El Ayuntamiento de Sevilla mantiene su postura de no aplicar una moratoria a los pisos turísticos de la ciudad, a pesar de que, según los datos del Ministerio de Vivienda, es la ciudad española con más viviendas de este tipo ilegales. Pese a ello, el equipo de José Luis Sanz defiende las medidas de control que está aplicando desde finales del año pasado y reprocha la «incoherencia» de la ley estatal.
Así lo ha manifestado este lunes el delegado de Urbanismo del Consistorio hispalense, Juan de la Rosa, que ha asegurado que la ley sobre viviendas de uso turístico (VUT) del Gobierno central, «lejos de dar respuesta a la emergencia habitacional, pone en riesgo el acceso al alquiler social que necesitan los ciudadanos». Una muestra más, ha dicho, «de la incoherencia de Pedro Sánchez».
Tras anunciar el presidente del Gobierno que el Ministerio de Vivienda ha detectado cerca de 54.000 pisos turísticos ilegales en el Registro Único de Arrendamiento, de los que 16.740 están en Andalucía y 2.289 en la ciudad de Sevilla, el municipio español con más alojamientos incumplidores, el Ayuntamiento ha recordado que en octubre de 2024 Sevilla se convirtió «en la primera ciudad andaluza» en aprobar un acuerdo para la limitación de VUT por barrios. Desde entonces, ha detallado De la Rosa, se han denegado 105 de las 271 declaraciones responsables presentadas al encontrarse en zonas ya saturadas.
Sevilla también ha sido «pionera» en la comunidad en la firma de un convenio, en abril de este año, con el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de Andalucía para intercambiar datos y poder aplicar las medidas implantadas por el Gobierno de España, obligando a los propietarios a inscribir en el registro de la propiedad la condición de vivienda de uso turístico.
Así, el Consistorio remite a la Junta los pisos que se declaran ilegales para que la Administración autonómica inicie el proceso de cancelación. Según los últimos datos del Ejecutivo de Juanma Moreno, en el último año y medio se han cancelado más de 9.200 viviendas turísticas en toda la comunidad, de las que 1.087 están en la provincia de Sevilla, casi todas ellas en la capital.
Todas estas medidas «normativas» se complementan, ha concluido el delegado municipal de Urbanismo, con «medidas disciplinarias», como paralizaciones de uso y cortes de agua en el momento que se detecta un uso ilegal.
Por su parte, el PSOE en el Ayuntamiento ha insistido en reclamar una moratoria tras la «ineficacia absoluta de la regulación del PP», al tiempo que ha pedido una «mayor coordinación» con la Junta para que «se cumpla la ley». Y es que, reprochan los socialistas, el alcalde, José Luis Sanz, ha pasado de decir que «aquí no cabe un piso turístico más a decir que lo tiene todo bajo control»; mientras la ciudad cuenta ya con 9.755 VUT, de las que 2.563, dice el PSOE, se han registrado desde que el PP llegó a la Alcaldía, y 583 tras entrar en vigor la regulación de Sanz.
El PP municipal detalla que se han denegado más de cien declaraciones responsables y que se han enviado a la Junta más de un millar de VUT para su cancelación.
El Ayuntamiento de Sevilla mantiene su postura de no aplicar una moratoria a los pisos turísticos de la ciudad, a pesar de que, según los datos del Ministerio de Vivienda, es la ciudad española con más viviendas de este tipo ilegales. Pese a ello, el equipo de José Luis Sanz defiende las medidas de control que está aplicando desde finales del año pasado y reprocha la «incoherencia» de la ley estatal.
Así lo ha manifestado este lunes el delegado de Urbanismo del Consistorio hispalense, Juan de la Rosa, que ha asegurado que la ley sobre viviendas de uso turístico (VUT) del Gobierno central, «lejos de dar respuesta a la emergencia habitacional, pone en riesgo el acceso al alquiler social que necesitan los ciudadanos». Una muestra más, ha dicho, «de la incoherencia de Pedro Sánchez».
Tras anunciar el presidente del Gobierno que el Ministerio de Vivienda ha detectado cerca de 54.000 pisos turísticos ilegales en el Registro Único de Arrendamiento, de los que 16.740 están en Andalucía y 2.289 en la ciudad de Sevilla, el municipio español con más alojamientos incumplidores, el Ayuntamiento ha recordado que en octubre de 2024 Sevilla se convirtió «en la primera ciudad andaluza» en aprobar un acuerdo para la limitación de VUT por barrios. Desde entonces, ha detallado De la Rosa, se han denegado 105 de las 271 declaraciones responsables presentadas al encontrarse en zonas ya saturadas.
Sevilla también ha sido «pionera» en la comunidad en la firma de un convenio, en abril de este año, con el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de Andalucía para intercambiar datos y poder aplicar las medidas implantadas por el Gobierno de España, obligando a los propietarios a inscribir en el registro de la propiedad la condición de vivienda de uso turístico.
Así, el Consistorio remite a la Junta los pisos que se declaran ilegales para que la Administración autonómica inicie el proceso de cancelación. Según los últimos datos del Ejecutivo de Juanma Moreno, en el último año y medio se han cancelado más de 9.200 viviendas turísticas en toda la comunidad, de las que 1.087 están en la provincia de Sevilla, casi todas ellas en la capital.
Todas estas medidas «normativas» se complementan, ha concluido el delegado municipal de Urbanismo, con «medidas disciplinarias», como paralizaciones de uso y cortes de agua en el momento que se detecta un uso ilegal.
Por su parte, el PSOE en el Ayuntamiento ha insistido en reclamar una moratoria tras la «ineficacia absoluta de la regulación del PP», al tiempo que ha pedido una «mayor coordinación» con la Junta para que «se cumpla la ley». Y es que, reprochan los socialistas, el alcalde, José Luis Sanz, ha pasado de decir que «aquí no cabe un piso turístico más a decir que lo tiene todo bajo control»; mientras la ciudad cuenta ya con 9.755 VUT, de las que 2.563, dice el PSOE, se han registrado desde que el PP llegó a la Alcaldía, y 583 tras entrar en vigor la regulación de Sanz.
20MINUTOS.ES – Andalucía
