La sacudida del desahucio de Maricarmen Abascal ha impulsado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros de una batería de medidas sobre vivienda a través de dos reales decretos ley que se someterán a votación en un Pleno extraordinario en el Congreso este mismo viernes. Pedro Sánchez confía en aprovechar así la oleada de indignación por el desalojo de la anciana de 87 años para recomponer el maltrecho bloque de la investidura y lograr la cuadratura del círculo que durante meses ha sido imposible por los vetos cruzados entre Junts y Podemos. Una victoria en las Cortes le permitiría recuperar la iniciativa justo cuando se cumplen dos meses de la crisis de Ceuta, donde la reacción tardía a la crisis fronteriza le ha supuesto al presidente un gran desgaste. “El desahucio de Maricarmen ha sido un fracaso colectivo pero el Congreso tiene una oportunidad única para decirle que su sufrimiento ha merecido la pena y que va a servir para que no lo vivan otras personas”, ha recalcado Isabel Rodríguez, la ministra de vivienda, que ha apelado a la “altura de miras” y “responsabilidad” de los socios de la investidura para convalidar el paquete de medidas dentro de menos de 72 horas.
El Ejecutivo lleva a un segundo decreto ley la renovación automática de los alquileres, petición de la izquierdas que por ahora no tiene mayoría. Los textos se votarán el viernes
La sacudida del desahucio de Maricarmen Abascal ha impulsado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros de una batería de medidas sobre vivienda a través de dos reales decretos ley que se someterán a votación en un Pleno extraordinario en el Congreso este mismo viernes. Pedro Sánchez confía en aprovechar así la oleada de indignación por el desalojo de la anciana de 87 años para recomponer el maltrecho bloque de la investidura y lograr la cuadratura del círculo que durante meses ha sido imposible por los vetos cruzados entre Junts y Podemos. Una victoria en las Cortes le permitiría recuperar la iniciativa justo cuando se cumplen dos meses de la crisis de Ceuta, cuya gestión inicial le ha supuesto al presidente un gran desgaste.
“El desahucio ha sido un fracaso colectivo pero el Congreso tiene una oportunidad única para decirle que su sufrimiento ha merecido la pena y que va a servir para que no lo vivan otras personas”, ha destacado Isabel Rodríguez, la ministra de vivienda, que ha apelado a la “altura de miras” y “responsabilidad” de los socios de la investidura para convalidar el paquete de medidas dentro de menos de 72 horas.
Después de días de negociación contra reloj, el Ejecutivo ha impulsado medidas para la protección frente a los desahucios de personas vulnerables ampliada hasta 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. La negociación se apuró hasta el final y obligó a retrasar una hora el inicio del Consejo de Ministros, que estaba previsto para las 9.30.
Los socios de la coalición progresista han pactado además incorporar en un texto aparte la renovación automática de los alquileres. Se incluirá en un segundo real decreto porque no cuenta a priori con los apoyos suficientes para ser convalidado en la Cámara baja. “Yo pido el voto a los dos reales decretos. Ciertamente esta cuestión es la que menos se ha trabajado con los grupos parlamentarios, pero estamos a tiempo de alcanzarlo”, ha observado Rodríguez.
El Gobierno dispone de un mes para llevar los dos reales decretos al Parlamento, pero ha decidido acelerar los tiempos para forzar el respaldo de los socios del bloque de la investidura. En La Moncloa confían que la presión social es ahora mismo tan fuerte, con el desahucio de Maricarmen reciente y con cientos de personas acampando en la Puerta del Sol exigiendo nuevas medidas para contener los precios de la vivienda, que ninguno de los partidos de la investidura se puede permitir que le responsabilicen de que las medidas no salgan adelante. La penalización, sobre todo con el primer real decreto, sería enorme a meses de las elecciones municipales y autonómicas, y con las generales a expensas de la fecha que decida Pedro Sánchez.
Ministros y otros altos cargos del Gobierno reconocen que la clave del éxito, o del fracaso, es que Junts y Podemos salven sus diferencias. “Espero y confío que todos aquellos que quieren estar en las soluciones lo estén. Se han hecho todos los esfuerzos, es un texto muy trabajado, que no es improvisado. Ha habido la máxima ambición a la que podíamos aspirar para se pueda concretar en la máxima generosidad”, ha recalcado la ministra de Vivienda. Rodríguez, que ha sido muy cuidadosa en cada palabra que ha dedicado a los socios, ha insistido en que el Ejecutivo ha conseguido “un equilibrio en la que la inmensa mayoría de españoles, voten lo que voten, se vean reflejados”.
Podemos y Junts no confirman su apoyo
Aun así Podemos no ha aclarado el sentido de su voto. Su secretaria general, Ione Belarra, ha catalogado como “una trampa” la división de las medidas sobre vivienda en dos reales decretos leyes. “El divide y vencerás no va a funcionar”, ha sentenciado Belarra, que le ha pedido al Gobierno que incluya las medidas en un solo decreto. Una posibilidad que en La Moncloa no contemplan. “Ya hemos aprobado los dos reales decretos. El segundo recoge una medida muy concreta con sus ventajas. No hay motivos para que decaiga”, alegan en la cúpula del Gobierno. El Sindicato de Inquilinas, con gran protagonismo en la acampada de la Puerta del Sol y que ha acompañado a Maricarmen en su desahucio y los tres intentos anterior que hubo para expulsarla del piso donde vivió más de 70 años, también ha criticado el troceo del decreto Maricarmen en dos reales decretos. “Es la táctica de romper en cachitos para que solo queden unas migajas”, ha reprochado su portavoz, Alicia del Rio.
Junts tampoco ha confirmado su apoyo a los decretos de vivienda y reclama tiempo para conocer el contenido de los dos decretos, incluido el pactado con Sumar para la renovación automática de los alquileres, a lo que los neoconvergentes siempre se han opuesto. La portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado por la mañana en una entrevista en TVE que su partido “sigue con la puerta abierta” pero ha exigido una mayor protección a los pequeños propietarios. “Parece que hay un veto de los socios, de Sumar, que no aceptan la protección de los pequeños propietarios. Sumar quiere dejarlos a la intemperie”, ha disparado contra el socio minoritario. Nogueras ha compartido que todos los partidos deben ser “generosos” y ha recordado que entre las medidas que su partido entregó al Gobierno están que se desgraven alquileres e hipotecas y que se rebaje el IVA de construcción de viviendas, entre otras medidas.
La ministra de Vivienda también se ha dirigido de forma expresa a los votantes del PP. El principal partido de la oposición considera que los decretos de vivienda “van a destruir todavía más el mercado”, según su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz. “Lamento que no esté el PP. No espero nada del principal partido de la oposición. Que ofrezca la nada es preocupante, pero yo ya de [Alberto Núñez] Feijóo no espero nada. Pero a los votantes del PP les tengo que decir que este Gobierno gobierna para ellos, piensa en ellos, y que cuando un fondo buitre compra un edificio no pregunta qué votan a las personas que van a desalojar. ¡Desahucian a gente de derechas y de izquierdas!“, ha reprochado. ”¿Por qué Feijóo no quiere acabar con los fondos buitres? ¿Qué le dan? Sin esperar nada del PP, espero del resto de la cámara que el viernes se dirijan a sus conciudadanos para que vean que la política puede ser útil, que arregla problemas, y que pone de acuerdo a diferentes», ha enfatizado.
Sumar: “Va a ser muy difícil explicar un bloqueo”
Casi al mismo tiempo que Isabel Rodríguez comparecía en La Moncloa, Sumar ha reivindicado las medidas acordadas por el Gobierno. Los cinco ministros del socio minoritario han escenificado en el Ministerio de Trabajo, frente a una pantalla que evocaba al artículo 47 de la Constitución Española con el lema “Por el derecho a la vivienda”, su satisfacción con ambos reales decretos. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bunstiduy, ha descrito el acuerdo alcanzado en el Gobierno como un “primer paso hacia la transformación económica y social” del país. “Auguro a quien se ponga enfrente de ese clamor social un destino político muy delicado”, ha señalado el dirigente en un mensaje dirigido fundamentalmente a las derechas tras la aprobación de dos decretos leyes sobre vivienda en el Consejo de Ministros de este martes. “Va a ser muy difícil explicar una posición de bloqueo, desinterés o desgana”, ha incidido, llamando a la ciudadanía también a movilizarse, “haciendo valer su voz, sus derechos, para que el interés general se abra paso en el Congreso de los Diputados” el viernes cuando se votará la convalidación de los dos textos.
Bustinduy ha evitado hablar sobre la posición de Junts o el rechazo del Sindicato de Inquilinas a la división de las medidas, aunque ha declarado que han estado hablando con los grupos en todo momento. El ministro ha reconocido que su grupo no quería trocear el decreto, pero han cedido en eso, en aceptar el modelo de bonificaciones fiscales y en la acotación temporal de iniciativas como la prohibición de compra de vivienda a los fondos buitre o el escudo antidesahucios, que han entrado “en aras de conseguir el acuerdo”. “¿Hemos conseguido todo lo que nos proponíamos? No”, ha reconocido.
Quien sí ha logrado lo que se proponía es Maricarmen. La anciana ha aceptado el acuerdo acordado por su abogada con Urbagestión y volverá a su casa cuando le den de alta del hospital Gregorio Marañón, donde ingresó hace seis días. La empresa ha firmado un acuerdo para que regrese al piso del distrito de Retiro pagando alrededor de 500 euros. Una cantidad que representa alrededor del 30% de sus ingresos y es muy inferior a los 2.650 euros que le llegó a exigir la firma, que después bajó a 1.650 euros, en el proceso que culminó con Maricarmen en la calle. “Urbagestión en puridad no era un fondo pero era una pyme buitre”, ha denunciado la ministra de Vivienda.
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