El Gobierno no tiene listos los Presupuestos de 2027 a tan solo un día de que finalice el plazo legal para registrarlos en el Congreso y pese a haber anunciado, en reiteradas ocasiones, que presentaría unas nuevas cuentas para dar carpetazo definitivo a las ahora vigentes, que llevan prorrogadas desde 2023. Fuentes del Ejecutivo reconocen que incumplirán la fecha límite del 30 de septiembre que fija la Constitución, en un momento tenso por la crisis de la vivienda, la emergencia de Ceuta y a la espera de avanzar en la negociación política. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar, por primera vez, el incumplimiento del deber del Ejecutivo de presentar ante las cámaras unas nuevas cada año, como exige la Carta Magna.
El Constitucional estudia por primera vez el incumplimiento del deber del Ejecutivo de registrar anualmente las cuentas en el Congreso
El Gobierno no tiene listos los Presupuestos de 2027 a tan solo un día de que finalice el plazo legal para registrarlos en el Congreso y pese a haber anunciado, en reiteradas ocasiones, que presentaría unas nuevas cuentas para dar carpetazo definitivo a las ahora vigentes, que llevan prorrogadas desde 2023. Fuentes del Ejecutivo reconocen que incumplirán la fecha límite del 30 de septiembre que fija la Constitución, en un momento tenso por la crisis de la vivienda, la emergencia de Ceuta y a la espera de avanzar en la negociación política. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar, por primera vez, el incumplimiento del deber del Ejecutivo de presentar ante las cámaras unas nuevas cada año, como exige la Carta Magna.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ya había llegado a plantear el pasado julio que octubre sería un horizonte “razonable” para presentar los Presupuestos de 2027, a los que ya ha dado el pistoletazo de salida con la fijación del techo de gasto y la senda de déficit —aunque esta última ha sido tumbada por el Congreso—. En las últimas semanas, defendió que el compromiso del Gobierno es registrarlos “antes de que acabe el año”, pese a que la Ley Fundamental establece que el plazo finaliza mañana miércoles.
La tramitación de los Presupuestos tiene una liturgia precisa y un calendario reglado que desde hace años se ha cortocircuitado. El artículo 134 de la Constitución, en su punto tercero, establece el deber del Ejecutivo de presentar un proyecto de ley al menos tres meses antes de que expire el anterior, en este caso las cuentas prorrogadas de 2023, puesto que durante estos tres años de legislatura, que entra ahora en su tramo final, no se ha presentado ningún nuevo presupuesto. Los plazos tampoco se cumplieron los años anteriores, en los que el Gobierno sí presentó su proyecto y recibió la luz verde del Congreso.
El Gobierno incumplió la fecha límite que marca la Constitución por unos pocos días a finales de 2022, en la anterior legislatura, cuando aprobó los últimos presupuestos que vieron la luz, los del año siguiente que siguen en vigor. El Ejecutivo no ha vuelto a presentar unas cuentas públicas a las Cortes desde entonces. El Consejo de Ministros aprobó el 4 de octubre de ese ejercicio el proyecto de presupuestos para 2023, pero entonces la mayoría parlamentaria era distinta a la actual y Pedro Sánchez contaba con un respaldo en la Cámara Baja que no se ha repetido en la legislatura actual.
El Congreso respaldó entonces el proyecto con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Coalición Canaria, Compromís y PRC. Aquellos últimos presupuestos se aprobaron definitivamente el 20 de diciembre de ese año y el Gobierno se jactó de que fuesen los terceros Presupuestos Generales del Estado consecutivos en tiempo y forma. Desde entonces se han ido prorrogando. La falta de garantías del bloque de la investidura, donde Junts sobre todo, pero también Podemos, no garantizan sus apoyos al Gobierno, ha influido en la decisión de Sánchez de no someter al debate parlamentario los Presupuestos.
En La Moncloa justifican el retraso actual con el pretexto de que la prioridad ahora mismo es ahormar un real decreto ley de vivienda que responda al malestar social tras el desahucio de Maricarmen, que contente a todos los socios de la investidura y, por tanto, pueda ser convalidado en el Congreso. El desalojo de la anciana de 87 años se produjo el pasado miércoles. Fuentes gubernamentales conceden que el Gobierno afrontará un momento muy delicado en el debate de enmiendas a la totalidad, ante el riesgo de que sean tumbados. Si se produce ese escenario, que tanto ministros como dirigentes del PSOE y Sumar consideran probable, aumentaría la presión para que el presidente del Gobierno convocase un adelanto electoral en los primeros meses de 2027. La Moncloa gana tiempo cuanto más se dilate el proceso, mientras los partidos se preparan ya para unas legislativas en febrero o marzo a la espera de qué decisión toma Sánchez.
Otra fuente del Gobierno conocedora de las conversaciones sobre la negociación de los Presupuestos reconoce que las fechas de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que pueden amnistiar al 100% a Carles Puigdemont “son las que son y marcan los plazos y el contexto” de la aprobación de los Presupuestos. Pero valoran como “positivo” que Junts ya se haya sentado a negociar el decreto de vivienda.
Rechazo a la senda
La liturgia presupuestaria, que en tiempos de mayorías sólidas solía activarse antes del verano, lleva años haciendo palpables las dificultades del Gobierno para armar mayorías sólidas en el Congreso. Las cuentas suelen arrancar con la orden ministerial de elaboración. A ella se le suma la fijación del límite de gasto no financiero —conocido como techo de gasto— y el reparto de los objetivos de déficit permitido entre las distintas administraciones públicas. Solo entonces Hacienda puede cuadrar el puzle y presentar el borrador del proyecto en el Consejo de Ministros, antes de enviarlo a las Cortes. Hasta la fecha, Hacienda solo ha cumplido con la orden ministerial, que se publicó el pasado mes de junio, y con la fijación del techo de gasto, situado en los 226.032 millones de euros.
El Ejecutivo aprobó en julio el techo de gasto. A la vez, dio luz verde a la senda fiscal que marca los límites de déficit para los subsectores de la Administración pública. Sin embargo, esta última debe votarse en el Congreso, donde cayó con el voto en contra del PP, Vox y Junts en las dos votaciones previstas, como había sucedido un año antes.
El revés abrió un escenario inédito en España, al menos en lo que a las intenciones se refiere. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es clara y asegura que el Gobierno necesita una senda fiscal en vigor para continuar el trámite. Sin embargo, no establece qué sucede si esta es rechazada en las Cortes en dos ocasiones.
En otras ocasiones, tras el rechazo, Hacienda desistió de continuar con el trámite. Sin embargo, esta vez, el Gobierno asegura que seguirá adelante. Según la tesis que defiende Hacienda y que, asegura, respalda un informe de la Abogacía del Estado, el rechazo parlamentario de los objetivos fiscales no hace desaparecer la referencia de déficit comunicada a Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo. La argumentación del Ejecutivo se apoya también en una cuestión de fondo: la obligación constitucional de presentar cada año unos Presupuestos pesa más que el bloqueo parlamentario. Por eso, Hacienda mantiene la idea de que continuará con la tramitación, aunque no exista un precedente claro sobre cómo debe continuar el recorrido.
Con información de Pablo Sempere y Belén Carreño.
Economía en EL PAÍS
