Moncloa se enfrenta en las próximas semanas y meses a decisiones críticas para un nutrido grupo de empresas del Ibex-35 en las que cuenta con una posición de fuerte influencia en el capital por su papel estratégico para la economía española. No serán los únicos cambios o renovaciones, obligados por el vencimiento de los mandatos. También se esperan relevos en los reguladores nacionales que intervienen en sectores clave y en los supervisores de las finanzas públicas.
El Ejecutivo afronta esta primavera la renovación en las cúpulas de Aena, Enagás o Indra y sustituirá a las presidentas de la CNMC y de la Airef, además de algunos miembros de estos organismos
Moncloa se enfrenta en las próximas semanas y meses a decisiones críticas para un nutrido grupo de empresas del Ibex-35 en las que cuenta con una posición de fuerte influencia en el capital por su papel estratégico para la economía española. No serán los únicos cambios o renovaciones, obligados por el vencimiento de los mandatos. También se esperan relevos en los reguladores nacionales que intervienen en sectores clave y en los supervisores de las finanzas públicas.
Con explícitas dificultades para ejercer su poder en el ámbito legislativo, donde la arquitectura parlamentaria le impide sacar adelante algunos acuerdos, Moncloa sí ejerce su autoridad en la gran empresa española, como demostró con el cambio de presidencia en Telefónica hace poco más de un año. Un año después y a falta de año y medio para que concluya la legislatura, el Ejecutivo tendrá que afrontar, en un corto plazo de tiempo, el futuro sobre cerca de 20 altos cargos de algunas compañías estratégicas, donde se decidirá sobre la continuidad o el cese de presidentes, vicepresidentes y consejeros que componen las cúpulas del gran poder empresarial y regulatorio.
La cuestión ya está siendo abordada en los núcleos de poder. Como avanzó este medio la pasada semana, los accionistas de Enagás, cuyo máximo inversor es la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), prevé renovar tanto al presidente de la empresa como a su consejero delegado en la próxima junta de accionistas y no se descarta que puedan continuar los cuatro consejeros cuyo mandato vence este año.
Otra decisión importante vendrá en la junta de accionistas de Aena, compañía propiedad del Estado en un 51% a través de Enaire. El presidente del gestor de la red de aeropuertos en España con presencia en otros países, Maurici Lucena, se somete a su segunda reelección, con tráfico de pasajeros récord y la empresa en máximos históricos bursátiles (casi 40.000 millones de euros). También deberá renovar en Aena Maria del Coriseo González-Izquierdo, consejera independiente y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad desde hace menos de un año.
Otro de los pesos pesados empresariales que tendrá que renovar antes del verano será José Vicente de los Mozos, actual CEO de Indra, cuyo máximo accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De los Mozos se encuentra inmerso en un plan estratégico para transformar la compañía en un campeón nacional de defensa. De hecho, él es el encargado de pilotar la posible compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&M).
Entre los altos cargos cuyo mandato toca a su fin este año está la consejera independiente de Telefónica María Luisa García Blanco, que entró en 2018 cuando el presidente era José María Álvarez-Pallete.
En Redeia, la matriz de Red Eléctrica de España controlada también por el Estado, habrán de tomarse decisiones. La SEPI deberá renovar directamente o relevar a Mercedes Real, consejera domincal por el brazo inversor del Estado. Y además, caduca el mandato de la independiente Socorro Fernández Larrea. De renovarse en el cargo, su categoría podría cambiar, ya que ampliaría su presencia en el consejo más allá de 12 años. Lo mismo ocurre con Antonio Gómez Ciria, quien también entró en 2014 en calidad de independiente.
También se encuentra en esta situación la vicepresidenta de CaixaBank, Amparo Moraleda. La también consejera de Vodafone, Airbus y Solvay fue reelegida en 2023 en la entidad financiera, pero este 2026 deberá ser recalificada a otro externo, tal y como especificó el banco controlado por La Caixa y el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) en la junta de 2023.
Este año también debe renovar su mandato el presidente de Ebro Foods. Ahí la SEPI ejerce menos control, ya que los principales accionistas son los holdings del propio presidente, Antonio Hernández Calleja, Corporación Financiera Alba (la Familia March) y los Carceller, dueños de la cervecera Damm o la energética Disa.
Cambios relevantes en la CNMC y en la Airef
Donde sí habrá cambios relevantes que estarán dirigidos al 100% por presidencia del Gobierno es en dos de los reguladores y supervisores económicos más destacados. En junio vence el mandato de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, un puesto que no puede ser renovado, por lo que Moncloa deberá designar a su sucesor.
Los cambios en el órgano colegiado responsable de la competencia y sectores como la energía, las telecomunicaciones o el audiovisual van más allá. Hay tres miembros de la cúpula (Josep María Salas, Carlos Aguilar y Pilar Sánchez) que también abandonarán el regulador. De hecho, Pilar Sánchez adelantó su cese hace dos semanas. Ahí se espera una negociación política para nombrar a los sucesores, ya que dichas propuestas que realiza Economía deben lograr el aval parlamentario de la mayoría del Congreso de los Diputados.
Otro puesto de máxima relevancia en el mundo de las finanzas públicas es el de presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Cristina Herrero cumple seis años al frente del supervisor después de que sucediera al actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y deberá ser relevada. De nuevo, en el mercado y en ámbitos políticos esperan que la decisión venga directamente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por último, este 2026 también le vence el mandato como consejero del Banco de España a Carles Manera, quien fue consejero de Economía en Baleares entre 2007 y 2011 durante el Gobierno socialista de Francesc Antich. En el supervisor bancario, al igual que en la CNMC, los equilibrios políticos también tienen su peso. Entre los últimos nombramientos destaca el del economista Jordi Pons en 2024. El nombramiento fue pactado entre Moncloa y ERC, según publicó La Vanguardia. Los nombramientos en el seno del Banco de España también afloraron un enfrentamiento en 2025 entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el propio gobernador, exministro y expresidente de la Airef, José Luis Escrivá. La polémica surgió por la supuesta petición de renuncia de la consejera Judith Arnal, que había sido nombrada en 2023, cuando aún le quedan tres años de mandato por delante.
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