El Consejo de Gobierno autoriza este martes la extinción de la mercantil Venture Invercaria, S.A.U. Leer El Consejo de Gobierno autoriza este martes la extinción de la mercantil Venture Invercaria, S.A.U. Leer
Hace 19 años, el entonces Gobierno andaluz, presidido por el socialista Manuel Chaves, fundó la empresa pública de capital riesgo Invercaria. Su misión era fomentar el tejido empresarial andaluz a través de inyecciones de dinero público en proyectos novedosos y start up. Sin embargo, el pretendido impulso a los sectores emergentes derivó en el reparto sin control y arbitrario de fondos millonarios a empresarios afines al poder. Un fraude que afloró en el año 2012 y que la Justicia lleva más de una década investigando.
Ahora, el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, ha decidido echar el cierre en la polémica empresa pública de capital riesgo, que apenas mantenía la actividad desde que estalló el escándalo, cuando se cortó la concesión de créditos a nuevos proyectos empresariales. En este contexto, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la extinción de la mercantil Venture Invercaria, S.A.U., que es nombre actual de la empresa de capital riesgo de la Junta creada en 2005.
La extinción de Invercaria se va a materializar mediante su «cesión global» a favor de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), como parte de las actuaciones necesarias para su «ordenada liquidación», según ha informado la Junta.
La agencia IDEA, como accionista único de Invercaria, recibirá en bloque todo el patrimonio y será la «sucesora universal» de las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de la empresa de capital riesgo. Actualmente, las sociedades integrantes del grupo Venture Invercaria, según ha explicado la Junta, se encuentran inmersas en un proceso de reordenación que se ejecutará a través de una operación societaria de «cesión global de activos y pasivos» desde Venture Invercaria, S.A.U. a la Agencia IDEA, con el objetivo de la extinción de estas sociedades.
Con la extinción de Invercaria desaparece el nombre de una sociedad vinculada a la corrupción. De la macrocausa que se inició en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla para investigar la actividad de esta empresa pública se han generado más de una veintena de piezas separadas, una por cada proyecto empresarial financiado de forma irregular por la Junta. También se abrió una pieza separada sobre los privilegios salariales y laborales que disfrutaron algunos directivos de Invercaria.
Precisamente esta pieza ha sido la penúltima que ha analizado el Tribunal Supremo (TS), que el pasado septiembre elevó a 4 años y medio de cárcel la condena al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por subirse de forma «arbitraria» el sueldo a 152.000 euros anuales, entre otras irregularidades. Otro directivo sin estudios universitarios logró que su nómina se cuadruplicara en tiempo récord y consiguió un sueldo de 106.000 euros anuales.
La última pieza de Invercaria revisada por el Supremo ha sido la de la carpintería metálica del municipio jiennense de La Carolina, Fumapa, que logró que Invercaria le otorgara un préstamo participativo de 300.000 euros en 2008 con un par de folios manuscritos, como si fuera un «plan de negocios», según alertó el fiscal.
El pasado 6 de noviembre el Supremo notificó su sentencia sobre la pieza de Fumapa, en la que rebaja sensiblemente la condena de Pérez-Sauquillo, ya que le aplica la reforma del delito de malversación aprobada en diciembre de 2022 por el Gobierno para los delitos del procés de Cataluña. Así, el ex presidente de Invercaria pasa de una condena de tres años de cárcel a dos años.
La carpintería metálica Fumapa estaba domiciliada en La Carolina, el municipio jiennense del que fue alcalde socialista el ex consejero Francisco Vallejo, bajo cuyo mandato se puso en marcha Invercaria. Vallejo era amigo personal de Pérez-Sauquillo.
Precisamente La Carolina era también el domicilio de Aceitunas Tatis, la empresa que quería comercializar olivas con formas eróticas y que recibió de Invercaria un préstamo 300.000 euros en 2008 que nunca devolvió. Esta es la tercera pieza de Invercaria analizada por el Supremo. En octubre de 2022, el alto tribunal confirmó la condena de tres años y medio de prisión a Pérez-Sauquillo por prevaricación y malversación al otorgar, de forma arbitraria, el préstamo a Aceitunas Tatis.
Invercaria hizo inversiones ruinosas y sin control en los proyectos más dispares: desde Aceitunas Tatis a la carpintería metálica, hasta un operador aéreo, un spa, una feria virtual y hasta badenes inteligentes que resultaron ser una auténtica chapuza. Hasta ahora se han celebrado ocho juicios: los tres que ya ha analizado el Supremo y otros que han sido enjuiciados en la Audiencia de Sevilla.
Las otras piezas que ya han sido juzgadas son las del proyecto de energía renovable Cedes Electria; la referida a la firma de moda Juana Martín; la feria virtual Fiva; Own Spa y la empresa de ropa Lolita Canalla. Esta última, la de Juana Martín, Own Spa y Fiva se cerraron con absoluciones.
En la pieza de Fiva, una de las piezas más significativas de la macrocausa, la Audiencia de Sevilla absolvió en marzo de 2023 a dos ex presidentes de Invercaria -Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz– y otros diez enjuiciados, entre empresarios y ex altos cargos del Gobierno andaluz de la etapa del PSOE. La sentencia descartó que hubiera «desviación de poder», se tomaran decisiones «arbitrarias» o se pretendiera generar el «lucro privado de los socios» con los préstamos públicos por importe de 716.000 euros concedidos al portal Fiva (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía). Esta sociedad nunca devolvió los fondos públicos.
El juicio por las ayudas a Cedes Electria se cerró con condenas de tres años de prisión para Pérez-Sauquillo e Isabel de Haro Aramberri, miembro del consejo de administración de Invercaria. El proyecto, de un empresario muy vinculado al PSOE, recibió 1,4 millones de euros el dinero público, pese a que ni hubo un análisis previo de su viabilidad ni se establecieron controles para garantizar el buen uso de los fondos públicos.
Otros condenados son los consejeros de Cedes Federico Mañero y Enrique García Chelle, como inductores de un delito de malversación de caudales públicos. Mañero Ruiz es una persona muy vinculada al PSOE. Amigo de Felipe González y ex marido de la socialista Elena Valenciano fue líder de las Juventudes Socialistas a principios de la década de los 80.
En los años que estuvo en funcionamiento hasta que estalló el escándalo, Invercaria repartió unos 43 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que hubo una «absoluta falta de control» sobre esta suma millonaria.
Las pesquisas judiciales de este asunto comenzaron en 2012 tras el escándalo provocado por las grabaciones de sonido en las que la entonces presidenta de la empresa de capital riesgo de la Junta daba instrucciones, presuntamente, a su subordinado para que falseara expedientes de empresas que habían recibido dinero público.
Andalucía // elmundo
