El nuevo modelo de financiación ya es una realidad que ha tenido su primera gran discusión pública en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De primeras, la iniciativa ha sufrido un revolcón: solo ha tenido el apoyo expreso del Gobierno y de Cataluña, los ideólogos de esta reforma que, según recuerda el Ejecutivo, favorece a todas las autonomías con 21.000 millones extra que en especial benefician, además de la comunidad de Salvador Illa, a otras gobernadas por el PP como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia o Baleares. El Gobierno niega además la mayor respecto a la insolidaridad del sistema y defiende que el nuevo modelo reducirá la brecha en la financiación per cápita a la mitad, de los 1.500 euros actuales a 700 euros.
Montero se ofrece a negociar todo y en La Moncloa creen que para Junts tendría mucho coste ser la que tumba el modelo
El nuevo modelo de financiación ya es una realidad que ha tenido su primera gran discusión pública en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De primeras, la iniciativa ha sufrido un revolcón: solo ha tenido el apoyo expreso del Gobierno y de Cataluña, los ideólogos de esta reforma que, según recuerda el Ejecutivo, favorece a todas las autonomías con 21.000 millones extra que en especial benefician, además de la comunidad de Salvador Illa, a otras gobernadas por el PP como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia o Baleares. El Gobierno niega además la mayor respecto a la insolidaridad del sistema y defiende que el nuevo modelo reducirá la brecha en la financiación per cápita a la mitad, de los 1.500 euros actuales a 700 euros.
Todas las comunidades salvo Cataluña (las del PP, pero también las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias) han criticado el modelo pactado entre el Gobierno y ERC, pero en el Ejecutivo hay confianza en que, a pesar de estas reacciones iniciales y después de una larga negociación a la que se abrió María Jesús Montero, la ley pueda salir adelante con el apoyo de la mayoría de investidura, ya que el PP parece inamovible en el no. La clave de bóveda vuelve a ser Junts, que ahora se expresa rotundamente en contra porque lo considera insuficiente, pero el Ejecutivo cree que, si su voto es decisivo, será muy difícil que vote en contra de un modelo que supone casi 5.000 millones de euros más para Cataluña, porque tendría un gran coste político.
Todo indica que Junts, pese a sus críticas iniciales a otro pacto con ERC, el de la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que beneficia especialmente a Cataluña, tampoco votará en contra cuando llegue al Congreso en las próximas semanas. El Ejecutivo confía en que suceda algo parecido con el nuevo modelo de financiación aunque para eso aún quedan meses, porque la ley no está ni siquiera redactada. Si todo va bien, se votaría después del verano, según los cálculos del Ejecutivo.
Otro partido que está poniendo pegas importantes es Compromís, pero en La Moncloa también creen imposible que tumbe un modelo que supone 3.000 millones de euros más para la Comunidad Valenciana, más del doble de lo que exigía el Gobierno del Botànic (PSOE-Compromís-Podemos).
Tanto en La Moncloa como en Hacienda admiten que “las cosas están muy difíciles”, y este primer consejo de política fiscal es una prueba del ambiente de enorme crispación que genera la reforma sobre todo por el hecho de que se haya pactado con ERC. Pedro Sánchez decidió acordar con Oriol Junqueras esta reforma, tanto que se vieron en secreto dos veces en las últimas semanas, con el objetivo de salvaguardar la joya de la corona política ahora mismo de los socialistas, la Cataluña gobernada por Salvador Illa, que necesitaba este acuerdo para poder pensar en tener Presupuestos y gobernabilidad. Pero en el estilo habitual de “hacer de la necesidad virtud”, una frase que ha usado mucho esta legislatura, Sánchez y su equipo han decidido hacer una apuesta muy arriesgada por convertir el nuevo modelo de financiación en una baza política para todos los procesos electorales autonómicos, en especial el de Andalucía, que tiene como candidata a su gran artífice, María Jesús Montero.
La vicepresidenta ha usado un truco político muy relevante: en la reunión del consejo de política fiscal ha dicho que el modelo será de aplicación “voluntaria”, esto es cada comunidad autónoma deberá decidir si se suma al nuevo o se queda con el anterior. Pero la realidad es que todas ganan con el nuevo modelo, algunas muchísimo, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, que ganará incluso un poco más que Cataluña, y, por tanto, será muy difícil para las comunidades del PP justificar que renuncian a ese dinero.
Algo similar ocurre con la quita de la deuda. Y con estos asuntos, Montero piensa hacer campaña con la idea de que el PP es capaz de poner por delante el combate contra el Gobierno a la llegada de millones que las comunidades pueden destinar a sanidad y educación. “Si hay un partido político que se beneficia de este modelo es el PP, el Gobierno está siendo muy generoso dando mucho dinero a las autonomías”, sentenció Montero este miércoles.
El popular Juan Manuel Moreno, que rechaza el modelo, intentará a su vez desgastar a Montero, su adversaria en la arena andaluza, por su pacto con los independentistas catalanes de ERC, que tiene mucho rechazo en Andalucía. La campaña está ya preparada, pero no solo esta, también la de 2027, cuando están previstas autonómicas, municipales y generales.
El Gobierno piensa seguir adelante y llevar al Congreso la reforma de la financiación autonómica. Si sale con la mayoría de investidura, será una baza importante, explican, pero, si no sale, también se podrá utilizar en la campaña contra el PP por haber tumbado una medida muy beneficiosa para todas las autonomías y especialmente para algunas muy relevantes en las que gobierna y que tienen elecciones en 2027, como la valenciana, Murcia o Baleares.
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