EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
Sumar y PSOE registran en la mesa del Parlamento una subcomisión para estudiar cómo pagar las reparaciones y establecer un procedimiento que reconozca a los afectados que sufrieron abusos en el ámbito eclesial
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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El Congreso de los Diputados se ha demorado más de un año y medio en dar un paso en firme para zanjar la cuestión más urgente del escándalo de la pederastia eclesial: el pago de las indemnizaciones a las víctimas. Después de encargar un informe al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a comienzos de 2022 sobre el problema —y que arrojó una estimación de 440.000 de afectados directos en España en las últimas décadas—, los grupos parlamentarios Sumar y PSOE han registrado este martes en la mesa del Congreso de los Diputados la creación de una subcomisión para estudiar, en el marco del estudio del Defensor, “el reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica” de los casos que han prescrito y no pueden ser juzgados por los tribunales civiles. “Nuestro país tiene un problema con los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica. Un problema que las administraciones han ignorado durante demasiado tiempo. Hoy damos un paso importante para reparar ese error, impulsando desde el Congreso una subcomisión para el reconocimiento, la reparación y la prevención de estos abusos”, ha declarado Verónica Barbero, portavoz del grupo parlamentario de Sumar.
Uno de los objetivos de la subcomisión será buscar una solución a la manera de gestionar el pago de las reparaciones, una de las reclamaciones que recoge el Defensor con urgencia en su investigación. Hasta ahora, este ha sido el motivo de fricción entre los grupos parlamentarios. Mientras que algunos, como el PSOE, apuestan por la creación de un fondo estatal financiado tanto por el Estado como por la Iglesia —una iniciativa que también recogía el Defensor en su estudio—, otros como Sumar o EH Bildu defienden que debe ser la Iglesia la que debe hacerse cargo del monto, utilizando los fondos de los que disponen algunas diócesis o vendiendo sus propiedades.
Los obispos, por otra parte, llevan meses advirtiendo de que no colaborarán aportando dinero y que seguirán “reparando” a los afectados a través de sus procesos internos. Más de un centenar de víctimas que han acudido a estos procesos eclesiales, y que han sido contactadas por este periódico, niegan que la Iglesia les esté reparando, y acusan a las diócesis y órdenes religiosas de no contestar a sus correos, de alargar los procesos y de obligarles a firmar cláusulas de confidencialidad. La Iglesia —que sigue sin informar de cifras concretas— solo admite un millar de casos. Teniendo en cuenta los baremos de otros países católicos que ya han pagado indemnizaciones ―que oscilan entre un mínimo de casi 6.000 euros de media en Bélgica a los más de 60.000 en Irlanda―, en España el monto final oscilaría entre la gran horquilla de los 6,7 a los 70 millones de euros. El papa Francisco ya subrayó a finales del año pasado que indemnizar con 50.000 euros “no sirve”, que es poco.
Pese a las diferencias entre partidos sobre si el Estado debe pagar parte de las indemnizaciones, todos (a excepción de Vox) ven con urgencia poner en marcha un proceso reglado, supervisado por un órgano independiente, “de carácter temporal”, formado para la ocasión, y que instaure el procedimiento a seguir por los afectados. Cabe destacar que el encargo del Congreso al Defensor fue de las pocas propuestas aprobadas por amplia mayoría en el hemiciclo durante esa legislatura, solo votó en contra la extrema derecha. Ese encargo fue una de las reacciones a la investigación de EL PAÍS, iniciada en octubre de 2018, y que destapó el escándalo. La base de datos de este periódico, la única ante la falta de una oficial, contabiliza 1.548 acusados y 2.856 víctimas. “Ahora le toca el turno a las instituciones y poderes públicos, que deben dirimir responsabilidades, además de estudiar y establecer políticas públicas encaminadas a la prevención, y especialmente, a la atención y reparación de las víctimas de abusos sexuales cometidos sobre niños, niñas y adolescentes”, ha subrayado tras el registro de la subcomisión el diputado Herminio Sancho, parlamentario y portavoz de la Comisión del Defensor del Pueblo del Grupo Socialista.
Entre los trabajos de la subcomisión estará la redacción de un informe “sobre las medidas en todos los ámbitos administrativos que se acordarán para garantizar el reconocimiento y reparación de las víctimas, así como las acciones de prevención necesarias para evitar nuevos casos”. Para ello, “se llevarán a cabo cuantas comparecencias se acuerden para el adecuado desarrollo de sus trabajos” tanto con expertos como con “personas, organizaciones e instituciones que se estimen competentes en la materia”. Del mismo modo, los 15 miembros que integrarán de la subcomisión “podrán solicitar la documentación necesaria y se podrán organizar reuniones de trabajo o visitas”.La fecha de entrega del informe es de seis meses desde la constitución de la subcomisión y este será sometido para su aprobación a la Comisión de Justicia.
Otra de las claves que previsiblemente discutirá este nuevo organismo es la celebración de un acto público de reconocimiento y “reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020″, que también propuso el Defensor. Además de estas cuestiones, se espera que la subcomisión estudie la reforma para la imprescriptibilidad del delito y la revisión de los Acuerdos con el Vaticano. Sobre la primera cuestión, Pedro Sánchez se comprometió durante su discurso de investidura a ponerla en marcha, además de pagar indemnizaciones a los afectados.
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