El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) inicia finalmente el expediente de revisión de la sentencia para su anulación tal y como le había exigido el TSJA bajo amenaza de sanción Leer El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) inicia finalmente el expediente de revisión de la sentencia para su anulación tal y como le había exigido el TSJA bajo amenaza de sanción Leer
Los veraneantes que regresen este mes de julio al Cabo de Gata podrán comprobar que poco o nada se ha movido en la playa del Algarrobico, donde la mole de hormigón que se levantó para albergar un hotel de lujo sigue en su sitio, pese a la promesa que, en febrero pasado, hiciera la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de que en cinco meses estaría demolido.
El proceso de expropiación iniciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva sus cauces, explicó ayer la también ministra de Hacienda, que confía ahora en llegar pronto a un acuerdo con la empresa propietaria del edificio para «proceder lo antes posible» a la demolición del hotel. Los plazos, en cualquier caso, difícilmente encajan con las prisas de Montero que, recién nombrada secretaria general del PSOE andaluz, quiso aparentar más diligencia que la demostrada por la Junta de Andalucía en la recuperación del espacio natural de la playa del Algarrobico.
La decisión de poner en marcha la vía de la expropiación no se ha demostrado, por tanto, más rápida que la alternativa que el propio Gobierno había pactado previamente con la Junta de Andalucía, y que pasa por esperar a que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) cumpla las sentencias judiciales y anule la licencia de obra que en 2003 concedió para la construcción del hotel por parte de la promotora Azata del Sol. Y, aunque a regañadientes, por ahí sí podría haberse dado este viernes un pequeño gran paso. De hecho, el pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) aprobó con los votos del alcalde, Salvador Hernández (de Ciudadanos) y de los concejales del PP, más el de un edil no adscrito, el inicio del procedimiento de revisión de oficio de esa licencia, tras años de dilación por parte de sus antecesores en el cargo.
Como se recordará, fue un alcalde socialista el que dio los permisos para levantar el edificio y fue también el PSOE local el que se opuso a la demolición del inmueble o a reconocer formalmente que la licencia concedida era ilegal, dado que eso supondría tener que indemnizar a Azata del Sol, que ha manifestado en ocasiones anteriores tener intención de pedir un resarcimiento.
La Justicia dictaminó en varias resoluciones que el edificio, cuyas obras llevan paralizadas desde 2006, era ilegal por estar levantado en suelo protegido, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata- Níjar, ocupando incluso parte de la franja de dominio marítimo terrestre. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determinó que la vía de restituir la legalidad suponía necesariamente la anulación de la licencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, al que conminó a dar los pasos a tal efecto bajo amenaza de multa.
Finalmente, el alcalde de Carboneras ha dado el paso pero lo ha hecho comprometiendo en la resolución al pleno municipal, en prevención de las responsabilidades que se pudieran derivar administrativamente de la decisión tomada. Greenpeace se felicitó este viernes por el avance, y pidió a la Junta de Andalucía que inicie, por su parte, un proceso de expropiación paralelo al del Gobierno para garantizar que los suelos que son de su competencia (los que están fuera del dominio marítimo-terrestre) quedan definitivamente protegidos.
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