Cuatro asociaciones de víctimas piden al Papa el cese del arzobispo de Oviedo por criticar el acuerdo sobre la pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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Cuatro asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia española han pedido al papa León XIV el cese del franciscano Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo por criticar, en una columna de opinión en el diario Abc, el acuerdo entre Estado e Iglesia para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de pederastia en el clero español. Lo calificó de “arma de distracción masiva”. Asimismo, Justice Initiative España, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos (AVA) y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia Lulacris han pedido a la orden franciscana su “condena pública” y que tomen “las medidas pertinentes para sancionarle de modo eficaz y adecuado”. Así lo expresan: “Creemos que en ningún caso representa los valores de la Iglesia católica”.

Sanz tildó el acuerdo firmado el pasado jueves por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) de “arma de distracción masiva”. Según el arzobispo de Oviedo, el acuerdo es sectario porque deja fuera la gran mayoría de los abusos en la sociedad española y acusa al Gobierno de “querer señalar” a unos victimarios concretos, algo que él considera una “fijación” para desviar la atención y crispar el ambiente.

Así lo escribe: “No se trata de una decisión que pone en marcha el Ejecutivo gobernante teniendo en cuenta a todas las víctimas, sino sólo a las que se inscriben en las filas de los clérigos y religiosos católicos. Extraña opción que se focalice solo en la Iglesia los casos de abusos cuando estos representan el 0,2%, quedando casi impune de facto el 99,8% restante”. El Defensor del Pueblo, sin embargo, publicó en octubre de 2023 los resultados de su informe, en el que constataba que un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. Y añade, refiriéndose al “arma de distracción masiva”: “Es un momento en el que necesitan sacar cualquier conejo de su chistera para llamar la atención disuasoriamente, crispando el ambiente con polémicas sensibles que enfrentan dialécticamente a una sociedad saturada de escándalos y procesos judiciales que implican a los imputados y encarcelados conocidos, cuyas siglas políticas y responsabilidades de gobierno no hace falta ni siquiera explicitar”.

El argumento de que los abusos no son algo que pertenece únicamente a la Iglesia es el que han utilizado los obispos hasta la firma del acuerdo para negarse a suscribirlo y a reparar a las víctimas. Las que han pedido el cese de Sanz al Papa aseguran que “no es de recibo tener a alguien de su perfil en un cargo de responsabilidad en la institución”. Recuerdan, además, en su comunicado, que el arzobispo de Oviedo “llegó, dentro de su amplia colección de insultos y faltas continuadas de respeto, a acusar a un grupo de víctimas del Seminario Menor de La Bañeza, León, de ser los causantes de un infarto letal en la persona de un obispo de la Iglesia de España”.

En la base de datos de EL PAÍS, la única contabilidad existente en España sobre la pederastia en el clero, Sanz, que fue obispo de Jaca y Huesca entre 2003 y 2009, figura como acusado de encubrir un caso después de que una víctima le entregase una carta contando los abusos que un sacerdote ejerció sobre ella cuando era menor. También le visitó personalmente y no hizo nada. Sanz, con la misiva en la mano, le comentó que no se podía hacer nada. “Me dijo que era mi palabra contra la suya, que le habían apartado unos años antes de mi denuncia por otros asuntos y que estaba bajo vigilancia”, relató la víctima a este periódico. A su vez, está señalado de encubrir un caso de abusos en 2012, cuando la víctima (que fue agredida en los setenta) le escribió una carta contando lo sucedido y el obispo no le recibió. Tampoco apartó ni abrió un proceso contra el acusado.

El documento firmado entre el Gobierno, la CEE y la Conferencia Episcopal Española señala que será el Defensor del Pueblo el que estudiará cada caso de reparación, “elaborará una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima que incluya la reparación pertinente” y, si las partes no están conformes, será el encargado de “adoptar la resolución definitiva”. Hasta ahora, la Iglesia era juez y parte en los procesos de investigación e indemnización.