El magistrado Juan Carlos Peinado ha vuelto a La Moncloa. El responsable del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que abrió hace justo un año una causa contra Begoña Gómez que no ha parado de ampliar, ha llegado este miércoles sobre las 10.30 al complejo presidencial por segunda vez. El juez regresa ahora con la intención de preguntar al ministro Félix Bolaños sobre la contratación de una asistente de la esposa de Pedro Sánchez, después de que el pasado verano tratara sin éxito de tomar declaración al propio jefe del Ejecutivo. Pese a que las sospechas del magistrado aún no han dado sus frutos, el instructor sigue acumulando así indagaciones: entre otras, desde que dio luz verde al proceso, ha citado a cerca de medio centenar de testigos para interrogarlos.
Las claves de la cita fijada por el magistrado para preguntar al ministro de Presidencia: desde una nueva línea de investigación a la negativa a declarar por escrito
El magistrado Juan Carlos Peinado vuelve a La Moncloa. El responsable del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que abrió hace justo un año una causa contra Begoña Gómez que no ha parado de ampliar, tiene previsto pisar este miércoles el complejo presidencial por segunda vez. El juez regresa ahora con la intención de preguntar al ministro Félix Bolaños sobre la contratación de una asistente de la esposa de Pedro Sánchez, después de que el pasado verano tratara sin éxito de tomar declaración al propio jefe del Ejecutivo. Pese a que las sospechas del magistrado aún no han dado sus frutos, el instructor sigue acumulando así indagaciones: entre otras, desde que dio luz verde al proceso, ha citado a cerca de medio centenar de testigos para interrogarlos.
La comparecencia de Bolaños se ha fijado este miércoles 16 de abril, justo el día que se cumple un año desde que Peinado admitió a trámite la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez. Entonces, el juez dio luz verde a una causa por dos delitos (tráfico de influencias y corrupción de los negocios), que ha ido amplificando. Ha sumado tres más: apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Y sobre este último, precisamente, quiere interrogar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta son las claves de la cita:
Nueva línea de investigación. El pasado 10 de marzo, el juez decidió abrir una pieza separada dentro del sumario para investigar un posible delito de “malversación de caudales públicos”. Peinado no ofreció mayores detalles —una falta de argumentación que las defensas y la Fiscalía han denunciado de manera reiterada— y solo expuso que adoptaba esta iniciativa tras tomar declaración a María Cristina Álvarez, asistenta de Begoña Gómez (a la que interrogó como testigo antes de imputarla); y a Alfredo González, quien fuera vicesecretario general de La Moncloa.
El magistrado, que sigue como guía la tesis de las acusaciones populares, indaga en las labores desempeñadas por Álvarez para Begoña Gómez. La asesora aseguró que su trabajo consistía en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del jefe del Ejecutivo, y que solo le hizo algún favor en sus proyectos personales por su relación de amistad. Por su parte, Alfredo González ofreció detalles de esta contratación al juez, a quien explicó que no recordaba de quién partió la propuesta de contratar a Álvarez como personal eventual —en esa época, de cambio de Gobierno, tramitó “decenas”, según afirmó—, pero que la normativa en estas designaciones es “libre” y, por tanto, no “operaban los requisitos” que le mencionó el instructor. Una aclaración que no convenció a Peinado
—Me ha dicho que usted dependía de la secretaría general de la Presidencia. ¿Quién era entonces la persona que desempeñaba ese cargo? —le inquirió el magistrado a González de seguido.
—Félix Bolaños —respondió el exvicesecretario general de La Moncloa.
¿Por qué la cita es en La Moncloa? La ley contempla que, si un instructor necesita tomar declaración a un miembro del Gobierno como testigo, tendrá que acudir a su “domicilio o despacho oficial”, por donde debe pasar el juez tras “avisar” el día y la hora. Pero este punto también ha levantado ampollas. Al fijar la cita con Bolaños, Peinado decretó que este encuentro se desarrollaría en las oficinas de Justicia de la céntrica calle madrileña de San Bernardo, donde esa área tiene sus dependencias. Sin embargo, el dirigente socialista pidió que se llevase a cabe en su despacho de La Moncloa, donde se localiza la sede principal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Además, el ministro presentó un informe que alegaba problemas de seguridad, ya que el juez ha elegido que el interrogatorio se haga en plena Semana Santa, por lo que la afluencia en esa zona de la ciudad se prevé que aumente —por lo que allí se generarían “eventuales inconvenientes a los ciudadanos que transiten por la mencionada calle”—.
Esta solicitud no gusto a Peinado, que emitió entonces un escrito plagado de críticas al Ejecutivo. En este, el magistrado no solo dudaba de la veracidad de ese informe, sino que se quejaba también del trato que le habían dado al acudir el pasado verano a La Moncloa a preguntar a Pedro Sánchez. Según dijo el instructor, los servicios de seguridad hicieron esperar a su coche en el acceso un “tiempo superior al necesario”. Ante ello, Bolaños ofreció al juez un coche del parque móvil del Ministerio, como él mismo había sugerido, para asegurarse una entrada rápida al complejo presidencial. Ese es finalmente el plan previsto y aceptado.
Negativa a declarar por escrito. El ministro planteó a Peinado que podía responder por escrito a sus cuestiones, una posibilidad contemplada para los miembros del Ejecutivo que deban ser interrogados por hechos conocidos por razón de su cargo. Pero el juez descartó esa opción y reprochó a Bolaños que hiciese una interpretación “errónea” de la ley para tratar de evitar que le haga las preguntas en persona. El magistrado insiste en que quiere tomarle declaración por “hechos que acontecieron cuando tenía la condición de secretario general de Presidencia”.
Guerra abierta del Ejecutivo. Hace meses que el Gobierno no se corta en criticar abiertamente la instrucción de Peinado. El pasado 19 de julio, el día que Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, el propio Bolaños dijo: “Hoy hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel, terrible que está sufriendo el presidente del Gobierno y su familia […]. Es una persecución indudable, injustificada, inhumana”. No ha sido la única arremetida. Óscar López, ministro de Transición Digital y Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, ha acusado igualmente al magistrado de prevaricar. Incluso, la Abogacía del Estado, en nombre del jefe del Ejecutivo, se querelló por prevaricación por obligarle a declarar en persona en la causa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó sus pretensiones.
Prólogo de más interrogatorios. Peinado no tiene previsto frenar sus indagaciones y esta cita con Bolaños servirá de prólogo a una nueva y extensa ronda de declaraciones. El juez ha fijado para mayo ocho interrogatorios más: entre ellos, el de Marc Murtra, actual presidente de Telefónica y expresidente de Indra; el de Francisco Abril-Martorell, expresidente de Indra; el de Miguel Escassi, director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España; y el de Rosauro Varo, miembro del consejo asesor de Telefónica y exvicepresidente de PRISA, grupo editor de EL PAÍS.
Según el recuento de este periódico, desde que arrancó la causa, Peinado ha dictado las citaciones de cerca de medio centenar de testigos. En este listado se encuentran dos miembros del Gobierno (Bolaños y Sánchez), altos cargos de la Universidad Complutense de Madrid (como el rector Joaquín Goyache, al que también imputó tras declarar como testigo, y dos vicerrectores); y altos directivos de importantes empresas (como Google, Indra, Telefónica, Fundación La Caixa o el Instituto de Empresa). Pese a ese enorme esfuerzo, estas pesquisas no han deparado hallazgos de calado.
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