El Gobierno premia a la ex ministra Magdalena Álvarez, pendiente de que se revise su condena por los ERE tras el borrado del Constitucional

La Subdelegación en Málaga anuncia que, con motivo del Día de la Constitución, homenajeará a la que fue también consejera de Economía y Hacienda de la Junta durante el saqueo de los fondos para el empleo Leer La Subdelegación en Málaga anuncia que, con motivo del Día de la Constitución, homenajeará a la que fue también consejera de Economía y Hacienda de la Junta durante el saqueo de los fondos para el empleo Leer  

La subdelegación del Gobierno en Málaga ha decidido conceder un premio a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez en el marco de los actos organizados con motivo de la celebración del Día de la Constitución. Álvarez fue condenada en firme por el Tribunal Supremo a inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso de los ERE, pero el Tribunal Constitucional (TC) ordenó posteriormente la revisión de la sentencia tras cuestionar los argumentos esgrimidos por los jueces y admitir su recurso de amparo. El TC emplazó a la Audiencia de Sevilla a rehacer la sentencia y para ello se ha nombrado ya un nuevo tribunal que aún no ha deliberado.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a rehabilitar políticamente a los cargos socialistas que fueron condenados sin llegar a esperar siquiera una resolución final de la Audiencia de Sevilla que permita dar carpetazo a la causa.

Con esa intención, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha dado a conocer este miércoles que uno de los Premios Caleta, que «se inspiran en los valores superiores que establece la Constitución«, ha recaído este año en la ex ministra de Fomento.

Para el PP este reconocimiento es una «provocación» ya que «técnicamente» Magdalena Álvarez «sigue sentada en el banquillo». «Es una indecencia, una desvergüenza y un insulto a todos los andaluces», ha afirmado el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, que recuerda que Magdalena Álvarez aún no tiene una sentencia absolutoria por más que el Constitucional admitiera su amparo. «Está todavía acusada en un procedimiento judicial muy grave como es el caso ERE; es un auténtico atropello«, ha insistido el dirigente popular, quien ha pedido a Francisco Javier Salas que «rectifique de inmediato y dé marcha atrás».

«Cuando se junta la corrupción, el sectarismo y la sensación de impunidad, el resultado es que el Gobierno premia a Magdalena Álvarez, que sigue sentada en el banquillo de los acusados por el mayor saqueo en la historia de Andalucía y que está a la espera del fallo de la Audiencia de Sevilla», ha añadido Carmona.

«Confunden institución con partido, faltan al respeto a las leyes, a la Constitución y a la separación de poderes. Incluso se adelantan a los fallos de los jueces y premian a alguien que no merece ningún reconocimiento, sino la reprobación por el mayor caso de fraude con dinero público de la historia de nuestro país», ha añadido el secretario general del PP de Málaga.

La ex ministra fue condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada al haber intervenido en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos del Gobierno andaluz de los años 2002, 2003 y 2004 y en diferentes modificaciones presupuestarias de octubre de 2002.

La Audiencia Provincial de Sevilla, primero, y el Tribunal Supremo, después, condenaron a Álvarez por dictar resoluciones arbitrarias al incluir en el anteproyecto de presupuestos un criterio de presupuestación ilegal que amparó la concesión de ayudas fraudulentas, en concreto, las transferencias de financiación.

El tribunal estimó que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. Este tipo de actuaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Asimismo, y según han venido entendiendo tanto el Tribunal Constitucional como la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento, no pueden ser sometidas a control judicial. La jurisdicción penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos.

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