Las graves violaciones de derechos humanos del ejército israelí en Gaza, como la destrucción indiscriminada, el desplazamiento forzado y la hambruna, son posibles por la participación de destacadas empresas que están logrando cuantiosos beneficios. Esta es la tesis principal del informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, elaborado por la jurista Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina.
El informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas pone de relieve el entramado empresarial en torno a la tragedia de los derechos humanos en Palestina
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado
El informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas pone de relieve el entramado empresarial en torno a la tragedia de los derechos humanos en Palestina
Las graves violaciones de derechos humanos del ejército israelí en Gaza, como la destrucción indiscriminada, el desplazamiento forzado y la hambruna, son posibles por la participación de destacadas empresas que están logrando cuantiosos beneficios. Esta es la tesis principal del informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, elaborado por la jurista Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina.
El informe amplía significativamente el ámbito de las responsabilidades en uno de los mayores crímenes humanitarios de este siglo, que se agravó tras el asesinato y secuestro de civiles israelíes por parte de Hamás en octubre de 2023. La autora incluye entre los responsables de la continuada masacre palestina desde 1967 a las fabricantes de armas, tecnológicas, constructoras, financieras, incluidos sus ejecutivos. Albanese concluye que el “genocidio israelí continúa porque es lucrativo para muchos”. Por esta razón considera que el ensanchamiento de las responsabilidades “es un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global que lo ha permitido”. La palabra genocidio no es una calificación accidental, pues aparece 56 veces mencionada en el documentado análisis que se apoya en 440 referencias.
El trabajo sostiene que las empresas han contribuido “materialmente a esta iniciativa al proporcionar a Israel las armas y la maquinaria necesarias para destruir viviendas, escuelas, hospitales, lugares de ocio y culto, medios de vida y activos productivos como olivares y huertos”. Y destaca que “al ayudar a militarizar e incentivar la presencia ilegal israelí en el territorio palestino ocupado, han contribuido a la creación de las condiciones para la limpieza étnica palestina”.
Las extraordinarias ganancias que ha supuesto la guerra de ocupación de Gaza han quedado reflejadas en un aumento récord del 179% de los precios de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Tel Aviv desde el inicio del ataque, lo que se traduce en una ganancia equivalente a 157.900 millones de dólares, (135.000 millones de euros).
En el ámbito de la Defensa destaca el papel de las mayores empresas de defensa israelí, Ebit e IAI, para las que “el genocidio en curso ha sido una empresa rentable”. El aumento del 65% en el gasto militar de Israel entre 2023y 2024 – que ascendió a 46.500 millones de dólares, uno de los más altos del mundo, generó un fuerte aumento de sus ganancias anuales”. Entre 2020 y 2024, Israel fue el octavo mayor exportador de armas del mundo”.
Tras el informe, la Administración Trump ha sancionado a Francesca Albanese por haber nombrado a numerosas empresas que se han beneficiado de la ocupación. La medida ha sido contestada por Amnistía Internacional que ha calificado las sanciones de “un ataque desvergonzado y evidente a los principios fundamentales de la justicia internacional”. El importante informe de Albanese subraya las responsabilidades de las empresas. Advierte de que sus directivos deben negarse a ser cómplices en la violación de derechos humanos. En Palestina esta complicidad es decisiva. Después de este informe nadie podrá alegar ignorancia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Añadir usuarioContinuar leyendo aquí
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Más información
Archivado En
Economía en EL PAÍS
