La Audiencia rechaza que el Gobierno andaluz se persone en la causa principal de los ERE porque, en la etapa del PSOE, la Junta se apartó, al no ver delito alguno en la conducta de los ex altos cargos Leer La Audiencia rechaza que el Gobierno andaluz se persone en la causa principal de los ERE porque, en la etapa del PSOE, la Junta se apartó, al no ver delito alguno en la conducta de los ex altos cargos Leer
El blindaje que ofreció la Junta de Andalucía, en la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta, a sus dos antecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, va a frenar al Gobierno andaluz, que preside el popular Juanma Moreno, a la hora de recuperar el dinero público malversado en el caso de corrupción de los ERE. La Audiencia de Sevilla vetó este lunes que la Junta se pueda personar en la causa porque ya lo estuvo años atrás, pero se apartó, al no ver delito alguno.
Con Susana Díaz de presidenta andaluza, los servicios jurídicos de la Junta decidieron apartarse de la causa principal de los ERE, en la que están Chaves y Griñán y otros ex altos cargos. Se retiraron porque no vieron delito en la conducta de los ex altos cargos y decidieron no acusarlos. Al apartarse, los ex altos cargos quedaron blindados, al menos económicamente, ya que la juez instructora, de forma inmediata, les devolvió las fianzas millonarias que previamente habían tenido que aportar en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, encargado de la macrocausa de corrupción.
Fue el 23 de febrero de 2017, cuando la jueza instructora de los ERE en ese momento, María Núñez Bolaños, devolvió a los ex altos cargos seis fianzas que suman algo más de 2.000 millones de euros, después de que la Junta presentara un escrito en el que anunciaba que «se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar». Esa alegación de la Junta provocó inmediatamente que la juez reintegrara las fianzas a los altos cargos acusados en los ERE.
Griñán, por ejemplo, tuvo que hacer frente a una fianza civil de 4.214.702 euros de la quedó eximido en febrero de 2017, cuando la Administración andaluza dejó de formar parte del proceso, al no ver delito alguno en su conducta y tampoco en la de los otros 22 ex altos cargos que entonces estaban procesados.
La maniobra de blindaje tuvo repercusión en el Parlamento andaluz, donde en marzo de 2017, el PP, entonces en la oposición, acusó a Susana Díaz de renunciar a «recuperar 2.000 millones de euros defraudados» en el caso de los ERE.
Ahora, aquella decisión de 2017 sigue lastrando el margen de maniobra del Gobierno andaluz para recuperar el dinero público malversado. La Junta pretendía ser parte perjudicada en la causa contra Chaves y Griñán para garantizarse el reintegro del dinero desviado, antes de que el caso fuera remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero la Audiencia de Sevilla lo ha rechazado.
En una providencia difundida este lunes por la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cinco magistrados de Sevilla que deben decidir sobre la causa principal de los ERE dicen que «no ha lugar a lo solicitado» por la Junta, «al no ser parte en la presente causa». La Sección Primera recuerda que, «antes de la celebración del juicio», los abogados de la Administración andaluza se apartaron del caso y reclamaron «el sobreseimiento de las actuaciones y la expresa reserva de acciones civiles».
Esa «reserva de acciones civiles» anunciada por la Junta provocó, en el inicio del juicio contra Chaves y Griñán, que la Fiscalía y las acusaciones populares se vieran bloqueadas para exigir las fianzas millonarias a los acusados y liberó también a los ex altos cargos de las responsabilidades económicas que tuvieron que afrontar en la fase de instrucción.
La cantidad que quiere recuperar la Junta de los ERE es millonaria. La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo consideraron que el Gobierno andaluz del PSOE había malversado 679.412.179,09 euros.
Más tarde, el Constitucional legalizó buena parte de esa cantidad porque estaba incluida en las leyes de presupuestos andaluces que cada año aprobaba el Parlamento andaluz. La Audiencia ha planteado llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sentencias del TC sobre los ERE porque se han «extralimitado».
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