Para este 2026, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha suspendido una partida (29,1 millones de euros el pasado año) para que 250 investigadores trabajen durante cuatro años en sus tesis con un sueldo, aunque sea bajo, ya que se aporta por contrato 25.000 euros brutos los primeros dos. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se va a saltar una convocatoria, de forma que la de la promoción de 2025 (llevan un año de retraso siempre) se convocará a mediados de este año, se desconoce cuándo se fallará y los beneficiarios empezarían a trabajar en 2027 como pronto. De forma que Madrid ahorra dinero y deja a la espera a cientos de jóvenes investigadores. Van a cambiar las bases, asegura el Gobierno de Ayuso, y supuestamente las condiciones serán mejores. En paralelo, las propias ayudas concedidas por las universidades han ido menguando significativamente para hacer frente a su asfixia económica.
Las plataformas universitarias critican la decisión de la Comunidad de Madrid porque supone dejar a estas “personas sin empleo, haciendo aún más imprevisible la carrera investigadora”
Para este 2026, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha suspendido una partida (29,1 millones de euros el pasado año) para que 250 investigadores trabajen durante cuatro años en sus tesis con un sueldo, aunque sea bajo, ya que se aporta por contrato 25.000 euros brutos los primeros dos. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se va a saltar una convocatoria, de forma que la de la promoción de 2025 (llevan un año de retraso siempre) se convocará a mediados de este año, se desconoce cuándo se fallará y los beneficiarios empezarían a trabajar en 2027 como pronto. De forma que Madrid ahorra dinero y deja a la espera a cientos de jóvenes investigadores. Van a cambiar las bases, asegura el Gobierno de Ayuso, y supuestamente las condiciones serán mejores. En paralelo, las propias ayudas concedidas por las universidades han ido menguando significativamente para hacer frente a su asfixia económica.
“Se convocará a mediados de 2026, ya con el curso 2025/26 finalizado, para que puedan optar quienes acaben de terminar el máster”, afirma la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a este diario. No se informa de cuándo se resolverá el concurso. En 2025 se tardó nueve meses y medio tras cerrarse el plazo (de finales de enero a mediados de octubre) y parte de los beneficiarios se están incorporando ahora. Los solicitantes se quejan tradicionalmente de que en las convocatorias madrileñas no pueden echar los papeles hasta que han acabado el posgrado (requisito obligatorio para cursar el doctorado), cuando en otras de otras administraciones solo se exige ser magister en el momento de incorporarse. En realidad, casi el 100% de los inscritos termina a tiempo el máster, por lo que la medida resulta incomprensible para los solicitantes.
Nadie ha explicado en la web a los damnificados que este enero no habrá convocatoria. DigniMad, una asociación fundada hace un año para defender los derechos de los investigadores precarios, se enteró por un correo del CSIC el pasado diciembre, y preguntó a la consejería. “A pesar de la precariedad de estos contratos —su salario de entrada es 120 euros superior al SMI [Salario Mínimo Interprofesional]—, las ayudas CAM suponen una de las principales puertas de entrada a la carrera académica, posibilitando a sus beneficiarios la realización de tareas investigadoras y docentes, así como una estancia en centros internacionales”, se quejan DigniMad y las plataformas universitarias Por la Pública en un comunicado conjunto. 700 solicitantes se quedaron sin contrato el pasado año.
De las 250 ayudas de 2025, solo dos no se quedaron en universidades o centros de investigación públicos, demostrando su pujanza. Nutren, además, al resto: la Complutense doctoró en 2024 a 777 académicos, siete más que todas las universidades privadas de España juntas. “Los motivos dados (la necesidad de realizar cambios mayores en las bases de la convocatoria) no son suficientes para saltar una convocatoria. Esta decisión supone dejar a 250 personas sin empleo, haciendo aún más imprevisible la carrera investigadora y forzando a abandonarla a quienes no pueden permitirse trabajar dos años sin contrato”, se argumenta en la nota.
La aportación por investigador de la Comunidad ―para cubrir el salario, la Seguridad Social o la indemnización del contrato por expiración del tiempo convenido― es de 25.000 euros los primeros dos años, 26.800 el tercero y 33.500 el cuarto. Y en los dos primeros cuentan con un extra de 3.000 euros anuales para estancias en el extranjero. “Se introducirán novedades en la convocatoria, como la mejora del salario de los investigadores predoctorales o una mayor dotación de los gastos de viajes para estancias breves en el extranjero, y también incluirá nuevos gastos subvencionables como la matrícula del doctorado [habitual en otras]”, señala a EL PAÍS la consejería.
Alba, trabajadora social, terminó en enero de 2025 el máster que le abre la puerta a cursar un doctorado en sociología. Tenía todas las esperanzas puestas en la convocatoria de la CAM, pues su perfil se ajusta mucho a las características solicitadas en los pliegos. Se valora mucho haber colaborado con un departamento, y es su caso. También haber asistido a congresos o incluso haber participado en alguna publicación científica, unos méritos investigadores a la altura de muy pocos a su edad.
Alba ahora tiene un empleo en intervención social con contrato fijo, va a solicitar también los contratos propios de la asfixiada Complutense, universidad donde quiere hacer la tesis, y del ministerio. De no lograrlo, su opción pasaría por trabajar en la tesis a tiempo parcial con un tiempo máximo de siete años.
Además de los contratos del ministerio y la Comunidad, cada universidad pública madrileña lanza su propia convocatoria. Desde hace años, la UCM sufraga el gasto de 75 investigadores en formación, pero habrá que ver si le pasa factura tener que devolver un préstamo de 34,5 millones a la Comunidad. En la Autónoma, arrastrada por la asfixia a la que le somete en Gobierno autonómico, el número ha ido menguando (de 36 en 2019 a 20 el pasado curso) o en Alcalá ha pasado en ese plazo de 49 a 20 beneficiarios.
Menos cuantía en la Complutense
Pero la CAM no desglosa qué dinero va a llegar al científico. Y los que se incorporan ahora a la Complutense, se han encontrado con que cobrarán 150 euros menos que los de la anterior convocatoria (un 10% de su salario bruto). “En esta anualidad se ha optado por cumplir estrictamente la normativa aplicable (Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación y normativa laboral vigente en la UCM), evitando que la universidad asuma un sobrecoste, lo que reduce el riesgo de insuficiencia presupuestaria en el último año, tal y como ha ocurrido en convocatorias anteriores”, explica el rectorado. Surgen con el paso de los años costes como incrementos en las bases mínimas de cotización, subidas salariales de carácter obligatorio o de reconocimiento de trienios o servicios previos.
Tras una semana y media tocando puertas, los en torno a 70 contratados en la Complutense consiguieron una explicación, según cuenta un físico perjudicado que prefiere no dar su nombre. “Lo que pasa es que la aportación que hace la Comunidad de Madrid, sirve justo para pagarte el mínimo que establece el EPIPF [Estatuto del personal investigador predoctoral en formación] y antes la Complutense bonificaba con un 10% más, para que la gente quisiese hacer la tesis aquí. Realmente es legal, pero se carga el peso sobre el eslabón más débil”.
El Estado va a dedicar este año 124 millones a 900 contratos FPU (Formación de Profesorado Universitario), un millón más que en 2025 y un 74% más que en 2018. Y se desconoce aún la dotación para el programa FPI (Formación de Personal Investigador). En 2025 se invirtieron 154,2 millones ―parte sufragados con fondos europeos― con los que se contrató a 1.149 predoctorales.
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