El Gobierno de Georgia frena la adhesión a la UE y la oposición se echa a la calle para protestar

“¿Sirven ustedes a Georgia o a Rusia?”. La imagen de la menuda presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, espetándole esa frase a un grupo de agentes antidisturbios protegidos por cascos y escudos refleja el choque de legitimidades y de dirección política que vive el país caucásico desde las elecciones del pasado 26 de octubre, que revalidaron en el poder al partido populista y cada vez más prorruso Sueño Georgiano, pero que no han sido reconocidas por la oposición ni por la jefa de Estado bajo la acusación a las autoridades de un fraude masivo. La crítica situación del país se ha visto sacudida de nuevo por el anuncio del Gobierno de que suspenderá el proceso de adhesión a la Unión Europea hasta 2028, lo que ha echado a la calle a los sectores más proeuropeos de la población georgiana en una protesta que culminó este jueves en disturbios y fue duramente reprimida por la policía, con decenas de heridos y al menos 43 detenidos.

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 Las manifestaciones reflejan el choque de legitimidades entre la presidenta y la oposición y el primer ministro del partido prorruso Sueño Georgiano  

“¿Sirven ustedes a Georgia o a Rusia?”. La imagen de la menuda presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, espetándole esa frase a un grupo de agentes antidisturbios protegidos por cascos y escudos refleja el choque de legitimidades y de dirección política que vive el país caucásico desde las elecciones del pasado 26 de octubre, que revalidaron en el poder al partido populista y cada vez más prorruso Sueño Georgiano, pero que no han sido reconocidas por la oposición ni por la jefa de Estado bajo la acusación a las autoridades de un fraude masivo. La crítica situación del país se ha visto sacudida de nuevo por el anuncio del Gobierno de que suspenderá el proceso de adhesión a la Unión Europea hasta 2028, lo que ha echado a la calle a los sectores más proeuropeos de la población georgiana en una protesta que culminó este jueves en disturbios y fue duramente reprimida por la policía, con decenas de heridos y al menos 43 detenidos.

El primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, fue confirmado por el Parlamento el jueves y su primer anuncio fue precisamente que su Gobierno suspende “hasta 2028″ la apertura de negociaciones de adhesión al club comunitario, así como “cualquier subvención de apoyo presupuestario procedente de la UE”. Lo hace acusando a Bruselas de haber convertido el proceso en un “chantaje” contrario a los “valores tradicionales” de Georgia. El mandatario georgiano aseguró que su país continuará con algunas reformas técnicas, y que estará “económicamente” listo para su inclusión en la UE para 2030, pero no cumplirá con requisitos de reformas políticas o democráticas exigidas por Bruselas.

El embajador de la UE ante Georgia, Pawel Herczynski, lamentó la decisión del Gobierno, que calificó de “deplorable”. “Hoy nos hemos despertado ante una realidad completamente nueva”, afirmó este viernes en rueda de prensa.

Sueño Georgiano (SG) accedió al poder en 2012 con un programa de centroizquierda y proeuropeo, pero con el paso de los años ha dado un giro ultraconservador similar al de Viktor Orbán en Hungría, ha llevado a cabo una política cada vez más autoritaria y se ha ido alineando con las estrategias del Kremlin. En diciembre de 2023, la UE concedió a Georgia el estatus de país candidato a la adhesión, en virtud del gran apoyo que suscita entre la población la integración europea (más del 80% la apoya, según las encuestas). Sin embargo, el pasado verano, Bruselas congeló el proceso ante la aprobación de leyes represivas como la de los agentes extranjeros (financiación exterior de proyectos y organizaciones ciudadanas) y la de propaganda LGBTI, ambas de inspiración rusa.

La decisión de abortar el proceso de adhesión anunciada por Kobakhidze ha sido tachada de “inconstitucional” en una carta abierta firmada ya por más de un centenar de diplomáticos y empleados del Ministerio de Exteriores georgiano. El propio Ejecutivo de SG y la oposición reformaron la ley fundamental durante la pasada década e incluyeron un artículo que exige a las instituciones “tomar todas las medidas (…) para garantizar la completa integración de Georgia en la Unión Europea”.

Nada más conocerse el anuncio de Kobakhidze, en la tarde-noche del jueves decenas de miles de personas se echaron a las calles en las principales ciudades del país, pero se encontraron una dura respuesta policial. La Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia denunció una actitud que “viola los estándares internacionales y las regulaciones locales” puesto que los agentes utilizaron gases lacrimógenos y camiones con caños de agua mezclada con químicos para dispersar a los manifestantes sin que mediara provocación.

El Ministerio de Interior, en cambio, asegura que solamente se utilizaron “los métodos especiales permitidos por la ley” y que los manifestantes lanzaron botellas de cristal, piedras y fuegos artificiales a los agentes, por lo que 32 resultaron heridos, de los cuales uno seguía hospitalizado este viernes. La presidenta Zurabishvili se unió a los miles de manifestantes en Tbilisi, la capital; criticó a los agentes a la cara, y acusó al Gobierno de “haber declarado la guerra a su pueblo”.

De hecho, la oposición no reconoce la legitimidad del Gobierno y sostiene que el Parlamento configurado tras los comicios no tiene potestad para elegir al primer ministro. En las elecciones del pasado 26 de octubre, SG obtuvo el 54% de los votos, muy por encima de lo esperado por las encuestas e incluso por el propio partido. En los días y semanas posteriores, la oposición, asociaciones diversas y medios de comunicación no alineados con el Gobierno fueron revelando datos y prácticas que apuntan a una manipulación de los comicios en ciertas provincias como modo de garantizarse una mayoría suficiente para la reelección. De hecho, algunos tribunales locales llegaron a pedir investigaciones o anulaciones parciales de resultados, pero instancias superiores de la judicatura —donde la influencia del partido gobernante es mayor— han revocado estas decisiones.

Así que las cuatro coaliciones opositoras que obtuvieron representación parlamentaria se han negado a recoger sus actas y han pedido a la Comisión Electoral que anule sus listas. De esta manera, en el hemiciclo, de 150 escaños, solo están presentes los 89 diputados de SG. El artículo 38 de la Constitución especifica que el Parlamento solo adquiere “plenos poderes” cuando es “reconocido” por dos tercios de sus miembros, es decir al menos 100; si bien fuentes del partido gobernante se agarran a que el mismo artículo reconoce que el hemiciclo puede comenzar a funcionar con mayoría simple.

A su vez, el Gobierno de SG tampoco reconoce la legitimidad de la presidenta, a la que acusa de haberse desviado de sus funciones representativas al alinearse plenamente con la oposición. Zurabishvili fue elegida en 2018 mediante voto popular y con el apoyo de SG, pero se ha distanciado del partido por su acercamiento a Rusia. Su mandato termina en diciembre yel sucesor de Zurabishvili será elegido el próximo día 14 por un colegio de electores conformado por los miembros del hemiciclo y representantes locales y regionales entre los que SG tiene mayoría. Esta misma semana, el partido gobernante ha anunciado que su candidato a presidente será Mikheil Kavelashvili, exfutbolista y exdiputado de SG en el Parlamento, donde destacó con discursos antioccidentales y por haber impulsado la ley de agentes extranjeros.

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