El exjefe de gabinete de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica Marc Pons ha reconocido este miércoles en la Audiencia Nacional que se reunió varias veces con Koldo García ―exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos que está imputado en el caso hidrocarburos―, pero ha desvinculado esos encuentros de cualquier gestión para conseguir la licencia de operadora a la empresa Villafuel, que está bajo el foco por un fraude millonario de combustible. El que fuera jefe de gabinete de Industria durante la etapa de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, también estaba citado para este 28 de enero, pero no ha podido acudir por problemas logísticos relacionados con la nieve. En cuanto al empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel y uno de los presuntos cabecillas de esta trama, se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque ha avanzado que en un futuro sí lo hará, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.
Claudio Rivas, socio de Aldama, se acoge a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional pero avanza que hablará
Claudio Rivas, socio de Aldama, se acoge a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional pero avanza que hablará
El exjefe de gabinete de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica Marc Pons ha reconocido este miércoles en la Audiencia Nacional que se reunió varias veces con Koldo García ―exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos imputado en el caso hidrocarburos―, pero ha desvinculado esos encuentros de cualquier gestión para conseguir la licencia de operadora a la empresa Villafuel, que está bajo el foco por un fraude millonario de combustible. El que fuera jefe de gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart no ha podido acudir a la testifical que también estaba programada para este miércoles debido a la nieve, mientras que el empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel y uno de los presuntos cabecillas de esta trama, se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque ha avanzado que en un futuro sí lo hará.
Esta nueva tanda de testificales fue acordada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba que la trama del fraude de hidrocarburos, dirigida por los empresarios Víctor de Aldama y Rivas, destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos y de cargos públicos para, entre otras cosas, lograr la licencia para la operadora Villafuel S.L.
Los agentes consideran que esta “organización criminal” estaba “especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico” del fuel y que hay “indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)”.
Aldama trató de interceder por esos permisos cuando Rivas contactó con él. Las “influencias ante distintas instancias ministeriales se materializaron en las reuniones” primero con Díaz Bidart el 21 de diciembre de 2020 y, después, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021.
Según los agentes, el logro de ese permiso constituye el “elemento nuclear” que permitió a la trama operar en el mercado de hidrocarburos con el objetivo de perpetrar un “supuesto fraude millonario” en un corto espacio de tiempo. En anteriores resoluciones el juez ha llegado a cifrar el desfalco en más de 220 millones de euros.
La Guardia Civil indaga en cómo se logró esa licencia. Los investigadores apuntan que el socio de Aldama entendió que se debía efectuar una batería de “desembolsos iniciales” para pagar “comisiones ilícitas”, que después le arrojarían unos “réditos económicos superiores que permitirían, no solo compensarlos, sino obtener mayores beneficios”. Para ello, según la Guardia Civil, Rivas “interesó” la intermediación de Aldama, “con el propósito de obtener la influencia” de Ábalos y que éste incidiera “en los órganos ministeriales” para “agilizar” la concesión de la autorización y “soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos”. “A cambio de una contraprestación económica”, incide el informe policial.
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