A Bladimiro le gusta la fuerza con la que suena su nombre, y su historia está a la altura. Natural de La Guajira, una región de Colombia pegada a Venezuela afectada por la violencia de grupos armados, este hombre de 26 años llegó a España a finales de 2024 con un título en Administración de Empresas, unos 2.000 euros ahorrados y el sueño de trabajar en lo que fuera para reunir capital y abrir su propia concesionaria. Como no tenía un precontrato —y, por tanto, tampoco permiso de empleo— intentó pedir asilo, sin éxito. Tras cinco meses en paro, la única forma de quedarse en España fue aceptar un trabajo en negro en una empresa de la construcción en Madrid.
El número de extranjeros que trabajan en situación irregular en España se ha duplicado en cuatro años, hasta rozar el medio millón, según un estudio de Fedea
A Bladimiro le gusta la fuerza con la que suena su nombre, y su historia está a la altura. Natural de La Guajira, una región de Colombia pegada a Venezuela afectada por la violencia de grupos armados, este hombre de 26 años llegó a España a finales de 2024 con un título en Administración de Empresas, unos 2.000 euros ahorrados y el sueño de trabajar en lo que fuera para reunir capital y abrir su propia concesionaria. Como no tenía un precontrato —y, por tanto, tampoco permiso de empleo— intentó pedir asilo, sin éxito. Tras cinco meses en paro, la única forma de quedarse en España fue aceptar un trabajo en negro en una empresa de la construcción en Madrid.
“Me tocaba aceptar todas las condiciones”, cuenta Bladimiro, que prefiere no dar su apellido por encontrarse en situación de irregularidad. Entre esos requisitos estaban las jornadas de 10 horas y un sueldo de menos de seis euros la hora, un 20% por debajo del convenio. Un sueldo, asegura, por llamarlo de algún modo porque, según afirma, cobraba solo cuando a su empleador le daba por pagar y trabajó sin recibir nada desde diciembre pasado hasta dejar el puesto en febrero.
El empleo no declarado, una consecuencia de residir sin papeles, es la realidad de cerca de medio millón de inmigrantes extracomunitarios en España, como ha citado el Gobierno para justificar su proyecto de regularización previsto para abril. El fenómeno no ha dejado de crecer. El número de trabajadores extranjeros sin papeles se ha duplicado desde 2021, hasta superar las 440.000 personas a finales de 2024, según un estudio de febrero pasado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La cifra corresponde aproximadamente a la diferencia entre los extranjeros afiliados a la Seguridad Social (3,1 millones según las últimas cifras) y los ocupados recogidos por la Encuesta de Población Activa (EPA, casi 3,6 millones), que no pregunta por la situación legal de la persona.
El fenómeno ya está alterando el mercado laboral español. Tras años de descenso de la economía sumergida, la tendencia se invirtió después de la pandemia, y el repunte se explica casi por completo por los inmigrantes de fuera de la UE: entre 2021 y 2024, mientras la cifra entre españoles y otros ciudadanos europeos se ha mantenido prácticamente estable, los extracomunitarios han pasado de representar menos de la mitad del empleo no declarado a concentrar cerca del 80% de los casos.
“El número de personas que trabajan en negro suele aumentar cuando la inmigración crece con fuerza y persisten las trabas para regularizar la residencia”, argumenta Florentino Felgueroso, profesor de Fedea y autor del estudio. Los datos apuntan sobre todo a los inmigrantes de América Latina, el colectivo extranjero que más crece en España: uno de cada nueve trabaja sin estar dado de alta. Mientras aumenta la llegada de latinoamericanos al país, como Bladimiro, también lo hace el número de los que terminan en la economía sumergida: “Llegas, pero no te encuentras con el país desarrollado que esperabas”, lamenta el colombiano.
El recorrido de este trabajador, entre el sueño y la decepción, también lo vivió Daniela Proaño, ecuatoriana de 37 años. Llegó a Madrid desde su natal Quito a finales de 2021 con la idea de convertirse en una pastelera de renombre internacional. Graduada en gastronomía, había pasado una década gestionando restaurantes en su país, pero no lograba avanzar en su carrera. En España tampoco encontró una oportunidad: “Tus títulos no sirven porque no están validados y tu currículum ni lo miran”, recuerda. Sin contrato, tampoco podía regularizar su situación y acabó en la economía sumergida.
“Llega un momento en que pierdes el foco en tus metas y acabas creyendo que solo sirves para trabajar en negro”, cuenta Proaño sobre sus cuatro años de empleo no declarado. Primero como camarera y después en el servicio doméstico, dos de los sectores con mayor concentración de empleo no declarado entre extracomunitarios. Juntos suman casi la mitad de los casos, según el estudio de Fedea, en parte por la dificultad para fiscalizarlos.
“La precariedad laboral y el empleo en negro son dos caras de la misma moneda”, resume Felgueroso. Se trata, además, de trabajos con fuerte presencia femenina, lo que explica el sesgo de género en este fenómeno: seis de cada 10 extracomunitarios con empleo no declarado son mujeres.
A Proaño se le acabó la pesadilla de las horas extra, los sueldos erráticos y la amenaza constante de despido —“si llega alguien con papeles, te echamos”, recuerda que le decían en el restaurante— a finales de 2025. Fue entonces cuando logró regularizar su situación gracias a la reforma de ese año, que redujo el tiempo mínimo exigido para el arraigo y flexibilizó otros requisitos. Desde hace dos meses, trabaja dada de alta como gerente en una cadena de restaurantes asiáticos en Madrid.
Si Proaño logró beneficiarse con una modificación normativa relativamente sencilla en 2025, Bladimiro confía en hacerlo ahora mediante el proceso de regularización que entrará en vigor en abril. Se trata del noveno desde la instauración de la democracia, impulsados tanto en Gobiernos del PSOE como del PP (tres con Felipe González, cuatro con José María Aznar y uno con José Luis Rodríguez Zapatero).
“Ya tengo preparada toda la documentación”, señala Bladimiro. Para acceder a la regularización, es necesario acreditar que se ha permanecido en España en situación irregular o bien haber solicitado asilo antes del 31 de diciembre de 2025. Esta permanencia puede demostrarse mediante pruebas como la inscripción en el padrón, citas o informes médicos, certificados de asistencia a servicios sociales, contratos de alquiler, comprobantes de envío de dinero o billetes de transporte, entre otros documentos.
Bladimiro afirma que, una vez regularizado, seguirá buscando trabajo donde pueda y ya piensa en apuntarse a un curso de instalación de paneles solares recomendado por un amigo. “Hay uno que enseña a colocarlos y montarlos, y otro centrado en el mantenimiento”, explica con entusiasmo. De nuevo, el camino de Proaño va un paso por delante del suyo: la mujer ecuatoriana se ha inscrito en un curso de informática, “un sector en su auge”, como describe, para ampliar sus opciones en caso de que lo necesite.
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