El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y personas de su entorno el cobro supuestamente irregular de 1,95 millones de euros procedentes de la trama investigada, según detalla el auto por el que el magistrado ha citado al exdirigente del PSOE a declarar el próximo 2 de junio. En su resolución, el juez señala que los pagos bajo sospecha partieron de tres empresas diferentes y tuvieron como destino el propio Zapatero y la empresa Whathefav SL, dedicada a servicios de publicidad y que pertenece a sus dos hijas.
El magistrado apunta que los pagos bajo sospecha partieron de tres empresas diferentes
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y personas de su entorno el cobro supuestamente irregular de 1,95 millones de euros procedentes de la trama investigada, según detalla el auto por el que el magistrado ha citado al exdirigente del PSOE a declarar el próximo 2 de junio. En su resolución, el juez señala que los pagos bajo sospecha partieron de tres empresas diferentes y tuvieron como destino el propio Zapatero y la empresa Whathefav SL, que pertenece a sus dos hijas.
En su auto, el juez sitúa al expresidente como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que obtuvo “beneficios económicos” tras intermediar “ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus Ultra”, que resultó beneficiaria de una ayuda pública de 53 millones de euros. Esa supuesta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para, entre otros fines, “ocultar el origen y destino de los fondos” supuestamente recibidos por sus gestiones.
Estas contraprestaciones económicas fueron supuestamente canalizadas a través del entorno societario controlado por el empresario Julio Martínez, amigo del presidente, mediante contratos de asesoría elaborados ah hoc y pagos directos e indirectos procedentes tanto de Plus Ultra como de otras mercantiles vinculadas.
En concreto, destaca que Análisis Relevante, la consultora epicentro de la causa y cuyo administrador principal es Julio Martínez Martínez, empresario alicantino y amigo del expresidente, remitió 490.780 euros a este último y 239.755 euros a Whathefav. Análisis Relevante cobró de Plus Ultra, la compañía aérea que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros durante la pandemia, pero también de otras tres empresas, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. El juez destaca que la mayor parte de los fondos que cobró la consultora de la compañía aérea “terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero”. El expresidente, en su comparecencia en el Senado, negó cualquier irregularidad en dichos pagos y los justificó como el pago por sus trabajos de consultoría, que consistieron en informes “escritos y orales”.
La segunda de las sociedades señaladas en el auto como supuesta pagadora de fondos al exdirigente socialista es Gate Center, un think tank cuyo consejo asesor preside el propio Zapatero y que, a su vez, está gestionada por el grupo Thinking Heads, una empresa especializada en plataformas de conocimiento que figura en la resolución judicial como el tercer origen de cantidades bajo sospecha. De la primera, supuestamente se enviaron 352.980 euros a Zapatero y 171.727 a Whathefav. Desde la segunda, cuyo fundador es el empresario Daniel Romero-Abreu Kaup, se remitieron 681.318 euros al expresidente y 12.297 euros a la empresa de sus hijas.
En el auto, el juez también apunta que Zapatero, con la colaboración de su secretaria, María Gertrudis Alcázar Jiménez, y el empresario Julio Martínez, impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco) cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada a su vez por el empresario Martínez. “La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público [a Plus Ultra]) ―sin constancia del pago en España―, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español», señala el resumen realizado por la Audiencia Nacional del auto dictado por el juez.
España en EL PAÍS
