El acuerdo PP-Vox en Andalucía: Moreno se compromete a que la nacionalidad no sea criterio de exclusión

Dentro de las 150 medidas del pacto se precisa el rechazo a la política migratoria del Gobierno central y dice «no más menas» Leer Dentro de las 150 medidas del pacto se precisa el rechazo a la política migratoria del Gobierno central y dice «no más menas» Leer  

La inclusión del principio de la «prioridad nacional» a la hora de conceder ayudas y subvenciones públicas, una de las líneas rojas marcadas por Vox para alcanzar el pacto de gobierno con el PP, no supondrá que los nacidos fuera de España sean excluidos. Ése es el compromiso que ha manifestado este jueves el ya reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras rubricar con Manuel Gavira el documento que pretende dar estabilidad a los cuatro años de legislatura.

Moreno ha asegurado que, en ningún caso, la nacionalidad va a ser un criterio de exclusión, a pesar de que la prioridad nacional será el requisito que prime a la hora de conceder ayudas y subvenciones públicas. El acuerdo equipara dicha prioridad nacional a un «arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Por lo que respecta a la inmigración, el PP y Vox se comprometen a rechazar «frontalmente» la política migratoria del Gobierno central y es especialmente contundente en lo que se refiere a los menores extranjeros no acompañados, los menas, hasta el extremo de que uno de los puntos del documento es «no más menores extranjeros no acompañados».

En este sentido, el nuevo ejecutivo de coalición no admitirá ningún menor más y advierte de que no construirá más centros de acogida ni ampliará los que ya existen. Dentro de ellos, igualmente, se endurecerá el régimen interno.

Asimismo, el pacto señala que se trabajará desde la Junta de Andalucía «activamente» para favorecer la devolución de estos menores a sus países de origen, aunque las comunidades tienen una competencia más que limitada en esta materia. Se harán auditorías anuales de los gastos provocados por la «inmigración masiva» y se sumprimirán las subvenciones a aquellas organizaciones no gubernamentales «que promuevan la inmigración ilegal».

Se prohibirá expresamente el uso del burka y el nicab «en espacios, edificios y servicios públicos» autonómicos.

En materia fiscal, PP y Vox pactan una nueva bajada de impuestos que se sumaría a las que ya promovieron los dos anteriores gobiernos y que se concretará, especialmente, en una reducción de un punto en el tramo autonómico del IRPF que se aplicará progresivamente en los próximos cuatro años, a razón de 0,25 puntos cada año.

Esta medida se complementa con más bonificaciones al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y una batería de deducciones fiscales dirigidas a la familia y la natalidad.

El acuerdo recoge también en el punto 49 la ‘prioridad nacional’ en el «acceso a la vivienda protegida y al alquiler social», que se basa, como ocurre en el caso de las ayudas, en un «un arraigo real, duradero y verificable con el territorio» comprobable por el empadronamiento histórico en España de al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler.

Además, PP y Vox han acordado reforzar «los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio» para «garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida» y facilitar la vuelta de los andaluces emigrados.

Por eso se valorará «al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región» y «todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda» como son jóvenes, «nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo» y similares.

El acuerdo recoge también la expulsión del sistema de VPO de quienes han sido condenados «como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años».

 Andalucía // elmundo

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