Junta», ha afirmado el delegado.
El caso es el que el edificio sigue en pie y el Ayuntamiento de Carboneras no acaba de dar los pasos que le exige la Justicia para, una vez anulada la licencia, se pueda proceder a la demolición. Aunque fue un gobierno municipal socialista el que concedió los permisos y se opuso durante años a la demolición, actualmente Carboneras tiene un alcalde de Ciudadanos, que gobierna con el apoyo de los concejales del PP.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, le ha echado en cara al PSOE en el Parlamento el incumplimiento de la promesa de su secretaria general en Andalucía. Y recordó que Montero se plantó «sin tener competencia» en la playa del Algarrobico, «puso un atril delante y dijo que en cinco meses estaría demolido». Y «ésta es la realidad», ha concluido Moreno, mostrando una fotografía del hotel intacto tomada en el día de hoy.
La vida política municipal es una madeja casi tan difícil de desentrañar como el historial jurídico del Algarrobico ya que, desde las elecciones de 2023, se han sucedido dos alcaldes, una moción de censura y tres coaliciones de gobierno. El último episodio de este serial lo ha protagonizado el concejal Felipe Cayuela, que fue el cabeza de lista del PP en 2023 y resultó elegido alcalde con el apoyo de Ciudadanos. Cayuela ha abandonado las filas populares denunciando supuestas irregularidades por parte de sus compañeros de filas, aunque mantiene el acta de concejal. El actual alcalde de Ciudadanos, Salvador Hernández, pactó tras las elecciones con el PP, después rompió y presentó una moción de censura junto al PSOE, lo que le permitió tomar el mando de la corporación, y, finalmente, rompió con los ediles socialistas para volver a integrar en los ediles del PP en su gobierno.
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