En una de las declaraciones públicas tras la grave crisis desencadenada el lunes por el primer gran apagón eléctrico sufrido por España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió hacer “reformas” para que lo ocurrido no se volviera a repetir. Se desconoce si entre las reformas a las que se refería el presidente pudiera estar la separación del operador del sistema de Red Eléctrica (REE), tan ansiada por las empresas del sector, aunque no por la implicada, y que lleva años en debate. En otras palabras, desvincular la operación del negocio del transporte en alta tensión que convierte a REE en transportista o TSO (acrónimo en inglés de transmission system operator) y operador único del sistema, tal y como se conoce en Europa a las empresas que aglutinan ambas actividades.
Un borrador de decreto ley del último Gobierno de Zapatero planteó la escisión del operador y el transportista, tanto del sistema eléctrico como del gas
En una de las declaraciones públicas tras la grave crisis desencadenada el lunes por el primer gran apagón eléctrico sufrido por España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió hacer “reformas” para que lo ocurrido no se volviera a repetir. Se desconoce si entre las reformas a las que se refería el presidente pudiera estar la separación del operador del sistema de Red Eléctrica (REE), tan ansiada por las empresas del sector, aunque no por la implicada, y que lleva años en debate. En otras palabras, desvincular la operación del negocio del transporte en alta tensión que convierte a REE en transportista o TSO (acrónimo en inglés de transmission system operator) y operador único del sistema, tal y como se conoce en Europa a las empresas que aglutinan ambas actividades.
La operación del sistema depende de una dirección general de REE, filial del grupo Redeia, holding creado hace escasos años para poder incorporar otros negocios no regulados, como el de la fibra óptica o los satélites (Redeia llegó a controlar Hispasat, hasta su venta a Indra a finales de enero). La estructura del operador es mínima porque, en realidad, actúa como un servicio público: una plantilla de aproximadamente unas 350 personas en sus dos centros de control, cuatro millones de euros de ingresos en 2024, frente a los 1.647 millones del grupo, y unas inversiones de 34 millones frente al total del grupo de 1.105 millones. El operador se financia con una partida de los peajes eléctricos, que se pagan en la factura de la luz, y que determina cada año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para este año, le corresponden 86,1 millones de euros.
En un informe de julio del año pasado, el organismo supervisor que preside Cani Fernández puso en cuestión el distanciamiento entre ambas funciones y recomendó que “los servicios estratégicos (asesoría jurídica, regulación y control) no sean únicos y compartidos con el transportista” y pidió “una mayor separación entre sus empleados”. Mientras en REE la operación del sistema es una dirección general, en el gestor del gas natural, Enagás, aquella depende de una filial. La actual normativa obliga a una separación de funciones, pero permite que ambas las realice el mismo grupo empresarial: la Ley del Sector de Hidrocarburos obliga a Enagás a separarlas en dos filiales, pero la Ley del Sector Eléctrico es más laxa y permite que el operador sea una unidad autónoma dentro del grupo de REE.
Además del papel esencial en el funcionamiento diario del sistema, la Dirección General de Operaciones de REE tiene otro cometido no menos importante: la elaboración de la planificación quinquenal que determina las inversiones en infraestructuras eléctricas. Esta potestad, según han criticado las grandes empresas del sector (que también explotan redes: las de distribución en media y baja tensión), resulta incompatible con el hecho de que REE integre también las líneas en alta tensión, sometidas a dicha planificación, que se retribuyen también vía tarifa de la luz. Según fuentes empresariales, “existe la sombra de la duda de que el operador pueda beneficiar al transportista a la hora de decidir las inversiones y de que la rentabilidad de este dependa del operador”.
Un antiguo debate
Se desconoce si este debate, tan importante como el de la ampliación de la vida de las nucleares, se podría retomar a raíz del apagón del lunes. Pero no es nuevo. Siendo ministro de Industria Miguel Sebastián, durante el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, su departamento elaboró un borrador de real decreto ley para separar el operador del sistema del transportista, documento que llegó a estudiar la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, la antesala del Consejo de Ministros. Pero finalmente no prosperó por la oposición frontal de los responsables de REE y de Enagás. La propuesta planteaba también la escisión del gestor del sistema del gas y su fusión con el eléctrico para crear un único operador energético dependiente del Estado. El proyecto de ley fallido consideraba que la independencia de los operadores les haría funcionar “con estrictas directrices técnicas”.
El entonces presidente de REE, Luis Atienza, y todo su equipo aprovecharon su influencia en el Gobierno y en el Parlamento para desactivar la propuesta de Sebastián. Atienza, al igual que sus sucesores al frente de la compañía (Jordi Sevilla y la actual presidenta, Beatriz Corredor) había sido ministro (de Agricultura). En el caso del popular José Folgado, este había ocupado la Secretaría de Estado de Energía cuando el Gobierno de José María Aznar integró el Ministerio de Industria en el de Economía. Una costumbre que critican las empresas privadas porque implica, en su opinión, una politización del operador.
Tanto en REE como en Enagás defienden el modelo de TSO porque es el más habitual en Europa. Sin embargo, el pasado mes de septiembre Reino Unido tomó el control de su operador eléctrico, que hasta entonces era una unidad de National Grid, la mayor compañía de transporte en alta tensión y distribución del país, a la que el Gobierno pagó 750 millones de euros. Aquel pasó a manos de una sociedad pública, Neso, que también opera el sistema del gas. El Ejecutivo británico justificó esta nacionalización en que, “en manos del Estado, el operador del sistema puede adoptar un enfoque más estratégico para lograr los objetivos de descarbonización (…) y construir una red que sea adecuada de cara a la conexión de las renovables”, señaló entonces un portavoz.
En el grupo Redeia participa la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 20% del capital y disfruta de una especie de acción de oro, según la cual, los inversores privados no pueden tener más de un 5% ni derechos de voto por más del 3%, salvo el Estado. Esta protección se debe precisamente a que el operador del sistema y planificador eléctrico está integrado en REE, por lo que en el caso de una escisión de las redes de transporte no habría ninguna excusa para que estas pasaran a manos privadas, como las de distribución. El sistema implica una doble vertiente de intereses: el de una compañía regulada y de servicio público que, al mismo tiempo, cotiza en el Ibex, por lo que debe dar cuenta a sus inversores, a los que pagó el año pasado 572 millones en dividendos. Pero son los consumidores eléctricos la fuente de sus ingresos.
No se sabe si Pedro Sánchez, al decir que iba a investigar también a los operadores privados (en alusión a las compañías eléctricas) utilizaba el término operador por desconocimiento o a propósito para meter a todos en el mismo saco ante posibles responsabilidades, pero lo cierto es que, legalmente, el único operador es REE. En la reunión a la que Moncloa convocó el martes a los responsables de las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Acciona) algunos expresaron su malestar porque se les colocara en el mismo flanco que a la presidenta de REE (compañía a la que sus centrales deben obediencia en el día a día) y que, por ley, es el operador, cuando ellas solo participaban como productoras de electricidad.
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