Mientras se escriben estas líneas, los embajadores europeos ultiman los preparativos para la firma el próximo sábado en Asunción (Paraguay) del acuerdo comercial más ambicioso de la historia de la Unión Europea. Veinticinco años de negociaciones, tres crisis económicas globales y una pandemia después, el pacto con Mercosur verá finalmente la luz este enero de 2026.
Veinticinco años de negociaciones, tres crisis económicas globales y una pandemia después, el pacto con Mercosur verá finalmente la luz este enero de 2026
Mientras se escriben estas líneas, los embajadores europeos ultiman los preparativos para la firma el próximo sábado en Asunción (Paraguay) del acuerdo comercial más ambicioso de la historia de la Unión Europea. Veinticinco años de negociaciones, tres crisis económicas globales y una pandemia después, el pacto con Mercosur verá finalmente la luz este enero de 2026.
Desde una perspectiva ingenua podríamos considerar esta firma un paso más en la implementación práctica de ideas de libre comercio. Sin embargo, lo que presenciamos no es tan sencillo como esto, teniendo además en cuenta que los tiempos de resolución del acuerdo no son casuales. Una interpretación de la firma de este acuerdo es que el comercio internacional ha dejado de ser un ejercicio técnico de eficiencia económica para convertirse, además, en un instrumento de supervivencia geopolítica.
Durante décadas, los economistas enseñamos en las aulas las bondades de la apertura comercial como condición previa al desarrollo y a la mejora del bienestar. La teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, los modelos de comercio intraindustrial, las ganancias del intercambio… Todo apuntaba, y sigue haciéndolo, a un mundo donde la eliminación de barreras arancelarias generaba prosperidad compartida. La Unión Europea fue la alumna aventajada de esta escuela; sobre todo por su propia naturaleza y diseño. El mercado único nace, de hecho, sobre la premisa de que la interdependencia económica no solo maximizaba el bienestar, sino que hacía impensable el conflicto entre socios comerciales. Esa idea se proyectaba al exterior, por lo que durante décadas el gas ruso fluía barato, las manufacturas chinas llenaban nuestras estanterías y el paraguas de seguridad estadounidense nos permitía dedicar nuestros presupuestos a otras prioridades. Vivíamos en un equilibrio tan cómodo como extraordinariamente frágil, tal y como hemos aprendido dolorosamente.
El acuerdo con Mercosur es, indudablemente, hijo de aquel optimismo liberal. Pero está también condicionado por un despertar traumático. Cuando la Administración de Trump amenaza con aranceles del 25 al 50% sobre sectores estratégicos europeos, cuando China controla el 80% del procesamiento mundial de litio y prácticamente la totalidad de las tierras raras, cuando la dependencia energética de Rusia se reveló como una vulnerabilidad existencial, Europa ha comprendido que la interdependencia puede ser un arma apuntando en su dirección. Mario Draghi lo expresó con contundencia: sin una transformación radical, Europa se enfrenta a una “lenta agonía”. Su diagnóstico, que sin duda es tan demoledor como previsible, señala que el continente ha perdido la carrera de la innovación frente a Estados Unidos y China. Sus empresas, fragmentadas por 27 marcos regulatorios diferentes, carecen de la escala necesaria para competir globalmente. Sus ahorros financian el crecimiento de sus competidores mientras las start-ups europeas emigran al otro lado del Atlántico en busca de capital. Y todo esto sucede mientras debemos afrontar simultáneamente la descarbonización de nuestra economía, la revolución de la inteligencia artificial y el rearme defensivo que exige un vecindario cada vez más peligroso.
En este contexto, el acuerdo con Mercosur adquiere una dimensión que trasciende con mucho las tablas de aranceles y cuotas de importación. Sí, los exportadores europeos ahorrarán 4.000 millones de euros anuales. Sí, nuestros automóviles, nuestra maquinaria y nuestros productos farmacéuticos accederán en condiciones preferentes a un mercado de 270 millones de consumidores. Pero el verdadero premio está bajo tierra: el litio argentino, el niobio brasileño, las tierras raras tan necesarias para alimentar nuestras baterías, nuestros semiconductores y nuestros sistemas de defensa. Mercosur no es solo un mercado; es una reserva estratégica de los materiales que definirán la economía del siglo XXI.
Así pues, debemos reconocer que la apuesta inocente de que el libre comercio nos unirá pacíficamente bajo el mismo cielo ya no es realista. Por ello, el acuerdo incluye cláusulas que establecen un acceso europeo preferente a estos recursos, aunque manteniendo la capacidad de los socios del Mercosur de aplicar ciertos derechos de exportación para fomentar su procesamiento local, facilita la inversión directa de nuestras empresas y establece un marco de seguridad jurídica diseñado explícitamente para competir con la influencia china en la región. Esto no es libre comercio en el sentido clásico del término; es política industrial con otro nombre.
Y aquí nace una paradoja que debe definir, aunque sea extraño, la nueva doctrina europea. Si con una mano firmamos acuerdos de apertura hacia el exterior, con la otra debemos construir una política industrial interna que no se avergüence de intervenir allí donde sea necesario. Los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo deben ser reforzados mientras canalizan miles de millones de fondos públicos hacia baterías, semiconductores e inteligencia artificial. El nuevo régimen de control de inversiones extranjeras convierte el escrutinio en obligación legal para sectores críticos. Y las salvaguardias agrícolas del propio acuerdo con Mercosur garantizan que, si las importaciones de carne o soja amenazan a nuestros productores, las preferencias arancelarias pueden suspenderse en cuestión de semanas.
¿Qué debe hacer España en este nuevo escenario? Primero, aprovechar activamente las oportunidades del acuerdo. Nuestras exportaciones a Argentina podrían crecer hasta un 66% a largo plazo mediante la apertura del sector servicios y la normalización regulatoria; nuestro sector agroalimentario, pese a legítimas preocupaciones, tiene en la protección de indicaciones geográficas y en las cuotas calibradas una red de seguridad real mientras se le abre significativamente un nuevo mercado. En segundo lugar, participar decididamente en los proyectos industriales europeos. España se perfila ya como un hub estratégico del hidrógeno verde que procesará la producción de Mercosur en la próxima década, respaldada por proyectos tecnológicos y financieros ya en marcha. En tercer lugar, defender en Bruselas la emisión de deuda común para financiar la transición. Los países del norte deben entender que la alternativa a la solidaridad fiscal no es la disciplina presupuestaria, sino la irrelevancia estratégica del continente entero.
El acuerdo que se firmará en Asunción no es tanto el triunfo póstumo del liberalismo comercial de los años noventa. Es, más bien, un paso hacia la consolidación de la idea de que Europa debe dejar de ser árbitro para convertirse en jugador. Una Europa que abre mercados cuando le conviene, protege sectores cuando lo necesita y utiliza su poder regulatorio para imponer sus estándares ambientales y sociales más allá de sus fronteras. Podemos discutir si esta transformación llega demasiado tarde, si será suficiente para competir con gigantes continentales o si el equilibrio entre apertura y protección se inclinará demasiado hacia el nacionalismo económico. Lo que ya no podemos discutir es que el mundo de reglas compartidas y beneficios mutuos que imaginamos tras la Guerra Fría ha terminado. Europa debe entenderlo cuanto antes y parece que lo está haciendo.
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