La Audiencia de Sevilla condena a dos años y tres meses de prisión al socialista Antonio Torres, enchufado en la Junta «sin desempeñar tarea alguna» Leer La Audiencia de Sevilla condena a dos años y tres meses de prisión al socialista Antonio Torres, enchufado en la Junta «sin desempeñar tarea alguna» Leer
Hace más de dos décadas, cuando prácticamente ningún trabajador del país podía teletrabajar desde su casa, Antonio Torres García, alcalde durante 24 años del municipio sevillano de Lebrija, se convirtió en todo un pionero en la materia, pero en sentido negativo. De la Alcaldía de Lebrija, el socialista Torres dio el salto a la polémica Faffe, la Fundación Fondo de Formación y Empleo que creó el Gobierno andaluz en la etapa de Manuel Chaves como presidente, que derivó en un foco de todo tipo de corrupciones.
Torres García fue contratado como mando de la Faffe en 2003, pero en los ocho años que estuvo cobrando un salario público en este ente, jamás tuvo despacho en las oficinas de la fundación y casi ningún trabajador lo conocía. Tan sólo iba a la sede cada quince días, pero a cobrar dietas, no a dar detalles de las supuestas gestiones que hacía desde su casa. Como un empleado ‘fantasma’ o un pionero del falso teletrabajo. Además de cobrar por no trabajar, logró que la Faffe lo enviara a Perú a unas jornadas que nada tenían que ver con la actividad de esta fundación y hasta hizo un máster durante su supuesto horario laboral que le costeó este ente de la Junta.
Todos estos detalles figuran en la sentencia conocida este miércoles de la Audiencia de Sevilla, que condena a uno de los alcaldes históricos del PSOE de Sevilla -fue regidor desde las primeras elecciones democráticas de 1979- a dos años y tres meses de prisión y cuatro años de inhabilitación como cooperador necesario de malversación, y a cuatro años de inhabilitación por prevaricación.
Ambos delitos derivan de su contratación «ilegal» y «absolutamente irregular» en la Faffe a lo largo de casi una década, a pesar de que «no acudía a la sede de esta Fundación ni desempeñaba trabajo alguno«. Eso sí, cobró 359.973,51 euros que ahora deberá devolver a la Junta de Andalucía. El reintegro lo tendrá que hacer de forma conjunta con el otro condenado: Fernando Villén, ex director general de la Faffe, sentenciado a tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación por malversación, así como a siete años de inhabilitación por prevaricación.
Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor elevaron la suma de dinero público cobrada de forma irregular a casi medio millón de euros porque incluyeron los salarios que Torres percibió del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuando la Faffe se extinguió en el año 2011 y todo su personal -incluido el exalcalde- fue integrado en este ente de la Junta. Sin embargo, en esa etapa, Torres sí acudía a su puesto, porque así se lo exigieron sus superiores, y no se ha considerado que fuera una cuantía ilegal.
Fernando Villén, que fue secretario de Empleo en la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, fue la persona que contrató al ex alcalde de Lebrija en la Faffe «por su sola voluntad, amistad y afinidad política«, dice la sentencia. La condena por el enchufe del exregidor socialista contra Villén se une a otra contra este mismo ex alto cargo de la Junta de Andalucía de septiembre de 2023. Entonces, Villén fue sentenciado a seis años de cárcel por gastarse 32.556 euros de dinero público de la fundación en prostíbulos.
La última sentencia de la Audiencia hace un pormenorizado relato de las tretas seguidas por los dos condenados para colocar al exalcalde y que no tuviera que trabajar. Tras las elecciones municipales de 2003, Torres deja la alcaldía de su pueblo y acude «directamente» a Villén para que lo contrate en la Faffe.
La excusa era «buscar fondos y financiación de distintas administraciones» para la Faffe, pero esa tarea era totalmente «innecesaria» porque esta fundación «se financiaba con ingente cantidad de dinero público», a través de las subvenciones millonarias que recibía para impartir cursos de formación, destaca la sentencia. De hecho, durante los ocho años que mantuvo la actividad, esta fundación recibió más de 300 millones de euros de subvenciones públicas.
El exalcalde «exigió desde el primer momento que se le hiciera fijo e impuso sus condiciones laborales«, remarca el fallo. A todo ello accedió el máximo responsable de la Faffe. El sueldo con el que fue contratado era de 46.750 euros anuales, si bien hubo una anualidad en 2010 en la que se embolsó 74.040,59 euros, más de lo que cobraba el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
«Como el organigrama administrativo de la fundación no contemplaba un puesto para Torres», el máximo responsable de este ente público «creó uno ad hoc, que denominó de modo grandilocuente dirección de relaciones externas«, dice la sentencia. Pero este departamento es «inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física, ni personal adscrito», remarcan los hechos probados de la sentencia.
Para colmo, «los escasos trabajos, reducidos a contactar con algún político o autoridad, los hizo siempre desde su domicilio y con medios propios, ordenador y cuenta de correo genérica y gratuita, tipo hotmail o gmail«, ponen de manifiesto los magistrados.
Aunque Torres trató de defender el «ímprobo trabajo realizado en la Faffe», los magistrados lo circunscriben a «tres convenios», porque el resto de actividades que se atribuye fueron «proyectos sin éxito ni desarrollo alguno». Y los tres convenios se limitan a «dos correos o cartas o llamadas» en el proyecto FAO y «dos cafés» en el convenio de los Jóvenes Empresarios. También desempeñó tareas que no guardan relación alguna con la Faffe, como una conferencia a la que asistió en Perú sobre mancomunidades de municipios y sus recursos, expone la sentencia.
Desde que EL MUNDO destapó este escándalo, Torres ha insistido en que sí estuvo trabajando en la Faffe y que no necesitaba despacho en la sede de la fundación para desempeñar su labor. No lo han creído los magistrados de la Audiencia de Sevilla. En un blog personal que tenía hace unos años, el exalcalde de Lebrija se atribuye, sin prueba alguna, la paternidad del polémico Plan de Empleo Rural (PER), al que califica como «inversión transformadora de los pueblos andaluces». La sentencia de la Audiencia de Sevilla que lo condena se puede recurrir.
Andalucía // elmundo
