El futuro del aborto: entre garantizar el derecho en la Constitución y recortarlo a las menores

El aborto en España puede sufrir restricciones tras las próximas elecciones. Pero es un derecho que, sin entrar en matices, no está en juego. No, al menos, si se atiende a lo que proponen los principales partidos: ninguno, ni siquiera Vox, amenaza explícitamente con eliminarlo. En cambio, los partidos de izquierdas ―tanto PSOE como Frente Amplio―, quieren consagrarlo como derecho constitucional.

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Manifestación en Madrid por el aborto libre en la sanidad pública, el 28 de septiembre. Vox, que siempre ha abogado por vetar la interrupción voluntaria del embarazo de la sanidad pública, está eludiendo el debate; el PP no la nombra en su programa y la izquierda quiere blindarla  

El aborto en España puede sufrir restricciones tras las próximas elecciones. Pero es un derecho que, sin entrar en matices, no está en juego. No, al menos, si se atiende a lo que proponen los principales partidos: ninguno, ni siquiera Vox, amenaza explícitamente con eliminarlo. En cambio, los partidos de izquierdas ―tanto PSOE como Frente Amplio―, quieren consagrarlo como derecho constitucional.

Vox, el partido que más frontalmente se opone al aborto, ha rebajado su discurso. Su programa ha pasado de “acabar con el falso derecho”, enunciar explícitamente que van a derogar la ley de plazos en vigor y vetarlo de la sanidad pública, a hacerlo de forma más implícita: “Defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte”. Su líder, Santiago Abascal, eludió en una entrevista reciente en Onda Cero pronunciarse claramente al respecto, reconociendo que sus posiciones “no son mayoritarias en la sociedad”.

En el programa del PP, que casi todas las encuestas ―menos la del CIS― dan como ganador, no aparece una sola mención al aborto. Sí habla del “concebido no nacido”, un término que algunos expertos señalan como punto de partida para recortar el derecho al aborto. En cualquier caso, no es lo que recoge el texto ni lo que proclama su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien defiende un cambio en la ley que pasaría por obligar a las menores de entre 16 y 17 años que quieran abortar a notificarlo a sus padres. En esta campaña, Feijóo habla de “comunicación”, no de consentimiento. En todo caso, no ha especificado qué sucedería ante una negativa de los padres.

El aborto libre y sin tutelas para las menores de 16 y 17 años está en vigor desde 2023, cuando se aprobó la última reforma de la ley. Lo que hizo fue precisamente recuperar el derecho de las adolescentes mayores de 16 años a abortar sin consentimiento paterno, algo que ya había instaurado la primera ley de plazos, de 2010, y que el PP revirtió en 2015.

Fue entonces un recorte mínimo en comparación con lo que pretendía hacer el que era ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que tuvo que dimitir precisamente porque Mariano Rajoy no le permitió aprobar una ley más restrictiva por la movilización social ―el Tren de la Libertad se llamó aquella protesta masiva― en su intento de permitir el aborto solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.

El PP mantuvo en la práctica lo que el partido había considerado inconstitucional: una ley de plazos que lleva en vigor más de 15 años y que permite que cualquier mujer pueda abortar libremente sin alegar ninguna causa concreta durante las 14 primeras semanas de gestación. A esto, la ley de 2023 añadió, además de la ampliación a las menores, la supresión del plazo de reflexión de tres días y de la información obligatoria previa, entre otras medidas.

En los primeros borradores de la norma en vigor también figuraba la obligatoriedad de que los centros de titularidad pública garantizasen el derecho al aborto. Finalmente, esto no salió adelante y el texto recoge que la interrupción puede practicarse tanto en centros públicos como concertados.

Esto puede parecer contradictorio, porque tanto Podemos —que estaba al frente del Ministerio de Igualdad cuando se aprobó la ley— como Sumar o Frente Amplio, con Mónica García como actual ministra de Sanidad, no paran de reivindicar el derecho al aborto en centros de titularidad pública ―el partido de Ada Colau lo lleva en su programa―, algo que no garantizaron en su día en la ley.

Para la mayoría de los abortos, esto no supone una verdadera restricción al derecho en sí. El 94,6% de las interrupciones voluntarias del embarazo son a petición de la mujer; se trata por lo general de decisiones tempranas, en las que desde un primer momento se deriva a la mujer a la clínica concertada. Solo una de cada cinco interrupciones en España se hace en centros públicos, según el último informe, del año pasado con datos de 2024.

El problema puede surgir, sobre todo, en ese otro 5,4%, cuando hay complicaciones para la vida de la madre o el feto. En esos casos, las clínicas privadas no siempre están preparadas para atender los procedimientos. Este periódico contaba en octubre el caso de una mujer en Valladolid que tuvo que irse a otra provincia porque en la suya ningún hospital público realizaba abortos por la objeción de conciencia de sus profesionales. Según le dijeron, dado lo avanzado de la gestación y sus complicaciones, la clínica privada donde la remitieron no estaba preparada. En este caso sí puede haber un incumplimiento de la ley en vigor, que enuncia la garantía de la equidad en todo el territorio nacional. Tampoco se cumple en una docena de provincias, junto a Ceuta y Melilla, donde no se han realizado interrupciones en los últimos años (aunque Ceuta ha empezado este).

Para solucionar esto, la norma de 2023 propuso crear registros de objetores de conciencia, de forma que los centros públicos pudieran organizar sus servicios para atender las interrupciones del embarazo. Aunque la mayoría de comunidades autónomas los creó —Madrid fue la única autonomía que se negó, y el Ministerio de Sanidad acabó llevándola a los tribunales—, estos servicios no siempre se organizan, como muestra el caso de Valladolid.

Si se atiende a lo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox han hecho en los últimos años con el aborto, ha sido más simbólico que práctico, al no tener competencias para tocar lo mollar del derecho. El primero de los gobiernos de coalición de estos dos partidos, en Castilla y León, anunció en enero 2023 un protocolo de atención psicológica y escucha del latido fetal para las mujeres que mostraran su intención de abortar, pero esta polémica idea nunca se llegó a materializar. La ley nacional, de febrero de ese mismo año, vetó este tipo de medidas como requisito para acceder al aborto. Un cambio en esta norma sí podría dar lugar a implementarlas.

En otras comunidades autónomas, como Andalucía y Madrid, han financiado con dinero público a organizaciones contrarias al aborto, como Red Madre, mediante programas de apoyo a embarazadas en situación de vulnerabilidad. Estas entidades que dicen proporcionar ayuda material y asesoramiento para favorecer que las mujeres continúen con la gestación, han ejercido de facto acoso a las mujeres que quieren abortar en las puertas de las clínicas.

Madrid también ha aprobado una ley del “concebido no nacido”, término que aparece en el programa del PP para las generales. La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso lo reconoce desde julio de este año “como un miembro más de la unidad familiar”. A priori, no lo relacionan con el aborto: son medidas destinadas más bien a ayudas y becas. Pero los activistas que defienden el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo advierten que reconocer derechos al “no nacido” es abrir la puerta a prohibir el aborto. Ponen el ejemplo de Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo terminó en 2022 con el derecho federal a abortar mencionando otro que a juicio de los ponentes era superior: el del no nacido.

En el otro extremo está la propuesta de la izquierda de cambiar la Constitución para blindar el derecho al aborto. Es una mera aspiración: no hay posibilidad alguna de que las fuerzas que lo defienden alcancen los tres quintos del Parlamento necesarios para una reforma en la Carta Magna.

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